Alcaldes del Urban 20 llaman al G20 a dar más poder y recursos a las ciudades
Alcaldes y dirigentes urbanos de distintas regiones del mundo reunidos en el marco del Urban 20 (U20) presentaron en Nueva York un comunicado conjunto en el que reclamaron a los gobiernos del G20 una mayor participación de las ciudades en las decisiones globales, así como más facultades y recursos para enfrentar la crisis de vivienda, el cambio climático y los desafíos derivados de la migración.
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Entre las ciudades cuyos dirigentes respaldaron el comunicado aparecen Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Roma, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, Toronto, Montreal, Seúl, Sídney, Ámsterdam y Milán, entre otras.
Por la Ciudad de México figura la jefa de Gobierno Clara Brugada; por Nueva York, el alcalde Zohran Kwame Mamdani; y por Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass.
Los firmantes sostienen que el encuentro ocurre en un momento de “profunda incertidumbre” internacional, marcado por conflictos, tensiones geopolíticas, desigualdad, presión sobre los servicios públicos y debilitamiento de la cooperación multilateral.
Según el comunicado, las ciudades que integran el U20 representan en conjunto a más de 500 millones de personas y más de un tercio del producto interno bruto mundial, por lo que los alcaldes consideran que los gobiernos locales deben tener una presencia más directa en las decisiones internacionales que terminan afectando a sus habitantes.
Tres prioridades para el U20
El U20 concentró sus propuestas de 2026 en tres grandes áreas: vivienda asequible, transición energética y resiliencia climática, y migración.
Los alcaldes pidieron además que los gobiernos nacionales transfieran a las ciudades mayores competencias y recursos para aplicar las políticas acordadas internacionalmente.
Vivienda asequible y atención a las personas sin hogar
El primer eje del comunicado se centra en la vivienda.
El comunicado califica la falta de hogares asequibles como una crisis internacional y sostiene que una vivienda adecuada debe reconocerse como un derecho fundamental.
Los dirigentes urbanos advierten que el aumento de precios está expulsando a familias trabajadoras de las ciudades, incrementando la falta de vivienda y ampliando los asentamientos informales.
Entre las medidas señaladas aparecen mecanismos de protección a inquilinos, regulación de alquileres de corta duración, cuotas de vivienda asequible, cooperativas, fideicomisos comunitarios de suelo y conversión de propiedades vacías o inmuebles comerciales en vivienda.
El documento también propone utilizar suelo público y ampliar los mecanismos de financiamiento para proyectos habitacionales.
Los alcaldes pidieron al G20 que facilite a las ciudades financiamiento público previsible y acceso directo a recursos internacionales destinados a vivienda, incluso mediante bancos multilaterales de desarrollo y otros fondos globales.
Acción climática y transición energética
El segundo eje del comunicado se centra en el cambio climático.
El U20 sostiene que la dependencia continuada de los combustibles fósiles agrava los riesgos para la población, la infraestructura y la salud pública, y afirma que las ciudades desempeñan un papel fundamental tanto en la reducción de emisiones como en la adaptación a fenómenos como inundaciones, sequías, incendios y olas de calor.
Los gobiernos locales plantean reducir estructuralmente la demanda de combustibles fósiles, ampliar el transporte público impulsado por energías renovables, adoptar códigos de construcción verde, desarrollar infraestructura resiliente y utilizar herramientas tecnológicas —incluida la inteligencia artificial— para mejorar la predicción de riesgos y la elaboración de políticas ambientales.
También solicitan que las ciudades puedan acceder directamente a fondos climáticos internacionales, participen en las estrategias nacionales de transición energética y reciban datos meteorológicos y sanitarios suficientemente detallados para desarrollar sistemas de alerta temprana.
Migración con mayor participación de las ciudades
El tercer gran tema es la migración y la movilidad humana.
El documento destaca que las ciudades soportan buena parte de la responsabilidad práctica y del costo de recibir e integrar a migrantes y desplazados, pese a que las principales decisiones y presupuestos migratorios siguen dependiendo de los gobiernos nacionales.
Los alcaldes proponen que las ciudades tengan una participación institucional en el diseño de las políticas migratorias nacionales y reclaman fondos específicos para servicios de recepción, integración, vivienda, salud, educación y capacitación laboral.
También piden garantizar el acceso a servicios básicos dentro de los marcos legales nacionales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El comunicado relaciona además la migración con el cambio climático y solicita políticas específicas para las personas desplazadas por fenómenos ambientales, junto con vías de migración laboral “seguras, ordenadas y regulares”, reconocimiento de capacidades profesionales y mayores oportunidades de capacitación y empleo.
Defensa de la cooperación internacional
Más allá de los tres ejes, el U20 hizo un llamado a la paz y a la resolución de los conflictos internacionales y reafirmó su respaldo a los derechos humanos, la igualdad de género, la gobernanza democrática, el derecho internacional humanitario y las resoluciones de Naciones Unidas.
El documento concluye señalando que las ciudades no deben ser consideradas únicamente receptoras de las decisiones adoptadas por los gobiernos nacionales, sino actores capaces de intervenir en la construcción de políticas globales y de convertir los compromisos internacionales en medidas concretas a nivel local.