Diputados aprueban en lo general Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos
Por redacción
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla un gasto neto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, un incremento de 442 mil 804.4 millones respecto al ejercicio anterior, con una reducción de seis mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para financiar programas de educación, medio ambiente, búsqueda de personas desaparecidas, primera infancia y turismo.
Con 372 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, el pleno avaló el dictamen, que prevé un déficit presupuestario de un billón 358 mil 558.8 millones de pesos. La discusión continuará este martes 10 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, decretó un receso ante la presentación de reservas a la totalidad de los artículos, transitorios y anexos del proyecto.
Uno de los principales ajustes al gasto fue la disminución de seis mil millones de pesos al INE, cuya reducción fue considerada viable por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, bajo el argumento de que no comprometerá sus funciones ni la organización del proceso electoral federal concurrente 2026-2027, las prerrogativas de los partidos políticos y los derechos político-electorales de la ciudadanía.
De los recursos reasignados, tres mil millones de pesos se destinarán al programa La Escuela es Nuestra; mil millones al sector ambiental; 300 millones a la búsqueda y localización de personas desaparecidas; 700 millones a la Agencia Federal de Aviación Civil; 618 millones a programas de primera infancia; 362 millones a la Secretaría de las Mujeres y 20 millones al fomento y promoción del turismo.
El presupuesto también contempla una reasignación de seis mil 500 millones de pesos dentro del Ramo 16 para iniciar la construcción del Nuevo Acueducto Calderón-San Gaspar y del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, con el propósito de mejorar el abastecimiento de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En términos generales, el gasto programable ascenderá a siete billones 432 mil 529.7 millones de pesos, mientras que el no programable será de tres billones 203 mil 958.4 millones. Este último se distribuirá principalmente entre el costo financiero de la deuda, las participaciones federales a estados y municipios y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
El costo financiero de la deuda concentrará 49.2 por ciento del gasto no programable, mientras que las participaciones para entidades federativas y municipios representarán 48.3 por ciento y los ADEFAS, el 2.5 por ciento restante.
Para Petróleos Mexicanos se estableció una meta de balance financiero de 95 mil 103 millones de pesos y un techo de gasto en servicios personales de 118 mil 609.1 millones. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, la meta de balance financiero será de 25 mil 49.3 millones de pesos y el límite para servicios personales de 94 mil 44.4 millones.
El gasto de inversión previsto para 2027 será de un billón 133 mil 613.2 millones de pesos, de los cuales 90.5 por ciento corresponderá a inversión física presupuestaria, destinada a obras públicas, infraestructura, adquisición de bienes y proyectos productivos.
En educación se proyecta una asignación de un billón 256 mil 948.4 millones de pesos, con un crecimiento real de ocho por ciento. Para la función de Justicia se contemplan 129 mil 602.8 millones de pesos, mientras que los recursos para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior ascenderán a 75 mil 671.1 millones, un aumento real de 17.7 por ciento.
El gasto federalizado, que comprende las transferencias a gobiernos estatales y municipales mediante participaciones, aportaciones, convenios y otros subsidios, alcanzará tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos, 4.6 por ciento más en términos reales que lo aprobado para 2026.
El dictamen establece que los ahorros derivados de las medidas de austeridad y los subejercicios presupuestarios que no sean subsanados podrán reasignarse a programas sociales y proyectos de inversión en infraestructura. Asimismo, mantiene restricciones para la creación de plazas y obliga a las dependencias a sujetarse a disposiciones de disciplina presupuestaria.
Entre los proyectos de infraestructura destaca la construcción y ampliación de aproximadamente 150 obras de agua potable y 75 de alcantarillado, además de 200 acciones de rehabilitación de sistemas hidráulicos y tres mil intervenciones para mejorar la eficiencia del suministro y saneamiento, con beneficios estimados para cinco millones de habitantes.