ONU advierte que el aparato represivo de Venezuela sigue intacto pese a cambios políticos limitados
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aseguró que el aparato estatal vinculado durante los últimos años con graves violaciones a los derechos humanos permanece esencialmente intacto, pese a los cambios políticos registrados en el país durante 2026.
En su más reciente informe, la Misión reconoce que después de la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, se produjo una disminución considerable de las detenciones prolongadas por razones políticas y de las desapariciones forzadas asociadas a ellas.
También fueron liberadas cientos de personas y se amplió parcialmente el espacio para protestas, reuniones públicas y actividades de organizaciones de la sociedad civil.
La administración encabezada por Delcy Rodríguez adoptó además medidas como la liberación de detenidos, una ley de amnistía y el cierre de El Helicoide, centro de detención que durante años fue señalado en denuncias sobre detenciones arbitrarias y tortura.
La Misión reconoce igualmente una mayor capacidad de organizaciones civiles y sectores opositores para organizarse y expresar críticas a las autoridades.
El informe será presentado formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 18 de septiembre de 2026.
La ONU considera insuficientes los cambios
Sin embargo, los investigadores sostienen que esas medidas no han ido acompañadas de reformas institucionales profundas.
Según la Misión, numerosas leyes utilizadas para criminalizar o restringir la disidencia continúan vigentes, mientras que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen, en lo esencial, las mismas estructuras, políticas y prácticas existentes anteriormente.
Además, al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos continúan en cargos importantes o fueron reasignados a otras posiciones clave.
Sofía Macher, presidenta de la Misión, señaló que la reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero sostuvo que todavía no representa una transformación del sistema que hizo posibles esos abusos.
La Misión considera que, sin reformas de las instituciones de seguridad, independencia judicial e investigaciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos, los avances registrados podrían ser “frágiles y reversibles”.
64 nuevos casos de tortura investigados
Uno de los puntos más graves del documento se refiere a las condiciones de las personas privadas de libertad.
La Misión informó que investigó 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero de 2026, además de otros episodios de malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos.
Entre los centros mencionados se encuentra la prisión de máxima seguridad El Rodeo I, donde los investigadores documentaron prácticas como intubaciones forzadas y confinamientos prolongados dentro de una cisterna subterránea sellada conocida como “la máquina del tiempo”.
En el Fuerte Guaicaipuro, instalación militar, el informe describe casos de personas recluidas en espacios semejantes a fosas excavadas bajo tierra, sometidas al frío, privación de alimentos y otras prácticas que la Misión considera constitutivas de tortura o trato degradante.
El documento también advierte que cientos de detenidos enfrentan dificultades para acceder a agua potable, alimentación suficiente, medicamentos y atención médica.
Más de 200 detenciones arbitrarias
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos, de acuerdo con los datos recogidos por la Misión.
El 94% de esos arrestos ocurrió antes de terminar 2025, lo que refleja una reducción considerable durante 2026.
No obstante, después del 3 de enero los investigadores identificaron un patrón de detenciones arbitrarias de corta duración dirigidas principalmente contra activistas opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil, aparentemente con el propósito de intimidarlos.
Aunque las liberaciones redujeron de manera significativa el número de detenidos por razones políticas, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 379 y 500 personas permanecen encarceladas.
La ONU señala que la ausencia de información oficial, transparente y verificable impide determinar con precisión cuántas personas continúan detenidas, dónde se encuentran y cuál es su situación jurídica.
La Misión señala a los “colectivos”
El informe dedica especial atención a los denominados “colectivos”, grupos civiles armados favorables al gobierno.
Después de años de investigación, la Misión sostiene que estos grupos constituyen un componente importante del aparato represivo y del sistema de control político y social a nivel comunitario.
Los investigadores afirman haber encontrado indicios de relaciones prolongadas entre algunos colectivos y organismos estatales mediante respaldo político, financiamiento, apoyo logístico, coordinación operativa y protección institucional.
La Misión asegura además tener “motivos razonables para creer” que autoridades gubernamentales suministraron en distintos momentos a estos grupos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio.
Según el organismo de la ONU, algunos colectivos también habrían realizado tareas de vigilancia, localizado personas buscadas por organismos de seguridad y participado en la represión de manifestaciones y de opositores reales o percibidos.