Café para Todos. “El dictador” canadiense y el juez mexicano de los dos millones. (TERCERA Y ÚLTIMA PARTE). Por Alberto Carbot
Dos millones de dólares por una resolución judicial
El 24 de febrero de 2025, después de varios meses de gestiones y transferencias, el juez Luis Benítez Alcántara concedió a Andrew Clark la libertad bajo fianza y ordenó su excarcelación.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, la resolución fue dictada precisamente el día en que el magistrado recibió la totalidad de los dos millones de dólares pactados, coincidencia temporal que constituye uno de los elementos centrales de la acusación penal.
Para los investigadores, el dinero habría permitido conseguir mediante una decisión judicial lo que la organización no había obtenido por las vías ordinarias, aunque la libertad del canadiense resultó breve y el propósito de impedir su procesamiento en Estados Unidos finalmente fracasó.
Clark fue detenido nuevamente y trasladado a territorio estadounidense el 27 de febrero de 2025, como parte de un grupo de 29 personas requeridas por la justicia de ese país, entre las que figuraban varios de los narcotraficantes más conocidos de México.
Conviene precisar que aquel traslado colectivo fue presentado por las autoridades mexicanas como una medida de seguridad nacional y no como la conclusión ordinaria de procedimientos individuales de extradición, distinción que explicó entonces el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Un día después, el Departamento de Justicia confirmó oficialmente la llegada de Clark a Estados Unidos, donde debía enfrentar cargos de delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio.
La operación permitió que el canadiense quedara finalmente bajo jurisdicción estadounidense, pero dejó abierta una investigación sobre los mecanismos que habían hecho posible su liberación temporal en México.
Los fiscales comenzaron a reconstruir los movimientos financieros, las comunicaciones de los intermediarios y las resoluciones dictadas por el magistrado, hasta reunir los elementos que condujeron a la acusación formal presentada el 4 de septiembre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California, un documento que identifica a Benítez Alcántara con el sobrenombre de The Judge (“El Juez”) y le atribuye haber utilizado las facultades de su cargo para favorecer al canadiense.
La acusación contiene nueve cargos por encubrimiento posterior a delitos federales, bajo la figura jurídica estadounidense de accessory after the fact (encubrimiento posterior al delito), prevista en el artículo 3 del título 18 del Código de Estados Unidos, aplicable a quienes, con conocimiento de la comisión de un delito federal, ayudan a sus responsables para impedir o dificultar su captura, procesamiento o castigo.
Aunque los hechos descritos incluyen el presunto soborno de dos millones de dólares, es importante distinguir entre esa conducta, que constituye la base fáctica de la investigación, y los cargos penales formulados expresamente contra el juez, cuya eventual responsabilidad deberá ser determinada por un tribunal estadounidense.
De ser declarado culpable de los nueve cargos, Benítez Alcántara podría enfrentar penas de hasta quince años de prisión por cada uno, lo que representa un máximo teórico acumulado de 135 años si el tribunal ordenara su cumplimiento consecutivo, sin que esto signifique que semejante condena resulte automática o previsible.
El juez que terminó detenido en Colombia
La investigación condujo finalmente a Colombia, donde Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido el pasado domingo primero de noviembre de 2026, mediante una operación en la que participaron autoridades de ese país y organismos estadounidenses, aunque su captura fue dada a conocer públicamente cuatro días después, el jueves 5, mediante un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La dependencia anunció que solicitaría su extradición para procesarlo en California y precisó que la investigación había estado a cargo de una fuerza de tarea federal integrada, entre otras dependencias, por el FBI y la Policía de Los Ángeles, con la colaboración de la Real Policía Montada de Canadá y de organismos colombianos de investigación criminal e Interpol.
La intervención de Colombia cerró provisionalmente un recorrido que había comenzado con las actividades de un pequeño propietario inmobiliario en Toronto, continuado con el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica y alcanzado a México mediante una organización que, según la fiscalía estadounidense, utilizaba el territorio nacional como centro de operaciones y enlace logístico.
La detención del juez añadió una dimensión institucional al caso, pues colocó bajo investigación penal a un funcionario encargado de administrar justicia y resolver una solicitud de extradición presentada por otro gobierno, precisamente en un procedimiento que exigía preservar la legalidad y la independencia de las decisiones judiciales.
