EU desconoce jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre sus ciudadanos y anuncia que no colaboraran con ninguna investigación
Por corresponsales
Washington, D.C., 2 julio. — El gobierno de Estados Unidos endureció su postura frente a la Corte Penal Internacional (CPI) al rechazar nuevamente cualquier jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses y anunciar que no cooperará con ninguna investigación, citación o procedimiento promovido por ese organismo.
La posición fue expresada en una carta enviada esta semana por el fiscal general interino, Todd Blanche, a la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, en la que sostiene que el tribunal carece de autoridad legal para actuar contra ciudadanos de Estados Unidos debido a que el país nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte.
En el documento, Blanche afirma que cualquier intento de la CPI por ejercer jurisdicción sobre estadounidenses "es ilegítimo, ilegal y una afrenta directa a la soberanía de Estados Unidos".
El funcionario también cuestionó el desempeño del tribunal internacional al asegurar que la Corte ha actuado "de manera cada vez más ilegal e ilegítima" y acusó al organismo de aplicar la ley de forma selectiva, además de señalar presuntas irregularidades internas que, dijo, afectan su credibilidad e imparcialidad.
Como sustento jurídico, el Departamento de Justicia recordó que el Congreso estadounidense aprobó en 2002 la Ley de Protección de los Militares Estadounidenses, legislación que rechaza expresamente la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos de ese país, incluidos militares, funcionarios y civiles.
Esa ley, además de prohibir la cooperación con la Corte, faculta al presidente de Estados Unidos para utilizar los medios que considere necesarios para obtener la liberación de cualquier ciudadano estadounidense detenido por orden del tribunal internacional.
En la carta, el gobierno estadounidense adelanta que no atenderá solicitudes de investigación, citatorios, extradiciones o traslados de ciudadanos estadounidenses a la CPI y señala que también buscará impedir que otros países colaboren con ese tipo de procedimientos.
"El Departamento de Justicia está plenamente comprometido con la defensa de la soberanía de nuestra nación y la protección de los derechos de los ciudadanos estadounidenses frente a extralimitaciones internacionales ilegítimas", señala el documento.
La administración estadounidense sostiene que su Constitución reserva la función judicial exclusivamente a los tribunales nacionales y afirma que no aceptará que un órgano internacional, al que no reconoce jurisdicción, intervenga en asuntos relacionados con sus ciudadanos.