La Opinión de Carolina Viggiano. El predialazo está en la letra pequeña. Por Alma Carolina Viggiano Austria

El programa propone un gravamen anual de 1% a 1.5% a lo que llama “desperdicio urbano”: baldíos y casas cuya construcción ocupe menos de una cuarta parte del terreno

“No habrá predialazo”, aseguró la jefa de Gobierno. Puede que tenga razón: no hará falta. El aumento no vendrá por la tasa ni por una reforma a la ley de ingresos. Viene escondido en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, hoy en consulta pública. Y la letra pequeña dice exactamente lo contrario que la conferencia.

El mecanismo es sencillo. El programa plantea igualar el valor catastral de tu casa -el que usa el gobierno para cobrarte- con su valor comercial. El propio documento reconoce, en sus páginas 174 y 175, que esto generará un “incremento sustancial” en lo que pagas. No cambia la tasa; cambia la base.

Y con la Ley Catastral aprobada el 6 de octubre, con el voto en contra del PRI, la herramienta ya está lista: basta con que el gobierno decida que tu casa vale más en el papel para que tu recibo se dispare en la realidad.

Eso no es ordenar la ciudad. Es subir impuestos sin dar la cara.

Pero hay algo más grave. El programa propone un gravamen anual de 1% a 1.5% a lo que llama “desperdicio urbano”: baldíos y casas cuya construcción ocupe menos de una cuarta parte del terreno.

Traducido al español: la casa de la abuela con patio. Si en un plazo de dos a cuatro años el propietario no construye lo que la autoridad considere adecuado, el inmueble puede terminar en venta forzosa mediante subasta pública. Y lo recaudado no se quedará en tu colonia: irá a un fideicomiso centralizado.

Primero te cobran por tener patio. Luego te lo quitan. Y el dinero se va a otra parte.

Esto no es solo un abuso fiscal. Es una injusticia territorial.

Durante décadas, el Estado de México e Hidalgo han sido el patio trasero de la capital. El Edomex recibe miles de toneladas diarias de basura y las aguas residuales de la Ciudad de México.

Hidalgo carga con la contaminación histórica del río Tula y de la presa Endhó, convertida en el desagüe del Valle de México. A la periferia se le impuso la servidumbre ambiental; ahora se le quiere cobrar, además, la factura de un desorden que no provocó.

Esa es la lógica del centralismo: te contaminan el entorno y, encima, vienen por tu casa.

El golpe también es político. Los llamados “dictámenes de congruencia” subordinan a municipios y alcaldías a una instancia metropolitana y le quitan a la autoridad más cercana a la gente la capacidad de decidir sobre su propio territorio. Quien vive el problema deja de decidir sobre la solución.

Y no se trata de alarmismo opositor: Morena ya pidió modificar el documento. Nadie corrige lo que no está mal.

La consulta pública está abierta hasta el 22 de noviembre. Es la oportunidad para exigir cambios de fondo:

Prohibir de manera expresa aumentos del predial por la vía del valor catastral sin un tope anual estricto.

Eliminar la venta forzosa, las subastas y el impuesto punitivo a terrenos y casas con patio.

Garantizar que cada peso recaudado se invierta en la demarcación que lo paga, y crear un fondo compensatorio real para las regiones y cuencas afectadas, como el Estado de México e Hidalgo.

Respetar la autonomía de ayuntamientos, alcaldías y congresos locales.

Y hay que ir más allá: debe regresar el Fondo Metropolitano, que este mismo grupo político desapareció. Antes, la Federación financiaba las obras que compartía la metrópoli. Hoy pretenden financiarlas exprimiendo el patrimonio de las familias.

Ordenar la ciudad, sí. Cobrarle a la gente el costo del desorden y mantener abandonada a la periferia, no.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista