Mensaje Político. Acusan Corrupción Inmobiliaria en Iztacalco. Alejandro Lelo de Larrea
En mayo de 2024, durante el debate organizado por el IECM entre los candidatos a la Alcaldía Iztacalco, María de Lourdes Paz Reyes, de Morena, expresó: “Lo decimos así de claro: en Iztacalco no entrará el cartel inmobiliario. Si no hay agua, no habrá más mega desarrollos de departamentos”.
Fueron viles mentiras, porque a partir del 5 de octubre de ese año que entró en funciones como alcaldesa, la realidad ha sido otra. Le atribuyen el presunto delito de “corrupción inmobiliaria” e incluso ser gestora de constructoras de grandes desarrollos que afectan y van contra la voluntad popular de sus gobernados, que la han acusado penalmente ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Por lo mismo militantes de su partido solicitaron ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) un procedimiento sancionador ordinario por “corrupción en perjuicio de vecinos de la Alcaldía Iztacalco”, así como el “favorecimiento a una empresa constructora y la realización de una obra sin contar con los permisos correspondientes”.
Todos los señalamientos en contra de Lourdes Paz constan en una serie de documentos en poder de este reportero: la acusación ante la CNHJ, documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, declaraciones patrimoniales de servidores públicos, la denuncia ante la Fiscalía CDMX por parte de colonos afectados, documentos de la Alcaldía de demolición, construcción, revocaciones, amparos.
Se solicitó la versión de la alcaldesa o de algún otro funcionario de la Alcaldía para incluirla en este reportaje, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta de parte de la titular de Comunicación Ciudadana. En el caso de las constructoras Hirish SA de CV y Arayot S.A.P.I. de C.V., ni siquiera fue posible localizarlas, porque ni en internet ni nadie supo dar razón de ellos, aunque seguiremos insistiendo.
Acusados en Morena
Una de las acusaciones que se han presentado es ante la CNHJ de Morena –de la cual tengo copia de la parte sustancial–para solicitar un procedimiento sancionador en contra la alcaldesa María de Lourdes Paz Reyes y otros funcionarios de la Alcaldía: Citlali Elvira Fonseca Guzmán, Rubí Romero Serrano, Oscar Eugenio Gutiérrez Camacho y Karime Sahil Morán Aburto, “por la presunta comisión de actos contrarios a los principios, documentos básicos y normatividad partidaria”.
Quienes firman la acusación dicen ser militantes de Morena y ciudadanos sin partido de las colonias afectadas. Son: María Isabel Alemán Romero, Ismael Medellín Rosas, Silvia Téllez Medina, Amada Sánchez Argüelles, Miguel Ángel Muñoz Valencia, María de los Ángeles Muñoz Valencia, Silvia Chiu Chang, Perla Teresa Jiménez Guzmán, Martha Patricia Rodríguez Lona, María de los Ángeles Cortés García y Mario Alberto Zúñiga Medina.
La CNHJ determinó en primera instancia no sancionar a nadie, bajo el argumento falaz de que ninguno de los denunciantes es militante del partido. O sea que, si se detecta posible corrupción de un integrante de Morena, los ciudadanos que no son de ese partido político no los pueden acusar. Pues no que su consigna es “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
La negativa a entrarle al fondo de la acusación fue firmada por los integrantes de dicha CNHJ: Alejandra Arias Medina (presidenta), Iris Mariana Rodríguez Bello (secretaria), Eduardo Ávila Valle (comisionado), José Romualdo Hernández Naranjo (comisionado) y Elizabeth Fores Hernández (comisionada).
Además de la negativa absurda que pareciera defender por línea a Lourdes Paz, hay grupos que “se han dedicado a amedrentar a los vecinos” y a “operar los proyectos de vivienda en la demarcación”, según narran los ciudadanos. Quienes los han intimidado, afirman, tienen nexos con funcionarios de la Alcaldía. Aseveran que son: Ruben López Varojas (coordinador D), vinculado a organizaciones de vivienderos y quien aspira a ser diputado federal; Ricardo González Rodríguez (concejal), de quien dicen ha difundido recorridos y avances de obras de vivienda junto al INVI en Iztacalco. También Adán Yael Saavedra García (director de Desarrollo y Fomento Económico), al que vinculan con la organización Saavedra URI y movilizaciones en favor de proyectos habitacionales en la zona.
El cartel de Mateos y Estrada
Iztacalco sufre dos enormes problemas, que se agravan con la edificación desaforada de viviendas. El primero: se trata de la demarcación más pequeña y por lo tanto la de mayor densidad poblacional, con 17 mil 523 habitantes por kilómetro cuadrado. La media en la capital es la Miguel Hidalgo, con 8 mil 927.
El segundo gran problema: está considerada en nivel de afectación de agua potable en la categoría “media alta”, cuando antes del boom inmobiliario 2012-2018 estaba en el rubro de afectación “media”. También, advierten los vecinos, se ponen en riesgo otros servicios públicos y hasta la seguridad ciudadana.
La historia del hartazgo popular por atentar contra los vecinos de Iztacalco se dio precisamente cuando fueron jefes delegacionales Elizabeth Mateos y su esposo, Carlos Estrada, entre 2012 y 2018 (para fines prácticos, fueron lo mismo), cuando otorgaron 233 registros en la Ventanilla Única para la construcción de 12 mil 448 viviendas y provocaron la construcción desaforada. Algo así como un cartel inmobiliario. De este punto, hoy Morena tampoco se puede desmarcar, porque Mateos es su diputada y además se registró para contender por la candidatura a la Alcaldía.
No le bastaron seis años de saqueo, como nos decía Armando Quintero, su sucesor, quien acusó que esas dos administraciones han estado entre las más corruptas en la historia de Iztacalco. ¿Hoy ya les habrán ganado? En realidad, esos seis años quien gobernaba era Mateos, los tres de ella y los tres de estrada, de quien se sabe siempre andaba en la fiesta.
Durante estos periodos, advierten los vecinos, es posible que hayan sido incluso edificados hasta 14 mil departamentos. No queda claro, porque no hay para el público información oficial fidedigna al respecto.
En esa época, advierten vecinos consultados, hubo una trampa, porque enormes obras se registraban como manifestación tipo B, para eludir la realización de dictámenes de impacto urbano que establezcan medidas de integración urbana, viales, hidráulicas y, en su caso, de regeneración al entorno, protección civil y servicios para su aplicación inmediata. “El efecto del desarrollo inmobiliario sólo se ha traducido en un grave deterioro de la calidad de vida de los habitantes de Iztacalco”, aseveran.
Lamentan que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano que hicieron Mateos y Estrada cambió la vocación industrial de colonias como Granjas México, Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, y ahora son habitacionales, “sin equilibrio urbano”.
Además de la protesta social, las denuncias penales, los vecinos también han ido por la vía del amparo, y gracias a ello, hasta hoy, han evitado que se continúe una obra en la calle Comunal 50, contra la “Inmobiliaria Quiero Casa”, que era cercana a la administración anterior de la Ciudad de México. Si no fuera por eso, cuentan, ya estaría la obra concluida y padecerían problemas de agua, de tranquilidad y de daños en sus propiedades.
La denuncia penal
El mismo grupo de ciudadanos que acusó ante Morena a la alcaldesa y otros militantes del partido presentó una denuncia penal de hechos ante la Fiscalía capitalina, que encabeza la morenista Bertha Alcalde.
Según la denuncia, con folio de recepción 059335, “hay hechos posiblemente constitutivos del delito de corrupción inmobiliaria, tipificado en el numeral 276 Quater del Código sustantivo de la materia”. A quienes señalan es a la alcaldesa Lourdes Paz Reyes y otros funcionarios: Citlali Elvira Fonseca Guzmán, Rubí Romero Serrano, David Ricardo Nava Martínez, Oscar Eugenio Gutiérrez Camacho, Karime Sahil Morán Aburto, (Alcaldía Iztacalco); Jorge Salvador Esquinca Montaño, Aralia Jessica Rivero Cruz (INVEA), Constructora Himish SA de CV, y Arayot Arayot SAPI de CV.
Todos, afirman, tuvieron intervención “en la autorización para que se continuara con el desarrollo de la construcción dentro del bien inmueble situado en la calle Comunal número 50, colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco, sin contar con los permisos y manifestación de construcción vigente o prorrogada; y en contra de quien o quienes resulten responsables…”, dice el documento.
La historia
En febrero de 2018, con el permiso de Mateos y Estrada, iniciaron la demolición de la nave industrial en esa calle de Comunal, con lo que, “causaron daño a las casas aledañas”, de lo cual hay una denuncia de marzo de ese año. Avisaron a la entonces Jefatura Delegacional de que la empresa no exhibía los números de permiso de demolición, lo que evidenciaba que no tenían permiso.
El 15 de abril de 2019 la Alcaldía emitió una resolución en la que impuso la clausura total y permanente de los trabajos de construcción, siempre de acuerdo con la denuncia.
Luego, la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de la CDMX declaró la nulidad de esa resolución. En octubre de 2019, ya la administración de Armando Quintero, la Alcaldía volvió a revocar el permiso de construcción. En 2020 siguieron los procedimientos de clausura administrativos de la Alcaldía, y las nulidades de otras autoridades, como el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, que ha parecido al servicio de los constructores.
