Razones. El juez Benítez y la justicia sospechosa. Por Jorge Fernández Menéndez
La detención del juez federal Luis Benítez Alcántara en Bogotá, Colombia, en una operación coordinada por el FBI, confirmó que la justicia estadunidense está siguiendo la pista de distintos personajes ligados a la delincuencia organizada, mucho más allá de lo que lo están haciendo algunas autoridades mexicanas, sobre todo la FGR. Benítez fue capturado el 1 de noviembre en el aeropuerto El Dorado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a la Ciudad de México.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades colombianas y estadunidenses, y según el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía de Colombia, el seguimiento de inteligencia que se le puso a Benítez, por indicaciones del FBI, determinó que su presencia en Bogotá era para afianzar nexos con estructuras de narcotráfico.
El eje de la investigación, como se ha dicho, es la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber recibido un soborno de 2 millones de dólares a cambio de ordenar la liberación en México de Andrew Clark, segundo al mando de la red criminal del exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los principales distribuidores de drogas en la Unión Americana.
Un soborno del que nunca se enteraron las autoridades mexicanas y cuya información podría provenir de los propios Wedding y Clark en colaboración con la justicia estadunidense.
Durante su gestión como juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, en donde estaba adscrito hasta el momento de su detención, Benítez Alcántara estuvo a cargo de diversos procesos penales de alto impacto del sistema penal acusatorio. Casos que, ante los antecedentes del juez, deberían ser también revisados.
Entre los más relevantes y polémicos que atendió en su juzgado se encuentra el propio proceso de extradición de Andrew Clark, que fue el que originó su captura. El juez supervisaba la extradición a Estados Unidos de Clark, considerado el segundo al mando de la red de narcotráfico de Ryan Wedding.
Benítez Alcántara ordenó su liberación bajo fianza el 24 de febrero de 2025, presuntamente tras haber pactado y recibido un soborno de 2 millones de dólares en efectivo. Clark volvió a ser detenido cinco días después y enviado a la Unión Americana.
También ordenó la absolución del único acusado en el caso de espionaje Pegasus. En 2024, dictó una sentencia absolutoria en favor de Juan Carlos García Rivera, acusado por el espionaje telefónico ilegal cometido contra periodistas y defensores de derechos humanos mediante el software Pegasus. Con eso cerró el caso.
Fue el responsable del caso de Irene León contra Grupo Herdez: fue acusado públicamente por dilatar, congelar y bloquear el proceso penal de Irene León (quien suma más de 20 meses en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla), dictando presuntas resoluciones por consigna para favorecer los intereses de la corporación empresarial.
Rechazó una orden de captura contra Víctor Manuel Álvarez Puga, solicitada por la Fiscalía en contra del empresario, investigado por esquemas millonarios de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Quizás sus sentencias más importantes se dieron en los casos de la Estafa Maestra y de Emilio Lozoya, cuando formó parte de las autoridades judiciales que desahogaron audiencias e incidencias procesales vinculadas a estos grandes expedientes de corrupción federal. Eso permitió que Lozoya, por ejemplo, siguiera en libertad los procesos que tiene en su contra.
Ahora sabemos que el Tribunal de Disciplina Judicial le mantenía abiertas cuatro investigaciones administrativas previas, pero Benítez seguía en su cargo. Se le indagaba por reducir de manera indebida las penas en múltiples carpetas relacionadas con portación de armas de fuego de uso exclusivo y delitos contra la salud. Pero nunca fue sancionado ni tampoco se descubrieron sobornos como el pagado por Clark de 2 millones de dólares.
Estados Unidos, que se podría haber beneficiado de la información de Clark y Wedding, ha pedido la extradición de Benítez Alcántara. El Departamento de Justicia ha formalizado su intención de requerirlo, pero el exjuzgador ha activado mecanismos jurídicos para frenar su entrega.
La defensa legal de Benítez Alcántara, encabezada por el abogado Miguel González Sánchez, solicitó formalmente que cualquier proceso penal en su contra sea desahogado por tribunales mexicanos. El argumento principal de sus defensores es que las resoluciones emitidas durante sus funciones deben ser evaluadas bajo la legislación de su país de origen.
Benítez Alcántara intentó promover un juicio de amparo en la Ciudad de México alegando que existía un proceso de extradición en su contra sin que mediara una notificación formal. Sin embargo, un juzgado federal desechó la demanda por considerar que se trataba de un “acto futuro e incierto”, bajo el criterio de que los rumores de custodios o notas de prensa no sustituyen un aviso formal de la autoridad.
Dado que el delito, el soborno de 2 millones de dólares, se cometió presuntamente en suelo mexicano, pero afectó de forma directa expedientes estadunidenses de seguridad nacional, el litigio diplomático y judicial en Colombia determinará el rumbo de su entrega final. La fiscalía estadunidense le imputa nueve cargos de encubrimiento. En México, la FGR o el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial no tenían ni idea de esos delitos.
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