Miscelánea, Salud y Política. De periodistas y la ley de la selva. Judith Álamo López

Los periodistas tienen una misión y un apostolado: la búsqueda humilde de la verdad para hacer que el mundo sea menos oscuro y que las personas tengan herramientas para ser libres»: Papa Francisco

Este miércoles 29 de julio la Fundación de Comunicadores y periodistas Latinoamericanos, A.C. (FCPLATAM) presentó el libro: Soy Periodista. La verdad no necesita permiso, editorial Lebrí, primera publicación de una colección. Reúne relatos de 23 periodistas y comunicadores en activo, quienes han contribuido con su grano de arena a construir la memoria viva del oficio en México.

La obra editorial fue coordinada por Luis Miguel Alarcón y Javier López González, presidente y director editorial de FCPLATAM, quienes también participan con narraciones en esta obra colectiva, prologada por Víctor Sánchez Baños, con la participación de: Elías Chávez, Rafael García Garza, Lourdes Mendoza, Edgar Hernández, Luis Cárdenas, Arnulfo Domínguez Cordero, Octavio Campos Ortiz, Martín de Jesús Takagui y quien escribe esta columna, entre otros colegas.

El tema da para reflexionar sobre la labor social de los periodistas quienes cada día salen a reportear notas con la convicción de que serán portadores de información para que la comunidad que cubren con sus medios esté enterada de lo que realizan sus autoridades, intelectuales, artistas, deportistas y otros sectores públicos, privados o sociales.

Algunos están conscientes de que «el periodismo es el primer borrador de la historia" (como afirmó Philip Graham), y pulen sus notas informativas para la trascendencia: crónicas o artículos de fondo, editoriales, caricaturas o fotorreportajes.

Quienes se dedican al diarismo cumplen con informar, como decía Ryszard Kapuściński: «Los periodistas somos los ojos de la sociedad, los que registran el dolor y la esperanza», y el ideal es que se apliquen los valores éticos de informar con veracidad y honestidad a la sociedad civil, de la que forman parte.

Otros reporteros, más especializados, se dedican al periodismo investigativo y crítico, requieren mayor tiempo para hilar con pruebas historias de denuncia contra defraudadores, bandas o carteles criminales, para desenmascarar a políticos corruptos, a falsos profetas religiosos o empresarios coludidos con delincuentes.

En México la libertad de expresión está amenazada: del año 2000 a la fecha la organización Artículo 19 ha documentado 180 asesinatos y 32 desapariciones de periodistas.

Entre las causas están: haber denunciado a políticos corruptos, a empresarios y funcionarios públicos aliados con delincuentes, a cabecillas de carteles criminales narcotraficantes, secuestradores, tratantes de blancas, despojadores o invasores de bienes raíces o tierras, entre otros delitos.

Para Estados Unidos y otros países de Sudamérica y Europa, México se convirtió en un narcoestado, sin garantías a la vida de los periodistas, es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, incluidas zonas en guerra activa.

La impunidad en nuestro país es estructural, más del 90% de los asesinatos y agresiones contra comunicadores no reciben una sentencia condenatoria (UNESCO y otras ONG).

Y es que cuando un gobierno prioriza su permanencia en el poder sobre la aplicación de la ley y sacrifica el estado de derecho, el orden y la justicia para conseguirlo, no se trata simplemente de una Administración deficiente, sino de un Estado negligente.

Si agregamos que hay demasiados indicios de que desde las más altas esferas del poder se protege a políticos coludidos con bandas criminales, entonces pasamos a ser un Estado criminal o fallido.

El Estado mexicano vive condiciones de deterioro sistemático de la legalidad y la moral social, cada día hay noticias que nos hablan de negligencia administrativa gubernamental.

Pongamos el caso de la Academia Militar Marina Doenitz la cual atrae la atención pública cuando se difunde el asesinato en sus instalaciones de una adolescente de 13 años de edad—Dafne Zapata Quintos-- durante un campamento de verano.

Acude a la Fiscalía del estado de Tamaulipas una joven de 18 años empleada de la Academia a declarar voluntariamente sobre el caso y es detenida, ella revela que en la academia fue abusada sexualmente cuando era menor de edad y se multiplican las denuncias. La academia parece ser un lugar de horror y de abuso infantil.

Lo peor es que la administración gubernamental en la cresta del escándalo a través del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reveló que las escuelas militarizadas no están permitidas en México.

Al parecer tampoco están prohibidas. Así de laxo es el régimen legal, ya que cuando menos operan 25 escuelas militarizadas en el país desde hace medio siglo. Ante los hechos, el titular de la SEP anuncia que serán revisadas. Como dice la conseja popular: "Luego del niño ahogado, tapan el pozo".

El caso de la UNAM y su examen de admisión para carreras universitarias es otro ejemplo de moral decadente: contrataron a la empresa Territorium Life para aplicar el examen de forma virtual, se pagaron casi 102 millones de pesos por el software con 20 candados de Inteligencia Artificial, pero eso no impidió que se vulneraran los sistemas de supervisión.

El examen y sus respuestas fueron vendidos a través de WhatsApp y Telegram, a un costo entre 30 mil y 50 mil pesos. Este fraude evidenció la falta de escrúpulos entre aspirantes a educación superior o quizá que hay intereses externos para quebrantar la autonomía universitaria. La presidente de la República ofreció ayuda "desinteresada", cuando ellos mismos han sido hackeados en áreas de Atención Ciudadana y el SAT.

Entre las anomalías identificadas por la UNAM están: incrementos desproporcionados en los puntajes mínimos y calificaciones perfectas, por lo que descalificó a 3 mil 174 aspirantes en forma directa.

Con el fin de evaluar el alcance de los daños se creó una Comisión Técnica, aunque todavía no lo den a conocer varios especialistas coinciden en que no hay otra salida, se tendrá que repetir el examen de manera presencial.

Recordemos la elección judicial, donde hubo acordeones para elegir a los jueces y magistrados afines al régimen, aunque no cumplieran con el promedio mínimo de 8; como fue el caso de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien no cumplió ese requisito, pero obtuvo la plaza con el padrinazgo de Arturo Zaldívar. (Elena Chávez. YouTube)

La jueza Ramírez de la Vega con un día de estudio del caso ordenó la inmediata aprehensión de Ernesto Ruffo Apple, el exgobernador de Baja California, quien fue encarcelado en un penal de alta seguridad, como si fuera uno de los peores criminales. Se trata del primer gobernador de oposición (del PAN) en la historia nacional, pero ya se disputa electoralmente la gubernatura de esa entidad fronteriza.

No podemos aceptar un gobierno que aplica justicia selectiva, mientras los opositores no tienen el debido proceso, los morenistas presuntos responsables de nexos con carteles del narcotráfico gozan de total impunidad.

Avanza la desconfianza en el sistema de justicia mexicano, en la capacidad del Estado para acabar con la violencia, las extorsiones a empresas productivas nacionales y extranjeras. En riesgo está nuestro futuro económico y comercial al igual que se resquebraja la moral pública y se rompe el tejido social.

Ya llegamos al colmo, en Zacatecas las bandas criminales asesinan con salvajismo y se victimizan, señalan en mantas la culpa es del gobierno estatal por romper "acuerdos" ilegales, así de complejo está el entramado de la connivencia. Varios países ya usan el término "mexicanización" para hablar de avances en sus naciones de la corrupción, el poder delincuencial y la impunidad.

Y por si faltara algo más, la presidente Sheinbaum en una gira por Tulum, Quintana Roo, aconsejó al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza, privilegiar el sentido común y el bienestar de la gente por encima de las normas, y literalmente le dijo: "No cumplas con la norma". Si así piensa la máxima autoridad, pobre México, avanza hacia la ley de la selva.

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