Contexto. Las crisis en el Poder Judicial Federal y en el INE. Por Fernando Ramírez de Aguilar L.

Una de las cosas que la llamada Cuarta Transformación no ha podido censurar, son las sesiones públicas y televisadas de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dónde la autollamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, muestra en todas y cada una de las transmisiones no sólo su absurdo protagonismo, sino además su absoluta ignorancia supina en materia jurídica.

Pese al ejército de asesores que contrató, no tiene la menor idea de lo que es su trabajo judicial y que en lugar de estar confrontándose inútilmente con sus pares, debería acudir nuevamente al siquiatra como cuando era niña.

Y es que la ignorancia supina, también llamada ignorancia crasa, se refiere a un nivel de desconocimiento extremo que no surge simplemente por no saber, sino por no querer aprender lo que es necesario conocer.

Es decir, la ignorancia supina, considerada una ignorancia grave y culpable, ya que la persona debería tener ciertos conocimientos, pero por comodidad, desinterés o negligencia no se formó adecuadamente y ahora acude a conseguir títulos de supuestas escuelas de educación superior, sin ningún tipo de prestigio o reconocimiento académico, como es el caso de la “Universidad Tepantlato”.

Y es que, no hay sesión pública del pleno de la Suprema Corte, que se ve en la televisión no sólo en México sino en todo el mundo, donde no sólo se exhibe esta improvisada recomendada de López Obrador, sino que también se muestra con una mujer ignorante e intransigente, agresiva, majadera, prepotente y hasta altanera en contra de sus pares.

Incluso, ayer mismo, interrumpió al presidente Hugo Aguilar Ortiz, durante la sesión y vinculó la discusión con la sucesión en la presidencia de la SCJN: “A lo mejor hay que presentar proyectos hasta después de que se decida el año que entra lo de la presidencia de la Corte, porque si no va a ser imposible que expliquemos algo”.

La reforma al Poder Judicial enviada el pasado 20 de mayo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y publicada el 2 de junio deja una contradicción constitucional que podría poner en duda la llegada de Lenia Batres a la presidencia de la SCJN el primero de septiembre de 2027, cargo que asumiría después de Hugo Aguilar Ortiz. Dos artículos de la Constitución establecen periodos y mecanismos distintos para renovar la titularidad del máximo tribunal.

Dicha iniciativa modificó aspectos del funcionamiento judicial para posponer hasta 2028 la elección correspondiente, pero no armoniza las disposiciones federales que regulan la presidencia de la Suprema Corte. La omisión mantiene vigentes dos normas incompatibles entre sí sobre la duración del encargo y la forma de designar a quien lo ocupa.

El artículo 94 constitucional dispone que la presidencia se renovará cada dos años de forma rotatoria, según el número de votos que reciba cada candidatura en la elección respectiva. Sin embargo, el artículo 97 establece una ruta distinta: el pleno debe elegir entre sus integrantes a la persona titular de la Suprema Corte cada cuatro años y prohíbe su reelección para el periodo inmediato.

La coexistencia de ambas disposiciones conforma una antinomia, es decir, un conflicto entre normas del mismo sistema jurídico que no pueden aplicarse al mismo tiempo.

Esta diferencia no se limita a la duración del cargo. El artículo 94 vincula la rotación con el resultado de las elecciones judiciales, mientras el 97 conserva la elección interna por parte del pleno de la SCJN.

La falta de una reforma que defina cuál mecanismo prevalece abre la posibilidad de interpretaciones encontradas e impugnaciones legales. Y será el pleno de la propia Corte quien tendrá que decidir qué disposición aplicar si el Congreso no corrige la contradicción constitucional.

Ante las duras críticas en redes sociales sobre el verdadero rigor técnico de la Batres, reabriendo la polémica por su vertiginoso historial académico, en los que presumió haber recibido su título de Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato, justificando la publicación para responder a lo que calificó como “periodistas carroñeros”.

La difusión de su documento desencadenó burlas e irónicos memes hacia la apodada “ministra del acordeón”, recordando que en solo cuatro años acumuló dos maestrías y dos doctorados, generando burlas entre los propios ministros.

Y mientras tanto, para analistas y usuarios en plataformas digitales, el contraste es evidente: la ostentación de grados académicos de dudosa procedencia y obtenidos a ritmo acelerado no compensa la falta de atención, el desconocimiento procesal y las constantes pifias que comete durante las sesiones de la Suprema Corte.

