Senado de Estados Unidos confirma a Jay Clayton como jefe de Inteligencia de EU; encabezó fiscalía que acusó a Rubén Rocha Moya
El Senado de Estados Unidos confirmó ayer a Walter “Jay” Clayton III como nuevo director de Inteligencia Nacional, uno de los cargos más importantes dentro de la estructura de seguridad del Gobierno estadounidense.
La confirmación se produjo el martes 28 de julio de 2026, mediante una votación de 51 votos a favor y 47 en contra, según el registro oficial del Senado estadounidense.
Posteriormente, Clayton compareció ante el Comité de Inteligencia del Senado, donde explicó que el director de Inteligencia Nacional debe coordinar a las agencias, supervisar el Programa Nacional de Inteligencia y mantener informado al Congreso sobre las actividades de la comunidad de inteligencia.
Desde su nueva oficina, Jay Clayton tendrá la responsabilidad de coordinar las actividades de las 18 agencias que integran la comunidad de inteligencia estadounidense, además de fungir como principal asesor del presidente Donald Trump en materia de inteligencia y amenazas a la seguridad nacional.
El presidente Donald Trump envió formalmente la nominación de Jay Clayton al Senado el 11 de junio de 2026.
Clayton sustituyó al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional al funcionario que ocupaba interinamente el puesto: William J. “Bill” Pulte, quien había sido designado por Trump el 4 de junio de 2026.
Breve biografía de Jay Clayton
Walter J. “Jay” Clayton III es un abogado, regulador financiero y funcionario estadounidense que se desempeñó como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las fiscalías más influyentes de Estados Unidos.
Durante su gestión, la oficina concentró sus esfuerzos en combatir la violencia armada, las pandillas, el narcotráfico internacional, la trata de personas, la explotación infantil, el terrorismo, los ciberataques, el fraude financiero y el lavado de dinero.
Bajo su conducción se desarrollaron casos contra redes de distribución de fentanilo, organizaciones criminales, responsables de delitos sexuales, empresarios acusados de fraude y figuras vinculadas con el narcotráfico internacional.
Clayton también presidió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos —SEC— entre mayo de 2017 y diciembre de 2020.
Durante ese periodo, la institución emprendió más de 2,300 acciones coercitivas, impuso más de 10 mil millones de dólares en multas y restituciones y devolvió más de 3 mil millones de dólares a inversionistas afectados.
En el sector privado fue socio del despacho Sullivan & Cromwell, presidente de Apollo Global Management y miembro del consejo de administración de American Express.
También ha impartido clases en la Universidad de Pensilvania y en la Escuela de Negocios Wharton.
Es ingeniero por la Universidad de Pensilvania, cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Economía por la Universidad de Cambridge y obtuvo el título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Está autorizado para ejercer en Nueva York y Washington, D.C.
La acusación contra Rubén Rocha Moya
El nombre de Jay Clayton también tiene relación directa con uno de los expedientes estadounidenses de mayor impacto político para México.
El 29 de abril de 2026, cuando Clayton encabezaba la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, su oficina y la Administración para el Control de Drogas —DEA— anunciaron la apertura de una acusación federal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales.
La acusación sostiene que los señalados presuntamente colaboraron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos, protección y respaldo político.
Además de Rocha Moya, el expediente menciona, entre otros, a Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil.
Los cargos incluyen conspiración para traficar drogas y delitos relacionados con armas de fuego.
Al anunciar el caso, Clayton afirmó que organizaciones como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con la misma libertad sin la presunta colaboración de políticos y agentes de seguridad corruptos incluidos en sus nóminas.