La Voz de Camila. ¿Los proveedores del INE no se tocan? Por Camila Martínez Gutiérrez
¿Por qué durante sus nueve años como presidente del INE no hizo nada para terminar con esa concentración? ¿Por qué continuaron los mismos proveedores?
¿Por qué no se modificaron las reglas para garantizar una verdadera competencia?
La investigación que ayer, en la conferencia matutina, dio a conocer Claudia Sheinbaum es por demás reveladora. Por lo menos 27 años de irregularidades en las contrataciones electorales, con proveedores que simulaban competencia dentro del INE y los organismos electorales estatales. Una red que, de acuerdo con la información presentada, concentró contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos en una década.
Pero lo verdaderamente indignante no son solamente los millones de pesos. Es recordar a todos aquellos que durante años salieron a las calles, dieron conferencias y se envolvieron en la bandera de la democracia gritando: “¡El INE no se toca!”.
Hoy tenemos razones para preguntarnos si lo que en realidad querían decir era: “¡LOS PROVEEDORES DEL INE NO SE TOCAN!”.
Porque mientras nos daban lecciones de democracia, las mismas empresas seguían ganando contratos millonarios. Empresas que, según la investigación, compartían vínculos familiares, simulaban competir y, en algunos casos, ni siquiera contaban con trabajadores o infraestructura para producir lo que vendían.
Y aquí viene lo más grave: Lorenzo Córdova reconoció públicamente que desde hace años existía una especie de monopolio en el que unas cuantas empresas prácticamente se repartían el mercado electoral. ¡Lo sabía!
Entonces, ¿por qué durante sus nueve años como presidente del INE no hizo nada para terminar con esa concentración? ¿Por qué continuaron los mismos proveedores? ¿Por qué no se modificaron las reglas para garantizar una verdadera competencia?
No estamos hablando de cualquier funcionario. Lorenzo Córdova encabezó el INE que, gracias a la reforma electoral de Peña Nieto en 2014, adquirió la facultad de nombrar a los consejeros de los organismos electorales locales. Los mismos organismos que contrataron a estas empresas por más de 2 mil millones de pesos durante ese periodo.
Y ahora resulta que la historia alcanza también a Somos México.
El nuevo partido que a las semanas de su creación tuvo que defender a Ernesto Ruffo, acusado de Huachicol Fiscal, nuevamente se ve envuelto en cuestionamientos. Porque entre sus figuras aparecen Marco Baños, Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdova, quienes ocuparon importantes responsabilidades en el INE durante los años en que se realizaron estas contrataciones. Y también Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo funcionario del CISEN vinculado con los hermanos Hernández Casillas y posteriormente con el movimiento del que surgió Somos México.
Estas coincidencias sí obligan a exigir explicaciones. ¿Qué sabían? ¿Qué hicieron? ¿Por qué durante tantos años no se corrigió un esquema de contratación que hoy está bajo investigación?
Lo que no puede aceptarse es que quienes exigían transparencia a todos los demás pretendan que sus propias gestiones queden fuera del escrutinio.
Que se investigue a Guadalupe Taddei y a cualquier persona involucrada. Absolutamente a todas. Pero que nadie pretenda reducir 27 años de negocios a los últimos años de una institución.
Porque la autonomía electoral no significa impunidad. Y defender la democracia jamás puede significar proteger negocios privados con dinero público.
Hoy la pregunta ya no es si el INE se toca o no se toca. La pregunta es quiénes se beneficiaron, quiénes lo sabían y por qué nadie detuvo esos negocios durante tantos años.
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