Una Historia para Compartir. México protege la ley, no a los criminales. Por Saúl Monreal Ávila
México, en este tiempo de la 4T, es cuando más resultados ha dado en el combate al crimen organizado. No necesita elegir entre combatir al crimen organizado o defender su soberanía, un Estado democrático está obligado a hacer ambas cosas simultáneamente
En las últimas semanas se ha instalado un falso dilema en la discusión pública: la derecha pretende presentar la exigencia del Estado mexicano de esclarecer la actuación del FBI en la captura y traslado de Ismael "”El Mayo” Zambada como si se tratara de una defensa del crimen organizado. Vaya su extravío intelectual y ahora moral, esa interpretación no sólo es deshonesta y mentirosa, sino jurídicamente insostenible.
En México no protegemos capos; protegemos la Constitución, el Estado de derecho y la soberanía nacional.
Hace unos días escuché, al salir de un restaurante, una conversación que resume con precisión la lógica de un sector de la oposición. Uno de los presentes decía: “¿Cómo es posible que el gobierno de México le exija a Estados Unidos que cumpla las leyes mexicanas?
Si vienen a combatir al narcotráfico, que hagan lo que tengan que hacer, lo que quieran”. Aquella frase revela una preocupante renuncia al principio más elemental de cualquier Estado soberano, que nadie, absolutamente nadie, puede actuar por encima de la ley.
El debate nunca ha consistido en defender a un delincuente, Ismael Zambada ya ha sido confeso y juzgado, él deberá responder por los delitos que se le imputan ante los tribunales competentes.
Lo que hoy se discute es otra cosa, si una agencia extranjera intervino en territorio mexicano sin autorización, si se violaron tratados internacionales, si se ignoraron los mecanismos de cooperación bilateral y si se vulneró la Constitución mexicana, son preguntas legítimas que cualquier gobierno responsable está obligado a formular.
Resulta paradójico que quienes durante décadas invocaron el respeto al orden jurídico hoy sostengan que las leyes pueden ignorarse cuando el infractor es un gobierno extranjero. Esa postura representa una peligrosa concepción utilitarista del derecho: las normas sólo importan cuando favorecen sus intereses políticos y le pueden sacar jugo. Vaya posición tan despreciable.
Más preocupante aún es escuchar voces que, movidas por su rencor u odio hacia la Cuarta Transformación, normalizan la posibilidad de una intervención extranjera en México. Para algunos sectores conservadores parece no importar que se violen tratados internacionales, la legislación en materia de seguridad nacional o incluso la propia Constitución. Lo verdaderamente importante, desde esa óptica, sería debilitar políticamente al gobierno mexicano, aun a costa de sacrificar principios fundamentales del orden constitucional.
La historia demuestra que ningún país serio construye instituciones aceptando que gobiernos extranjeros operen discrecionalmente dentro de su territorio. La cooperación internacional en materia de seguridad es indispensable, pero sólo puede desarrollarse bajo reglas claras, respeto mutuo y mecanismos legales previamente establecidos. De otra manera deja de ser cooperación para convertirse en una injerencia incompatible con el derecho internacional.
Los opositores al gobierno mienten siempre, exigir explicaciones no significa proteger criminales; significa defender la dignidad jurídica del Estado mexicano, pero a ellos no les importa ni el país, ni el derecho, solo quieren confundir usando esa mentira.
México, en este tiempo de la 4T, es cuando más resultados ha dado en el combate al crimen organizado. No necesita elegir entre combatir al crimen organizado o defender su soberanía, un Estado democrático está obligado a hacer ambas cosas simultáneamente.
La verdadera fortaleza institucional consiste precisamente en perseguir a quienes delinquen sin renunciar jamás al imperio de la ley. Porque cuando las leyes dejan de importar para combatir a un delincuente, tarde o temprano dejan de importar para proteger a los ciudadanos. Y ese sería un precio demasiado alto para cualquier democracia.
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