Café para Todos. “El dictador” canadiense y el juez mexicano de los dos millones. (SEGUNDA PARTE) Por Alberto Carbot
De las torres de Toronto al tráfico internacional de cocaína
Los investigadores estadounidenses sostienen que Clark, conocido con los sobrenombres de “El Dictador” (The Dictator) y “El Niño Problemático”, llegó a ocupar el segundo puesto en la estructura encabezada por Wedding, quien había representado a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City, en 2002.
Según la fiscalía federal de California, aquella organización llegó a manejar un negocio de narcotráfico valorado en aproximadamente mil millones de dólares, mediante el traslado de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia México, su almacenamiento en el sur de California y su posterior distribución en territorio canadiense, utilizando vehículos de carga pesada y una extensa red de operadores, intermediarios y transportistas.
Las dimensiones del negocio quedaron expuestas en febrero de 2025, cuando el Departamento de Justicia estadounidense informó que, entre marzo y agosto del año anterior, Wedding y Clark habrían conspirado para distribuir y exportar más de mil 800 kilogramos de cocaína, mientras sus colaboradores utilizaron billeteras de criptomonedas para movilizar aproximadamente 250 millones de dólares entre abril y septiembre de 2024.
Los investigadores aseguraron además que, en una sola jornada, consiguieron incautar más de tres millones de dólares procedentes de una de esas billeteras digitales, una operación que permite apreciar la magnitud económica de la estructura investigada y los mecanismos financieros empleados para mover recursos fuera de los circuitos bancarios tradicionales.
La violencia formaba parte de los procedimientos atribuidos a aquella organización, cuyos dirigentes habrían ordenado asesinatos para cobrar deudas, castigar la pérdida de cargamentos y eliminar a personas consideradas obstáculos para sus operaciones.
Una acusación presentada en California señala que Wedding y Clark habrían ordenado el asesinato de dos integrantes de una familia en Ontario, Canadá, el 20 de noviembre de 2023, como represalia por el supuesto robo de un envío de droga que había pasado por el sur de California. Los pistoleros atacaron por error a una familia ajena al conflicto, convencidos de que sus integrantes eran familiares del hombre al que responsabilizaban del robo.
Dos personas murieron y una tercera sobrevivió al ataque con lesiones graves, mientras que los expedientes también atribuyen a ambos la orden de otro homicidio cometido el 18 de mayo de 2024 y relacionan a Clark con un asesinato adicional ocurrido en Ontario el primero de abril de ese mismo año.
Estos antecedentes explican por qué la captura del canadiense adquirió importancia para las autoridades de Estados Unidos, que desde meses atrás seguían los movimientos de los integrantes de la organización. Su detención finalmente se produjo el 8 de octubre de 2024 en Zapopan, Jalisco, donde, según la reconstrucción publicada por el periódico colombiano El Colombiano, Clark fue localizado en el centro comercial Plaza Andares, uno de los espacios más concurridos y exclusivos de la zona metropolitana de Guadalajara.
El operativo permitió poner bajo custodia mexicana a un hombre buscado por delitos de narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio, aunque su aprehensión, lejos de cerrar el caso, abrió un procedimiento judicial que terminaría por involucrar a un magistrado federal.
Un expediente que llegó a manos del juez mexicano
El 9 de octubre de 2024, un día después de su captura, Clark compareció ante la justicia federal mexicana y quedó sujeto a detención mientras se resolvía su eventual extradición a Estados Unidos. Posteriormente fue presentado ante Luis Benítez Alcántara, juez de distrito en la Ciudad de México y responsable de conocer el procedimiento, ante quien se leyeron en inglés y español los cargos y los hechos descritos en la acusación estadounidense.
Este detalle consta expresamente en el expediente presentado por un gran jurado federal de California y resulta relevante porque acredita que el juzgador conocía la gravedad de las imputaciones formuladas contra el canadiense antes de adoptar las resoluciones que posteriormente motivarían su propia investigación penal.
El gobierno estadounidense formalizó su solicitud de extradición el 27 de noviembre de 2024, cuando Clark ya llevaba varias semanas detenido y los investigadores habían identificado su presunta participación en la estructura criminal.
Sin embargo, de acuerdo con la acusación presentada contra Benítez Alcántara, desde ese mismo mes comenzó a desarrollarse una operación destinada a conseguir que el canadiense recuperara su libertad mediante pagos a diversos intermediarios, negociaciones que se prolongaron hasta febrero de 2025 y que, según los fiscales, terminaron por comprometer directamente al juez encargado de decidir sobre su situación jurídica.
