Una Historia para Compartir. Nos culparon por años del huachicol fiscal, ellos eran los criminales. Por Saúl Monreal Ávila

Hay delitos que lastiman las finanzas públicas y otros que, además, ponen a prueba la credibilidad de las instituciones, el llamado huachicol fiscal pertenece a esta segunda categoría, no es tan simple como el robo de combustible mediante tomas clandestinas, sino de una sofisticada red de defraudación que utiliza empresas, operaciones aduaneras, documentación falsa y esquemas de evasión para introducir hidrocarburos al país sin pagar los impuestos correspondientes. Es delincuencia organizada con apariencia de legalidad.

La reciente detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y de otros presuntos integrantes de una red investigada por la Fiscalía General de la República debe analizarse con responsabilidad. Corresponderá a los tribunales determinar su responsabilidad penal, pues toda persona goza de la presunción de inocencia; sin embargo, en México ya no existen intocables ni personajes inalcanzables cuando existen elementos para judicializar un caso, hay pruebas, debido proceso y una investigación.

No como la oposición quiere, ellos piden que se arresten personajes políticos, sin una sola prueba.

Las investigaciones federales vinculan esta red con uno de los mayores aseguramientos de combustible registrados en nuestro país de alrededor de 15.5 millones de litros, además de decenas de autotanques e infraestructura utilizada presuntamente para el almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Estamos frente a un delito que no solo evade miles de millones de pesos en contribuciones, sino que también distorsiona la competencia económica, fortalece estructuras criminales y debilita gravemente las finanzas públicas de México.

Desde 2018, el Gobierno de México emprendió una estrategia integral para combatir el robo de combustibles, primero enfrentó el llamado huachicol tradicional mediante la vigilancia de ductos, la participación de las Fuerzas Armadas y la coordinación con Pemex. Posteriormente, las investigaciones se concentraron en el combate al huachicol fiscal, fortaleciendo la coordinación entre la Fiscalía General de la República, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y las instituciones de seguridad.

Lo verdaderamente revelador no es únicamente la magnitud de los aseguramientos, sino la reacción de quienes durante años exigieron llegar "hasta las últimas consecuencias". Hoy, cuando las investigaciones alcanzan a un personaje emblemático de la oposición, el discurso cambia.

Quienes antes reclamaban firmeza ahora hablan de persecución política; quienes pedían aplicar la ley sin distingos hoy solicitan prudencia solo porque uno de los señalados pertenece a sus filas.

La congruencia democrática exige exactamente lo contrario, si durante años se sostuvo que la ley debía aplicarse sin privilegios, ese principio debe mantenerse independientemente del partido político al que pertenezcan los investigados. La justicia pierde legitimidad cuando se pretende convertir en persecución aquello que antes se exigía como obligación del Estado.

La defensa del Estado de derecho implica respaldar instituciones capaces de investigar con autonomía, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero también actuando con firmeza frente a quienes han dañado el patrimonio nacional.

México necesita una oposición crítica, sí, pero también coherente.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista