Trump presiona a los estados de EU con fondos federales para imponer controles electorales
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido como DHS, anunció nuevas condiciones que los gobiernos estatales y otros beneficiarios deberán cumplir para recibir íntegramente recursos federales administrados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA.
El DHS exigirá a los estados utilizar papeletas marcadas a mano, efectuar auditorías posteriores a las elecciones y verificar la ciudadanía de votantes y trabajadores electorales para recibir la totalidad de determinadas subvenciones federales.
Las disposiciones fueron incluidas en la convocatoria correspondiente al Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional de 2026 y forman parte de un paquete de aproximadamente 1,100 millones de dólares destinado a preparar a estados, territorios, comunidades tribales y gobiernos locales frente a amenazas terroristas, ciberataques y otros riesgos de seguridad nacional.
El DHS sostuvo que la protección de la infraestructura electoral debe considerarse un asunto de seguridad nacional y afirmó que las amenazas contra los sistemas de votación incluyen la injerencia extranjera, los ataques cibernéticos y posibles acciones de personas con acceso interno.
"La seguridad electoral es seguridad nacional y la protección de la infraestructura crítica del país es una prioridad absoluta", declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin, quien aseguró que las nuevas condiciones buscan preservar la integridad de los comicios y fortalecer la confianza pública en los resultados.
Papeletas marcadas a mano y eliminación de códigos de barras
Entre las principales medidas, los estados deberán presentar un plan para abandonar progresivamente los sistemas electrónicos que utilizan códigos de barras o códigos QR como registro utilizado para contabilizar los votos.
En su lugar, deberán emplear equipos compatibles con papeletas de papel marcadas directamente por los electores.
Según el DHS, este procedimiento ofrecería un registro físico verificable y permitiría detectar errores o irregularidades durante los recuentos.
La medida no supone necesariamente la eliminación de todos los dispositivos electrónicos utilizados en las casillas, pero sí exige que el voto verificable y utilizado para el escrutinio quede expresado directamente en una papeleta de papel.
Auditoría manual del 5 % de las papeletas
Después de cada elección federal, los estados beneficiarios deberán efectuar una auditoría manual de al menos el 5 por ciento de todas las papeletas emitidas.
El procedimiento consistirá en seleccionar una muestra de votos y contarlos físicamente para comparar los resultados con los registrados por las máquinas.
También tendrán que conciliar el número de electores que participaron con la cantidad de votos emitidos, con el objetivo de identificar posibles diferencias antes de la certificación oficial de los resultados.
Verificación de ciudadanía mediante el sistema SAVE
Otro de los requisitos establece que, dentro de los 120 días posteriores a la aceptación de la subvención, los estados deberán utilizar el sistema federal SAVE para verificar la ciudadanía de todas las personas incluidas en sus bases de datos de registro electoral.
SAVE, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, fue creado originalmente para verificar la condición migratoria de personas que solicitan determinados beneficios públicos.
Los estados también deberán recurrir a SAVE o a otro sistema gubernamental autorizado para revisar la ciudadanía de quienes trabajen en los centros de votación o tengan acceso a la operación de sistemas electorales.
El DHS sostiene que estas verificaciones contribuirán a garantizar que únicamente ciudadanos estadounidenses elegibles permanezcan registrados y que las personas encargadas de administrar los comicios cumplan los requisitos establecidos.
FEMA retendrá el 20 % de los recursos
FEMA podrá retener el 20 % del monto total concedido a cada beneficiario hasta que presente pruebas de cumplimiento y el DHS las revise.
Los programas son voluntarios, por lo que los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales no están obligados a solicitar los recursos.
Sin embargo, quienes acepten las subvenciones deberán sujetarse a sus términos y condiciones.
La Administración Trump argumentó que condicionar los fondos permite exigir mayor rendición de cuentas sobre el uso del dinero público y vincular las subvenciones de seguridad nacional con la protección de la infraestructura electoral.
Las nuevas condiciones podrían enfrentar impugnaciones
La obligación de utilizar SAVE se produce en medio de una disputa judicial sobre la legalidad, precisión y protección de datos del sistema.
El 22 de junio de 2026, la jueza federal Sparkle Sooknanan anuló modificaciones que habían permitido incorporar información de ciudadanos nacidos en Estados Unidos, consultar datos de la Administración del Seguro Social y realizar búsquedas masivas.
La resolución concluyó que las agencias federales habían centralizado información personal sensible y utilizado datos de ciudadanía que podían resultar poco fiables, con el riesgo de que electores elegibles fueran identificados incorrectamente.
Sin embargo, otro juez federal ordenó posteriormente restablecer determinadas funciones de SAVE para Florida, Ohio, Iowa e Indiana, al considerar que su suspensión contravenía un acuerdo judicial previo.
Las decisiones contradictorias mantienen el asunto en litigio mientras el Gobierno tramita una apelación.
Por ese motivo, el propio aviso del DHS contempla que, cuando las funciones de SAVE estén limitadas por órdenes judiciales, los estados puedan remitir información individual al USCIS para solicitar búsquedas en los registros migratorios.
Debate sobre competencias estatales
La decisión también podría generar controversia porque las elecciones federales en Estados Unidos son organizadas principalmente por cada estado.
Aunque el Gobierno federal puede establecer condiciones para la entrega de fondos voluntarios, especialistas y organizaciones de derechos electorales podrían cuestionar si las nuevas reglas representan una presión indebida para imponer cambios nacionales mediante subvenciones que originalmente estaban orientadas a la prevención del terrorismo y otras amenazas.
Reuters señaló que los programas involucrados existen desde hace años y no fueron creados específicamente para financiar medidas electorales, aunque el Gobierno incorporó ahora la seguridad de los comicios como requisito para acceder plenamente a esos recursos.
Las disposiciones fueron anunciadas cuatro meses antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2026, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado estadounidense.