El fiscal general estadounidense Todd Blanche sostuvo que los funcionarios públicos que ayuden a narcotraficantes serán perseguidos judicialmente sin importar el país donde se encuentren, mientras el director del FBI, Kash Patel, señaló que la detención de Benítez Alcántara formaba parte de una investigación más amplia sobre la organización que había encabezado Wedding.
Las declaraciones reflejan la importancia atribuida por Washington a una estructura criminal cuyas actividades habrían alcanzado dimensiones multimillonarias y en la que participaron personas de diversas nacionalidades, aunque corresponde a los tribunales establecer las responsabilidades individuales y verificar la autenticidad y el alcance de las pruebas presentadas por los fiscales.
Wedding, detenido en México en enero de 2026 y trasladado posteriormente a Estados Unidos, permanece bajo custodia federal y tiene programados dos juicios para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027, mientras que Clark continúa sujeto a un proceso penal por los delitos que le atribuyen las autoridades estadounidenses.
En cuanto a Benítez Alcántara, su captura en Colombia constituye apenas el comienzo de otro procedimiento, condicionado por la solicitud de extradición y las decisiones que adopten las autoridades judiciales competentes, pues hasta ahora la acusación estadounidense no equivale a una sentencia condenatoria ni permite afirmar que las responsabilidades atribuidas al magistrado hayan quedado definitivamente acreditadas.
Quedan por esclarecer aspectos fundamentales de aquella operación, particularmente la identidad y participación de los intermediarios que recibieron los 2.75 millones de dólares, el destino de las cantidades que no aparecen identificadas como parte del soborno directo al juez y la eventual intervención de otros funcionarios o particulares en las gestiones para liberar a Clark.
También deberá establecerse qué controles institucionales fallaron durante el procedimiento de extradición y por qué una resolución de semejante trascendencia pudo favorecer, aunque fuera temporalmente, a un acusado de dirigir una estructura criminal internacional.
El 24 de febrero de 2025 quedó registrada una coincidencia que constituye uno de los elementos más comprometedores del expediente. Según la fiscalía estadounidense, el juez Luis Benítez Alcántara recibió dos millones de dólares y ese mismo día dictó una resolución que permitía a Andrew Clark recuperar su libertad bajo fianza, mientras Estados Unidos lo reclamaba por delitos de narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio.
La correspondencia entre el presunto pago y la decisión judicial es uno de los señalamientos centrales que la fiscalía estadounidense deberá demostrar durante el proceso penal.
Corresponderá a un tribunal de Estados Unidos establecer si el dinero determinó aquella resolución, pues Benítez Alcántara, pese a encontrarse hoy detenido en Colombia, conserva la presunción de inocencia.
Entretanto, la investigación ha reconstruido una presunta negociación que se prolongó durante meses, movilizó 2.75 millones de dólares a través de intermediarios y buscó obtener la libertad de uno de los principales acusados de integrar una organización internacional de narcotráfico. Queda por esclarecer quiénes facilitaron aquellas gestiones y cómo pudieron desarrollarse alrededor de un procedimiento judicial cuya independencia debía estar garantizada por las propias instituciones mexicanas.
Durante años, las autoridades de varios países habían perseguido a una organización que trasladaba toneladas de cocaína a través de sus fronteras y recurría al asesinato para proteger sus operaciones. Si las acusaciones llegan a demostrarse, uno de sus actos más audaces habrá ocurrido lejos de las rutas tradicionales del narcotráfico, a través de una resolución dictada por el propio juez federal mexicano Benítez Alcántara.
En México, las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal, las denuncias de presuntas compras irregulares y nóminas infladas, las irregularidades multimillonarias descubiertas en Segalmex y los señalamientos sobre contratos millonarios y presuntos vínculos indebidos con proveedores del INE han colocado reiteradamente bajo sospecha la conducta de distintos funcionarios públicos.
La sucesión de escándalos, aunque de naturaleza y gravedad diferentes, amenaza con acostumbrarnos a hechos que deberían provocar indignación y exigir investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
El caso del juez Benítez Alcántara merece atención particular porque, de confirmarse la acusación, demostraría hasta dónde puede llegar la penetración del crimen organizado en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Si la fiscalía estadounidense consigue probar que recibió el dinero a cambio de su resolución, quedará establecido que, por dos millones de dólares, un juez mexicano estuvo dispuesto a convertir en mercancía la justicia que había jurado impartir y que tenía la obligación de preservar por encima de cualquier interés.
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