Demanda gobierno de EU a la ciudad de Glendale por cobrar hasta 2 mil dólares por portar armas
Por corresponsales
Washington, D.C., 10 noviembre. -El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la ciudad de Glendale, California, por imponer tarifas de hasta 2 mil 106 dólares para obtener un permiso de portación oculta de armas de fuego, al considerar que esos cobros y los requisitos establecidos por las autoridades locales violan el derecho constitucional de los ciudadanos a poseer y portar armas.
La demanda, presentada este lunes 9 de noviembre, señala que el Departamento de Policía de Glendale cobra entre mil 971 y 2 mil 106 dólares por una solicitud inicial, mientras que las renovaciones, que deben realizarse cada dos años, cuestan entre mil 271 y mil 406 dólares.
El gobierno estadounidense destacó que estos montos representan un incremento considerable frente al año fiscal anterior, cuando la corporación policial cobraba 100 dólares a quienes solicitaban el permiso por primera vez y apenas 25 dólares por las renovaciones.
Además de los costos, el Departamento de Justicia cuestionó los procedimientos que aplica la policía local para autorizar las licencias, entre ellos entrevistas con referencias personales, evaluaciones psicológicas, interrogatorios a los solicitantes y revisiones de sus declaraciones públicas, incluidas las publicaciones en redes sociales.
La dependencia federal sostuvo que Glendale no cuenta con criterios objetivos y públicos para realizar estas evaluaciones, lo que permite a las autoridades ejercer una discrecionalidad excesiva sobre quienes buscan obtener una autorización legal para portar armas.
Jesús Osete, fiscal general adjunto interino para Derechos Civiles, afirmó que el gobierno federal defenderá el derecho de los ciudadanos respetuosos de la ley a poseer y portar armas, y advirtió que las autoridades locales no pueden establecer cobros irrazonables ni imponer obstáculos que limiten esa garantía constitucional.
Por su parte, Bill Essayli, primer fiscal auxiliar de Estados Unidos para el Distrito Central de California, señaló que las tarifas gubernamentales que interfieren con el ejercicio de ese derecho contradicen los principios constitucionales del país.
En el fundamento jurídico de la demanda, el Departamento de Justicia invocó el fallo de la Suprema Corte estadounidense en el caso New York State Rifle & Pistol Association contra Bruen, de 2022, que reconoció la protección constitucional del derecho a portar armas fuera del hogar.
De acuerdo con la dependencia, el esquema de Glendale incumple los estándares estrictos, objetivos y definidos que establece ese precedente, por lo que sus tarifas y procedimientos constituyen barreras injustificadas para el ejercicio de la Segunda Enmienda.