Finanzas Públicas y Política. La censura que llega disfrazada de derechos. Por Héctor Saúl Téllez Hernández

Las multas elevadas no castigan solo el error: inducen el silencio preventivo. Y el silencio preventivo es, en la práctica, una forma de censura

Hay una forma elegante de restringir la libertad de expresión: hacerlo en nombre de quienes dicen proteger. Los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias llegan envueltos en ese lenguaje. Hablan de veracidad, de contexto, de tratamiento adecuado. Parecen técnicos. En realidad, abren una puerta peligrosa.

La Constitución es inequívoca. Los artículos 6 y 7 prohíben la inquisición sobre las ideas y establecen, con claridad casi pedagógica, que ninguna ley ni autoridad puede imponer la censura previa.

Sin embargo, cuando se introducen conceptos ambiguos y se faculta a una autoridad para revisar y sancionar lo que un medio decide transmitir, la frontera entre regulación y control se vuelve delgada. Las multas elevadas no castigan solo el error: inducen el silencio preventivo. Y el silencio preventivo es, en la práctica, una forma de censura.

El efecto no es abstracto. Se traduce en programas que desaparecen, entrevistas que nunca salen al aire, noticieros que suavizan las preguntas y reportajes que se archivan por temor al costo. La ciudadanía no pierde solo información: pierde la posibilidad de elegir entre distintas versiones de la realidad.

El contraste con la conferencia matutina presidencial es revelador. Mientras se pretende disciplinar a los medios privados con criterios de “veracidad”, el principal espacio de difusión del Estado opera como tribuna unilateral. Allí se señalan, se descalifican y se construyen relatos sin un mecanismo efectivo de réplica. El poder habla desde el micrófono oficial; el señalado queda, casi siempre, sin respuesta equivalente. Esa asimetría no es un detalle. Es el corazón del problema.

Una democracia no se fortalece cuando el gobierno define qué información es aceptable. Se fortalece cuando existe pluralidad real, cuando los ciudadanos pueden contrastar versiones y cuando quienes son aludidos desde la máxima tribuna del país tienen la posibilidad de defenderse. Regular los medios sin regular con la misma exigencia el uso de los recursos públicos para la comunicación oficial no es coherencia: es privilegio.

Por eso resulta indispensable impulsar una iniciativa que establezca reglas claras para las conferencias matutinas. Una regulación que las reconozca como espacios de difusión gubernamental sujetos a principios de equilibrio, y que garantice un derecho de réplica efectivo y oportuno a las personas o instituciones señaladas con información inexacta o descalificaciones. No se trata de silenciar al gobierno. Se trata de impedir que el poder hable sin contrapesos.

Los derechos de las audiencias existen y deben protegerse. Pero convertirlos en instrumento de supervisión editorial del Estado, mientras se mantiene intacta la tribuna oficial sin reglas equivalentes, es el riesgo de construir un sistema desigual. Y en una democracia, la desigualdad informativa nunca es inocente.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista