Milei anuncia una profunda reforma del Banco Central argentino para prohibir el financiamiento del Estado
El presidente argentino presentó desde la Casa Rosada un paquete de reformas que busca devolver al Banco Central la misión exclusiva de preservar el valor de la moneda, impedir la emisión destinada a financiar el gasto público y reforzar la autonomía de sus autoridades. También anunció un “grillete fiscal” y cambios en los mercados de capitales y seguros.
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este jueves 30 de julio una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, con la que pretende prohibir de manera expresa el financiamiento monetario del Estado y limitar la intervención de la política en las decisiones de la autoridad monetaria.
Durante un mensaje transmitido desde la Casa Rosada, Milei calificó la iniciativa como parte del “conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, periodo que toma como referencia la creación del Banco Central en 1935.
El mandatario afirmó que la emisión de dinero para financiar al sector público constituye una forma de apropiación del poder adquisitivo de la población mediante el denominado “impuesto inflacionario”. En ese contexto, responsabilizó a sucesivos gobiernos por utilizar al Banco Central para cubrir déficits fiscales y financiar el gasto público.
Milei sostuvo que la inflación acumulada desde la creación de la institución asciende a 12.819.532.788.614.400.000%, mientras que desde el abandono del régimen de convertibilidad la suba acumulada de los precios sería de aproximadamente 168.580%. Estas cifras fueron presentadas por el presidente durante su discurso y forman parte de la argumentación política con la que justificó la reforma.
Los principales cambios en el Banco Central
La nueva Carta Orgánica estará basada en cinco modificaciones fundamentales.
La primera consiste en establecer nuevamente como misión principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda. El Gobierno busca eliminar la multiplicidad de objetivos incorporados en la reforma de 2012, que encomendó a la entidad promover no solamente la estabilidad monetaria, sino también la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Según Milei, la existencia de varios objetivos permite utilizar la política monetaria con fines diferentes al control de la inflación. Su administración sostiene que el aumento sostenido de los precios es fundamentalmente un fenómeno monetario provocado por un exceso de oferta de dinero o por una caída en su demanda.
El segundo cambio será la prohibición taxativa de financiar al Estado, tanto de manera directa como indirecta. La restricción alcanzará al Tesoro nacional, a los gobiernos provinciales y a los municipios, además de impedir que el Banco Central compre títulos públicos nacionales en el mercado primario.
La propuesta busca evitar que la autoridad monetaria emita pesos para cubrir desequilibrios fiscales. De acuerdo con la presentación presidencial, esa práctica será considerada una forma de falsificación monetaria y podrá derivar en responsabilidades para los funcionarios que participen en ella.
La iniciativa necesita la aprobación del Congreso y pretende acercar al Banco Central argentino a modelos institucionales en los que las autoridades monetarias mantienen mayor autonomía respecto de los gobiernos.
Mayor protección para las autoridades monetarias
El tercer punto busca reforzar la estabilidad del presidente y del directorio del Banco Central frente a eventuales presiones políticas.
Aunque se conservará el actual procedimiento de nombramiento, la remoción de las autoridades será más exigente. El Gobierno propondrá que se necesite una mayoría de dos tercios de la Cámara de Senadores y dos tercios de la Cámara de Diputados para destituir al presidente o a los integrantes del directorio.
Milei argumentó que en distintos momentos de la historia argentina la sustitución de las autoridades monetarias estuvo relacionada con intentos de flexibilizar la política monetaria y aumentar el financiamiento del gasto público.
No obstante, especialistas citados por Reuters advirtieron que, al tratarse de una modificación realizada mediante una ley ordinaria, una futura mayoría legislativa podría volver a cambiar la Carta Orgánica.
Restricciones al giro de utilidades
La cuarta modificación estará relacionada con los resultados contables y el pago de dividendos del Banco Central.
El proyecto establecerá que los activos existentes al 31 de diciembre de 2026 sean contabilizados en unidades físicas. Los resultados derivados únicamente del aumento del precio de esos activos serán destinados a una reserva técnica no distribuible, por lo que no podrán ser transferidos al Gobierno como si fueran ganancias efectivamente realizadas.
Asimismo, los beneficios obtenidos por la administración de la cartera del Banco Central únicamente podrán ser enviados al Tesoro para cancelar deuda pública.
El quinto punto eliminará diferentes disposiciones introducidas por la reforma de 2012 y pondrá fin al mecanismo de las denominadas letras intransferibles, instrumentos entregados por el Tesoro al Banco Central a cambio de reservas internacionales.
Milei también cuestionó la utilización de reservas durante los gobiernos anteriores, especialmente la creación del Fondo del Bicentenario en 2010 y la posterior modificación de la Carta Orgánica durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Las acusaciones y caracterizaciones realizadas sobre esos episodios corresponden al discurso político del mandatario.
Un “grillete fiscal” contra el déficit
La reforma del Banco Central estará acompañada por un proyecto denominado “grillete fiscal”, una regla permanente destinada a impedir que Argentina apruebe o mantenga presupuestos deficitarios.
El mecanismo establece que, cuando el resultado fiscal permanezca en terreno negativo durante varios meses consecutivos, el Congreso dispondrá de un plazo para restablecer el equilibrio. En caso de no hacerlo, se activará automáticamente una suspensión parcial de las actividades no esenciales del Estado, similar al llamado shutdown estadounidense.
Durante ese periodo se congelarían los gastos nuevos, las contrataciones de personal, la adjudicación de contratos públicos y las transferencias discrecionales a las provincias.
Además, dejarían temporalmente de cobrar sus salarios el presidente, el vicepresidente, los ministros, secretarios, subsecretarios, diputados y senadores.
Milei aclaró que la medida no afectaría las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo ni los servicios esenciales relacionados con la salud, la seguridad, la defensa nacional y el sistema penitenciario.
Reformas en capitales y seguros
El paquete anunciado contempla también una liberalización del mercado de capitales, con el objetivo de canalizar el ahorro privado hacia proyectos productivos.
Entre los cambios se permitirá que las empresas emitan bonos corporativos en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. También se flexibilizarán las normas del financiamiento colectivo o crowdfunding.
El Gobierno enviará además una reforma del mercado de seguros que permitirá a las compañías diseñar y ofrecer productos sin autorización previa del organismo regulador. La supervisión se concentrará en verificar la solvencia de las empresas y proteger a los usuarios frente a posibles fraudes.
Según Milei, las cuatro iniciativas —la reforma del Banco Central, el grillete fiscal, la liberalización del mercado de capitales y la transformación del sector asegurador— forman parte de un mismo programa destinado a consolidar el déficit cero, reducir la emisión monetaria y ampliar el acceso al crédito.
“Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas”, manifestó el presidente, quien pidió al Congreso acompañar los proyectos y aseguró que su objetivo es convertir a Argentina en “el país más libre del mundo”.
