La Opinión de Carolina Viggiano. Si el pueblo es sabio, déjenlo decidir. Por Alma Carolina Viggiano Austria
Durante años hemos escuchado una frase que comparto: “el pueblo es sabio”. Si de verdad lo creemos, también debemos creer que el pueblo es capaz de decidir en quién confía, qué escucha y qué información considera verdadera.
¿Quién pidió esto?
No recuerdo una sola marcha, una sola organización de la sociedad civil o una sola movilización ciudadana exigiendo que el gobierno adquiriera nuevas facultades para vigilar los contenidos de la radio y la televisión. No conozco a nadie que haya salido a las calles para pedir que una autoridad decidiera cuándo una noticia está “descontextualizada”.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿estamos resolviendo un problema de las audiencias o un problema del gobierno con las críticas que recibe?
Durante años hemos escuchado una frase que comparto: “el pueblo es sabio”. Si de verdad lo creemos, también debemos creer que el pueblo es capaz de decidir en quién confía, qué escucha y qué información considera verdadera.
Incluso de equivocarse.
Porque la democracia no consiste en impedir que los ciudadanos cometan errores. Consiste en respetar su libertad para decidir, aprender, rectificar y volver a decidir. Ese es el precio de una sociedad libre. Un pueblo libre no necesita tutores.
Por eso los derechos de las audiencias son una conquista democrática. La Constitución los reconoció en 2013 y la ley los desarrolló en 2014 para proteger a los ciudadanos. Pero hubo una decisión igual de importante: esa responsabilidad se confió a un órgano constitucional autónomo, no al gobierno. El Constituyente entendió que ningún gobierno debía ser juez de aquello que se dice sobre él. Ese fue el diseño institucional que hoy se pretende modificar.
Los lineamientos sometidos a consulta pública permitirían que una autoridad del Poder Ejecutivo determine cuándo una información puede considerarse “falsa” o “descontextualizada”.
Esa no es una discusión técnica.
Es una discusión sobre la confianza que el Estado tiene en sus ciudadanos.
Cuando un medio pierde credibilidad, pierde audiencia. La gente cambia de estación, cambia de canal o deja de leerlo. Esa decisión, repetida millones de veces todos los días, es la forma más democrática de exigir cuentas.
En cambio, el gobierno sostiene que quiere combatir la desinformación mientras cada semana utiliza una poderosa plataforma de comunicación para señalar lo que considera falso, sin que exista un derecho de réplica equivalente para quienes son aludidos. Y ahora pretende decidir también qué información puede calificarse como “descontextualizada”.
No puede haber un árbitro que también sea jugador.
Más preocupante aún es que ya se haya planteado extender esta lógica a la prensa escrita y al mundo digital. Si eso ocurre, dejaremos de hablar únicamente de concesionarios para hablar de millones de ciudadanos que hoy ejercen su libertad de expresión desde una red social, un portal, un podcast o cualquier plataforma digital.
La tecnología democratizó la palabra. Sería un grave error que la respuesta del Estado fuera democratizar el control de la palabra.
La confianza en el pueblo no se demuestra diciéndole qué debe creer. Se demuestra respetando su derecho a escuchar todas las voces y a formar su propio juicio.
Porque el pueblo no demuestra su sabiduría cuando piensa como el gobierno.
La demuestra cuando es libre para pensar diferente.
Si el pueblo es sabio, déjenlo decidir.
@caroviggiano
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