Escena del Crimen. Matar mujeres vuelve a ser rutina. Por Gerardo Jiménez
Hay escenas del crimen que no solo exigen la intervención de peritos; también deberían sacudir la conciencia del gobierno de Clara Brugada. La descubierta esta semana en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, pertenece a esa categoría.
No por el impacto de la sangre ni por la brutalidad del arma utilizada, sino porque evidencia que la violencia feminicida sigue escalando mientras las cifras oficiales y los discursos institucionales intentan transmitir una percepción distinta.
En apenas cuatro días, la Ciudad de México registró cuatro asesinatos de mujeres. Cuatro vidas arrebatadas en menos de una semana. Cuatro escenas del crimen que, lejos de ser hechos aislados, forman parte de una tendencia que vuelve a colocar a la capital entre las entidades con mayores incrementos en carpetas de investigación por feminicidio durante el primer semestre del año.
El caso de Mártires de Tacubaya resume la degradación de esta violencia. Vecinos escucharon gritos, golpes y pidieron ayuda. Cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresaron al inmueble encontraron a Luis Alberto N de 28 años intentando introducir una bolsa negra dentro de una hielera.
Recibe las noticias más importantes a través de nuestro canal de Whatsapp, disponible en este enlace
En el interior del predio hallaron un machete y los restos de una joven de apenas 19 años. La necropsia establecería que murió por asfixia mecánica por estrangulamiento. Fuentes policiales comentaron a este espacio que el agresor ya había comenzado a mutilar el cuerpo e incluso había extraído órganos cuando fue sorprendido.
No es únicamente un feminicidio. Es una escena que revela un grado extremo de violencia, deshumanización y control sobre la víctima. Una conducta que obliga a preguntarse qué ocurrió antes de que esa puerta se cerrara y comenzara el crimen. ¿Existían antecedentes de violencia? ¿Hubo denuncias ignoradas? ¿Alguien intentó pedir ayuda? Son preguntas que suelen aparecer cuando ya es demasiado tarde.
El patrón tampoco puede pasar inadvertido. Las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc continúan concentrando históricamente el mayor número de víctimas, mientras otras zonas comienzan a incorporarse con episodios igualmente brutales. La geografía del feminicidio se expande al mismo tiempo que las investigaciones aumentan y los expedientes se acumulan.
Cada carpeta representa mucho más que un número estadístico. Detrás existe una habitación acordonada, una familia obligada a reconocer un cuerpo, vecinos que escucharon algo que jamás olvidarán y policías que llegan cuando el desenlace ya ocurrió. Esa es la verdadera escena del crimen: una ciudad donde la violencia contra las mujeres continúa encontrando espacios para consumarse.
La detención en flagrancia del presunto responsable de este caso demuestra capacidad de reacción policial, pero también exhibe una realidad incómoda: detener al agresor después del asesinato nunca podrá considerarse un éxito completo. La medida del sistema no debe ser cuántos responsables captura, sino cuántas mujeres logra mantener con vida.
Mientras las autoridades contabilizan expedientes y anuncian operativos, la ciudad acumula otra cifra imposible de maquillar: cuatro mujeres asesinadas en cuatro días. Cuatro escenas del crimen que advierten que el feminicidio sigue siendo una emergencia de seguridad pública y no únicamente un delito que se investiga por la Fiscalía de Bertha Alcalde Luján después de que la cinta amarilla ya rodea el lugar de los hechos.
EVIDENCIAS
La decisión judicial que permitió a Roberto “N”, exdirector de Fiscalías Territoriales, y a la agente Rebeca “N” continuar su proceso en libertad vuelve a colocar bajo la lupa uno de los casos más delicados que enfrenta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ambos están imputados por el presunto robo de 11 millones de pesos de la Bodega de Indicios, un sitio que, por definición, debería representar el máximo nivel de resguardo, control y cadena de custodia dentro de una investigación penal.
La resolución deriva del cumplimiento de un amparo y modifica la medida cautelar por una garantía económica de un millón de pesos para cada imputado, además del uso de un brazalete electrónico y la prohibición de abandonar el país. Jurídicamente, la decisión responde al principio de presunción de inocencia y al derecho de enfrentar un proceso sin prisión preventiva cuando así lo determina un juez.
El debate rebasa el terreno estrictamente legal. La pregunta es qué mensaje recibe la ciudadanía cuando quienes ocuparon posiciones estratégicas dentro del sistema de justicia son investigados por un presunto saqueo.
X: @Santomitote
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista