El Bastión. Rigor para unos, acordeón para otros. Por Julián Andrade
Néstor Vargas Solano, el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), emitió un acuerdo (AG-POAJ-025/2026) que estuvo a punto de generar un incendio en los juzgados y tribunales de todo el país.
Con el pretexto de evaluar a los empleados de carrera, intentó sembrar los mecanismos para despedir a funcionarios molestos y que no se apeguen a las doctrinas destructivas que ahora imperan.
El centro de la polémica se desató porque los exámenes que se realizarían contenían una enorme carga subjetiva, que dejaba en manos de superiores y compañeros la suerte del futuro de los empleados.
Las pruebas se dividirían en 60% sobre capacitación y 40% de trabajo continuo.
Pronto se realizaron protestas en los circuitos judiciales de todo el país y tuvo que intervenir el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, para serenar los ánimos y establecer el compromiso de que el acuerdo será modificado y de que las evaluaciones no tendrán carácter punitivo.
Es curioso que desde la cúpula del OAJ pretendan un supuesto rigor sobre el desempeño, cuando saben que la gran mayoría de los jueces y magistrados elegidos por el acordeón, y que no entraría al proceso evaluatorio, no tiene los conocimientos adecuados.
Es más, como han señalado con puntualidad los inconformes, muchos de los integrantes del pleno de la SCJN no acreditarían examen de conocimientos alguno, y las pruebas están a la vista de todos, en sus discusiones cotidianas.
En el fondo, es delirante que quieran afectar a los que en realidad hacen el trabajo cotidiano y que, con su experiencia y conocimiento, han permitido que el sistema judicial no colapse.
Sí, son los actuarios, oficiales judiciales y personal de carrera quienes, con su compromiso y dedicación, sostienen edificaciones que se están derrumbando.
Vargas Solano no se manda solo: llegó al cargo como propuesta de la Presidencia de la República y antes fungió como consejero jurídico en la Ciudad de México.
Falló su intento de despojar al personal de carrera de sus derechos y probablemente de su empleo, pero sería absurdo no reparar en los alcances del intento.
Desde la reforma de 2025 quedó el mecanismo punitivo al ordenar que la permanencia esté sujeta a la evaluación del desempeño. La clave es cómo se hacen o no se hacen las cosas, de ahí que se deba consignar lo ocurrido, el primer ensayo.
Es probable que el personal de carrera estorbe a los planes de quienes se apoderaron del Poder Judicial, porque continúan actuando con criterio legal, cuando ahora lo que se impulsa es una visión política de la justicia.
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