El resto del tiempo de la administración anterior, que concluyó el 30 de septiembre de 2024, ya no hubo más labores de parte de las constructoras, hasta que llegó Lourdes Paz, quien en enero de 2025 hizo el retiro de los sellos de clausura impuestos desde el 2021, dizque por un juicio de amparo.
Por presión de los vecinos, hubo de nuevo una clausura de la construcción, el 3 de marzo de 2025.
Cuatro días después, “de manera sospechosa”, la magistrada del Tribunal de lo administrativo, María Eugenia Meza Arceo, permitió que siga la obra y además solicitó que se le subsanara a la constructora el tiempo indebidamente afectado, relativo a su manifestación de construcción. Ordenó el retiro de los sellos y anuló la multa para las constructoras.
La obra continúo, dice la denuncia. Para esos días, los mismos vecinos descubrieron, dicen, que la propia Lourdes Paz cabildeaba ante autoridades administrativas para revocar las sanciones que su administración impuso. O sea, jugaba doble: juez y parte.
Lourdes Paz mintió a los vecinos, aseveran, porque en agosto de 2025 les dijo que “la constructora ya ganó”, y añadió: “Vecinos, es mejor hacer unas mesas de trabajo para que la constructora nos explique qué les va a regalar por permitir que hagan la obra”. Situación que les alertó, “porque la autoridad pretende sorprendernos”, dice la denuncia.
¿Les regalaron unos depas?
A los que presumiblemente sí les regalaron algo fue a otros.
En la denuncia, los vecinos acusan de haberse beneficiado a la secretaria particular de Lourdes Paz y al director de Gobierno. “Resulta relevante señalar que dentro del folio real 1064318 auxiliar – 11 asiento 1, de fecha 17 de marzo de 2022, se advierte que ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la CDMX “se encuentra inscrita la compraventa que se celebró entre Oscar Eugenio Gutiérrez Camacho y Karime Suahil Morán Aburto en su carácter de compradoras y la inmobiliaria Popocatépetl SA de CV.
Ello según instrumento número 117272 de fecha 25 de julio de 2025, en donde los primeros mencionados adquieren proindiviso una propiedad con un valor de 6 millones 046 mis 476 pesos, cuya empresa vendedora tiene inmediata relación con la constructora Himish SA de CV, y Arayot SAPI. Tan es así que tienen el mismo domicilio que se ubica en Boulevar Manuel Ávila Camacho número 175, piso 9, colonia Polanco, 1ra sección, en Alcaldía Miguel Hidalgo, y lo realizaron a través de crédito hipotecario”.
Lo que resulta extraño es que les hayan prestado tal cantidad, cuando Oscar Gutiérrez en su declaración patrimonial 2025 dijo que sus percepciones netas son 70 mil 701 pesos netos al año, y Karime 344 mil 320, también anualmente.
Otro hecho raro, afirman los denunciantes, es que “en forma inmediata y por escritura número 117272 pasada ante la fe del Notario Público número 134, licenciado Omar Lozano Torres, se otorgó la cancelación de hipoteca de compraventa y el contrato de apertura de crédito simple, con intereses y garantía hipotecaria a favor del deudor Oscar Eugenio Gutiérrez Camacho y Karime Suahil MoranAburto, lo que aconteció el 17 de agosto de 2025.
No habría transcurrido ni siquiera una anualidad de haberse celebrado dicha relación contractual, cuando ya los servidores púbicos habrían cubierto la totalidad del adeudo de más de 6 millones de pesos, como consta en la copia simple del folio real referido”.
También refieren dentro del folio real 9297933 del asiento número 1 “la compraventa de apertura de crédito simple con intereses y garantía hipotecaria a favor de Rosa María Reyes Méndez, con el consentimiento del señor Melesio Paz Marín, por el que adquieren un bien inmueble por la cantidad de 4 millones 600 mil pesos, mediante escritura 91341 del Notario Público 24 de la Ciudad de México, Luis Ricardo Duarte Guerra y los adquirientes son los padres de la alcaldesa, quien por escritura número 43979 recibió de éstos donación del inmueble (aunque ellos conservan la nuda propiedad es decir, que lo pueden usufructuar y sólo ante su ausencia pasaría a manos de la hoy alcaldesa)”.
En la denuncia advierten que esa donación se dio “con fecha 9 de septiembre de 2022, cuando dicha hipoteca aún no había sido cubierta”. Lourdes Paz sí manifestó la propiedad en su declaración patrimonial, “pero con otro valor al adquirido realmente, lo que desde luego resulta cuestionable el origen del numerario y la donación precipitada”. En su declaración patrimonial 2025, Paz dice que el inmueble le costó 2 millones 574 mil pesos.
En esa demarcación hay más conflictos legales y sociales por la autorización de magnas obras, y es algo de lo que tendrá que rendir cuentas muy pronto Lourdes Paz, quien para tapar todo, puntualizan, está empecinada en reelegirse.
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