Una Historia para Compartir. En tiempos de libertad, ellos prefieren fabricar censura. Por Saúl Monreal Ávila
La memoria selectiva de los nuevos “defensores” de la libertad de expresión.
Durante años México conoció muchas formas concretas, documentadas y estructurales de censura.
No eran rumores fabricados en redes sociales ni interpretaciones apresuradas ante la salida de un conductor de televisión, eran mecanismos de control político sobre los medios de comunicación que condicionaban contenidos, premiaban lealtades y castigaban disidencias.
Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto existieron prácticas que marcaron profundamente la relación entre poder público y medios.
El llamado acuerdo para la cobertura de la violencia estableció criterios que limitaron la manera en que distintos medios informaban sobre la criminalidad y la violencia, durante el peñismo, el gasto millonario en comunicación social y publicidad oficial se convirtió en un poderoso instrumento de relación política con empresas mediáticas. No era solamente comprar espacios, era construir condiciones para que la línea editorial resultara funcional al poder.
Ese pasado, parece haber sido convenientemente borrado por quienes hoy pretenden presentar como “censura” cualquier decisión que implique la línea editorial de una empresa o incluso la salida de un locutor, comentarista o periodista.
El mecanismo discursivo es elemental, un periodista deja un programa, una empresa modifica su programación, termina una relación laboral o cancela un espacio y, prácticamente de inmediato, determinadas cuentas comienzan a fabricar una narrativa: “fue Morena”, “fue censura”, “el gobierno ordenó su salida”. Después llegan los comentaristas, los influencers y las cuentas coordinadas a convertir una decisión empresarial en una supuesta operación de Estado.
El problema no es que cuestionen al gobierno, tienen todo el derecho de hacerlo. El problema es la ausencia absoluta de rigor cuando convierten una hipótesis en sentencia y una sospecha en hecho.
La libertad de expresión no puede defenderse mediante desinformación, tampoco puede confundirse el derecho de las audiencias (que busca precisamente garantizar pluralidad, información veraz, responsabilidad y respeto a quienes reciben contenidos) con una mordaza. Quienes más se dicen ofendidos por ese concepto son, casualmente, quienes más mienten.
Y hay algo todavía más elemental, si un periodista es despedido por una empresa privada, la primera pregunta debe dirigirse al periodista, al propietario o a la dirección del medio, no a Palacio Nacional.
Hasta ahora, en los casos recientes utilizados para construir esta narrativa, no se ha demostrado que el gobierno de la Cuarta Transformación haya ordenado despido alguno de periodistas.
No existe una prueba que permita convertir esas acusaciones en hechos, sin embargo, misteriosamente, inician las conversaciones digitales creadas quien sabe de dónde, los hashtags, la construcción de nodos y la amplificación del tema a través de bots y granjas de perfiles automáticos con ese fin.
Y es que, la Cuarta Transformación no necesita censurar a sus críticos, nosotros creemos en la libertad de expresión porque luchamos durante años para ampliarla, no para restringirla. Y precisamente por eso seguiremos defendiendo que nadie sea censurado por sus ideas, pero también que nadie pueda utilizar la palabra “censura” como herramienta propagandística para fabricar una mentira; la libertad exige derechos, pero también exige rigor.
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