México lleva ante la ONU el caso de 17 connacionales muertos bajo custodia o en operativos migratorios de Estados Unidos
El Gobierno mexicano solicitó la intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presentó 20 denuncias ante autoridades estadounidenses para exigir el esclarecimiento de los fallecimientos.
El Gobierno de México elevó ante la Organización de las Naciones Unidas el caso de 17 ciudadanos mexicanos fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios en Estados Unidos, en medio de una creciente tensión bilateral por la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.
La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que 14 de los connacionales murieron mientras estaban bajo custodia del ICE y tres durante operativos migratorios realizados entre 2025 y 2026. Ante la falta de resultados de las gestiones diplomáticas iniciales, México decidió recurrir a vías judiciales y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Como parte de la estrategia, el canciller mexicano envió el 14 de julio una comunicación al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para solicitar su intervención y pedir que el organismo evalúe si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales de Estados Unidos.
La acción no constituye formalmente una “apelación” ante la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata de una solicitud dirigida a la oficina encargada de vigilar y promover el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito internacional.
México presenta 20 denuncias
Paralelamente, el Gobierno mexicano presentó 20 denuncias penales en Estados Unidosrelacionadas con los fallecimientos: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condados.
Las acciones fueron interpuestas en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, entidades donde ocurrieron los hechos investigados.
La Fiscalía General de la República también elaboró una denuncia que fue remitida al Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la petición de abrir investigaciones y proporcionar información sobre el avance de cada expediente.
Además, la Embajada de México envió comunicaciones de “cese y desistimiento” a algunos centros de detención, varios de ellos administrados por empresas privadas, para exigir que se suspendan prácticas u omisiones que podrían haber contribuido a las muertes.
Entre los señalamientos mexicanos se encuentran presuntas demoras o impedimentos para recibir atención médica y la aplicación de medidas que podrían ser incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios.
Estados Unidos devuelve las cartas
El Gobierno estadounidense rechazó las comunicaciones enviadas a los centros de detención y las devolvió al embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri.
El Departamento de Estado argumentó que México no puede pretender dirigir las acciones de funcionarios estadounidenses que operan dentro del territorio de Estados Unidos y recomendó que las preocupaciones sean planteadas mediante los canales diplomáticos tradicionales.
México respondió que, pese a la devolución de las cartas, sus reclamos ya habían quedado formalmente presentados tanto durante reuniones diplomáticas como en encuentros con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE.
El caso que endureció la postura mexicana
La respuesta mexicana se intensificó después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida el 7 de julio en Houston, Texas, durante un operativo de agentes migratorios.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que un agente disparó después de que el mexicano se resistiera al arresto y dirigiera un vehículo contra los oficiales. Salgado Araujo murió posteriormente en un hospital.
Con la presentación de las denuncias y la solicitud dirigida a la ONU, México busca que las autoridades estadounidenses investiguen individualmente los 17 casos, informen sobre sus resultados y determinen si existieron negligencias, abusos o violaciones a los derechos humanos.