Acuerdan transportistas y comerciantes acciones contra extorsión
Por redacción
Organizaciones de transportistas y comerciantes acordaron con el Gobierno federal establecer mecanismos para combatir la extorsión y los abusos de autoridad, mejorar la atención de denuncias y agilizar la liberación de unidades involucradas en hechos delictivos, ante los riesgos que enfrenta el traslado de mercancías en el País.
En una reunión realizada en la Secretaría de Gobernación, representantes de CONCANACO SERVYTUR, CANACAR, HAMOTAC, FEMATRAC e INDECO plantearon fortalecer la coordinación con las fiscalías estatales y establecer canales directos de comunicación con Gobernación y la Fiscalía General de la República (FGR), adicionales a los existentes con la Guardia Nacional.
Entre los acuerdos también se encuentra analizar el uso de herramientas tecnológicas para prevenir e identificar delitos, así como establecer criterios comunes que reduzcan los tiempos de liberación de vehículos relacionados con investigaciones.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) informó que lleva varios años impulsando mesas de trabajo para combatir la extorsión y facilitar la denuncia de este delito.
Como parte de esa estrategia, participó en el impulso de la legislación contra la extorsión y promueve el Pacto contra la Extorsión, que se ha firmado en 22 entidades federativas, en coordinación con la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32.
La Confederación señaló que el asesinato de un dirigente del sector comercio en el norte del País, después de denunciar presuntos actos de extorsión en Nuevo Laredo, evidenció los riesgos que enfrentan los empresarios que denuncian estos delitos y la necesidad de fortalecer su protección.
En el encuentro participaron por CONCANACO SERVYTUR José Héctor Tejada Shaar, tesorero nacional, y Jessica Morales, jefa de Oficina, en representación de su presidente, Octavio de la Torre de Stéffano.
Por parte del Gobierno federal asistieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y la Guardia Nacional.
Las organizaciones informaron que darán seguimiento a los compromisos una vez que se emita la minuta oficial, con énfasis en la atención de denuncias, los tiempos de respuesta y la coordinación con las fiscalías estatales.