Lejos de acallar las dudas sobre su idoneidad para el cargo, sus tropezones operativos en el tribunal confirman que la acumulación de posgrados no se traduce en el dominio técnico que exige el máximo tribunal del país.
Y mientras, trabajadores de base del Poder Judicial de la Federación sostuvieron que Néstor Vargas Solano, el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), emitió un acuerdo (AG-POAJ-025/2026) que estuvo a punto de generar un incendio en los juzgados y tribunales de todo el país, ya que, con el pretexto de evaluar a los empleados de carrera, intentó sembrar los mecanismos para despedir a funcionarios molestos y que no se apeguen a las doctrinas destructivas que ahora imperan.

El centro de la polémica se desató porque los exámenes que se realizarían contenían una enorme carga subjetiva, que dejaba en manos de superiores y compañeros la suerte del futuro de los empleados.

De inmediato, se realizaron protestas en los circuitos judiciales de todo el país y tuvo que intervenir el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortíz, para serenar los ánimos y establecer el compromiso de que el acuerdo será modificado y de que las evaluaciones no tendrán carácter punitivo.

Es curioso que desde la cúpula del OAJ pretendan un supuesto rigor sobre el desempeño, cuando saben que la gran mayoría de los jueces y magistrados elegidos por el acordeón, y que no entraría al proceso evaluatorio, no tiene los conocimientos adecuados.

Es más, como han señalado los inconformes, muchos de los integrantes del pleno de la SCJN no acreditarían examen de conocimientos alguno, y las pruebas están a la vista de todos, en sus discusiones cotidianas.

En el fondo, es delirante que quieran afectar a los que en realidad hacen el trabajo cotidiano y que, con su experiencia y conocimiento, han permitido que el sistema judicial no colapse. Sí, son los actuarios, oficiales judiciales y personal de carrera quienes, con su compromiso y dedicación, sostienen edificaciones que se están derrumbando.

Vargas Solano no se manda solo: llegó al cargo como propuesta de la presidencia de la República y antes fungió como consejero jurídico en la Ciudad de México. Falló su intento de despojar al personal de carrera de sus derechos y probablemente de su empleo, pero sería absurdo no reparar en los alcances del intento.

Es probable que el personal de carrera estorbe a los planes de quienes se apoderaron del Poder Judicial, porque continúan actuando con criterio legal, cuando ahora lo que se impulsa es una visión política de la justicia.

Por otra parte, la estratagema del gobierno federal y Morena para tratar de llevar la responsabilidad de los fraudes y negocios de Guadalupe Taddei Zavala hasta el siglo pasado rozan lo ridículo y demuestra dos cosas: primero, la total ausencia de autocrítica de un gobierno, el anterior y éste, incapaces de reconocer errores y ratificarlos, y segundo, el enorme daño que les ocasiona en la percepción pública las evidencias que surgen un día sí y el otro también, y en todos los ámbitos, de la corrupción que corroe al propio gobierno.

Y ahora, que los trabajadores de base del INE iniciaron paros escalonados en demandas de un mejor salario y que el Congreso de la Unión les pretende reducir en poco más de 6 mil millones de pesos el presupuesto del año entrante, las cosas no pintan nada bien.

Lo decíamos la semana pasada: Si algo ha caracterizado a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha sido, sin duda alguna, su falta de voluntad política y personal, para proceder penalmente en contra de los corruptos de Morena.

Ejemplos sobran. Desde lo ocurrido en el gobierno de Tabasco con Adán Augusto López a la cabeza hasta lo que ha pasado en Sinaloa, en Veracruz, en Campeche, en Guerrero, en Michoacán, la protección a los hijos de López Obrador y sus sucios negocios y, ahora, ante lo que pasó el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ahora, Claudia Sheinbaum Pardo solicitó “una auditoría profunda” al INE que incluya a Guadalupe Taddei Zavala, así como a administraciones anteriores y pidió revisar contratos, contratistas y el ejercicio de recursos públicos para deslindar responsabilidades. Pero no procede en contra de los corruptos. Es una burda tapadera.

Se podrá decir que han estallado muchos escándalos de corrupción, hubo demasiadas denuncias en los últimos meses, incluyendo desde las tramas de tráfico de combustible ilegal hasta los negocios de Jorge Amílcar Olán y Andy López Beltrán, el retiro de visas a distintos funcionarios y, sobre todo, las órdenes de detención con fines de extradición de Rubén Rocha, Enrique Inzunza y otros sinaloenses. Pero lo que derrumba la percepción en corrupción es la impunidad.

Coincido con Jorge Fernández Menéndez y Rafael Cardona Sandoval que en ninguno de todos esos casos de corrupción ha actuado la autoridad: todos los políticos de Morena están en su casa o en sus puestos, cobijados por un gobierno que no quiere actuar contra ninguno de ellos, aunque tengan acusaciones gravísimas de colusión con el narcotráfico, de asesinatos o negocios de cientos de miles de millones de pesos, como en el huachicol.

La impunidad total.

Pero como a Donald Trump ya les va a llegar su momento. ¿O No?

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