La acusación federal sostiene que Clark movilizó aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante transferencias fraccionadas a intermediarios, mientras se negociaba el presunto pago de dos millones de dólares en efectivo a Benítez Alcántara para que ordenara su liberación. Los documentos judiciales publicados contienen nombres y pasajes censurados, por lo que todavía no es posible reconstruir íntegramente la identidad de todos los participantes ni establecer el destino final de cada cantidad transferida.
Esta distinción es fundamental para comprender el expediente, pues los 2.75 millones corresponden al dinero que habría circulado para gestionar la liberación, mientras que los dos millones identifican el soborno específico atribuido al magistrado.
La documentación difundida tampoco permite determinar si ambos montos deben considerarse operaciones enteramente independientes, razón por la cual sería incorrecto sumarlos como si se tratara de pagos adicionales plenamente acreditados.
El testigo asesinado en Medellín
Mientras Clark permanecía bajo custodia en México, la organización criminal enfrentaba otro problema que amenazaba sus operaciones internacionales. Jonathan Christopher Acevedo García, un comerciante colombo-canadiense de 42 años que había mantenido vínculos con integrantes de aquella estructura, estaba colaborando con las autoridades estadounidenses y aportando información sobre las actividades de la red.
Su participación como testigo se convirtió en una amenaza para los acusados y, según una investigación publicada el 13 de noviembre de 2025 por el periodista Santiago Olivares Tobón en El Colombiano, las autoridades reconstruyeron una operación para localizarlo y asesinarlo en Medellín, donde se había establecido después de abandonar Canadá.
El 31 de enero de 2025, alrededor de las dos y media de la tarde, un sicario ingresó al restaurante “Mi Arepa”, situado en el Mall del Indio, en el sector de El Poblado, Medellín, y disparó contra Acevedo García, quien murió en el lugar mientras el atacante escapaba.
La investigación de El Colombiano, a partir de información judicial y reportes de medios canadienses, permitió reconstruir la trayectoria del comerciante, sus anteriores actividades ilícitas y su relación con la organización de Wedding, pero posteriormente surgió un dato todavía más comprometedor para Clark, contenido en una acusación federal estadounidense que describe los preparativos del homicidio.
Según ese documento, en enero de 2025 Clark contrató a Ahmad Nabil Zitoun para localizar al testigo a cambio de unos diez mil dólares canadienses, más gastos, y posteriormente le habría ofrecido participar directamente en su asesinato, propuesta que Zitoun rechazó.
La fiscalía estadounidense sostiene asimismo que Wedding proporcionó a Clark material de vigilancia sobre la víctima dos días antes del crimen, mediante una aplicación de mensajería cifrada, y que distintos integrantes de la organización siguieron los movimientos de Acevedo García hasta ejecutar el ataque en el restaurante.
El expediente estadounidense se refiere al asesinado como “Víctima A”, mientras que la investigación de El Colombiano lo identifica como Jonathan Christopher Acevedo García. La acusación describe actuaciones atribuidas a Clark dentro de los preparativos del crimen, sin que ello constituya todavía una sentencia sobre su responsabilidad individual.
La documentación judicial añade que, después del asesinato, Wedding comunicó a Clark la muerte del testigo y le envió una fotografía del cadáver. También describe una transferencia de aproximadamente 500 mil unidades de la criptomoneda USDT destinada a integrantes de la conspiración en Colombia, así como solicitudes de pago posteriores por la participación en el homicidio.
Uno de los acusados, Atna Ohna, habría recibido alrededor de 150 mil dólares canadienses y 30 kilogramos de cocaína como parte de su recompensa, según la reconstrucción del gran jurado. Estos datos amplían la dimensión del caso y muestran el grado de organización que la fiscalía atribuye a los responsables de perseguir y eliminar a quienes colaboraban con las autoridades estadounidenses.
La relevancia de este episodio aumenta al considerar que Clark continuaba detenido en México cuando se desarrollaron aquellas maniobras, circunstancia que plantea interrogantes sobre los mecanismos de comunicación utilizados por la organización y las facilidades que sus dirigentes podían conservar incluso privados de su libertad.
El asesinato del testigo colombiano, ocurrido apenas veinticuatro días antes de la controvertida resolución judicial de Benítez Alcántara, introduce además una conexión particularmente grave entre los dos acontecimientos, aunque los expedientes conocidos no demuestran que el homicidio y el presunto soborno al juez hayan formado parte de una misma operación coordinada.
(CONTINÚA MARTES 10 DE NOVIEMBRE)
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