El crimen organizado ya es actor en elecciones, advierte Rubén Moreira

Por redacción

El coordinador del PRI en San Lázaro alerta que violencia, extorsión y presión a candidatos ponen en riesgo la democracia; pide al INE y al Gobierno federal asumir un papel más activo

La violencia y la inseguridad dejaron de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un factor que interviene directamente en los procesos electorales, advirtió Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.

Durante la Mesa de Diálogo “Inseguridad y Elecciones”, el legislador sostuvo que el crimen organizado se ha convertido en un “actor” dentro de los comicios y alertó que la presión sobre candidatos, partidos y gobiernos municipales representa un riesgo para la democracia mexicana.

Moreira afirmó que, de acuerdo con cifras de consultorías, durante el proceso electoral de 2023-2024 se contabilizaron 889 víctimas entre políticos, candidatos, integrantes de equipos de campaña y otros actores vinculados con los comicios.

Añadió que otra medición registra 2 mil 974 agresiones relacionadas con procesos electorales durante los últimos ocho años.

Entre las zonas que identificó como particularmente violentas para los procesos electorales mencionó Culiacán, Tijuana, Celaya, Chilpancingo, Acapulco y municipios de Morelos, donde, dijo, se han registrado asesinatos de candidatos y Presidentes Municipales.

“Me atrevo a decir que la violencia, la inseguridad es un actor dentro de las elecciones”, afirmó.

El coordinador priista reprochó además la falta de coordinación entre las autoridades electorales y los gobiernos para enfrentar los riesgos de seguridad en los comicios.

Consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería asumir un papel más activo y convocar a las autoridades federales, estatales y municipales a establecer mecanismos de prevención y protección para candidatos y partidos.

“Cuando tú les preguntas algo, todo el mundo dice: a mí no me toca”, criticó.

Moreira planteó que el INE debería convocar a todos los partidos políticos y candidatos a asumir una postura común frente a la situación de seguridad, además de hacer públicos los mapas de riesgo electoral y establecer mecanismos de coordinación con las autoridades encargadas de la seguridad.

También propuso incrementar la participación de organizaciones ciudadanas y observadores nacionales e internacionales en las regiones identificadas como zonas de conflicto.

El priista cuestionó particularmente los casos en los que, bajo su señalamiento, algunos partidos dejan de postular candidatos en determinados municipios o donde únicamente existe un candidato competitivo.

“¿No se han dado cuenta que solamente hubo un candidato en dos elecciones seguidas?”, cuestionó al referirse a un caso que, aseguró, debería ser investigado por las autoridades electorales.

Congreso, sin controles

Moreira también lanzó críticas contra el Congreso de la Unión por lo que calificó como una abdicación de sus facultades de control en materia de seguridad nacional.

Afirmó que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional permaneció sin instalarse durante varios años y cuestionó que, una vez instalada, quien estaba previsto para presidirla solicitara licencia para incorporarse a una campaña electoral.

También sostuvo que la comisión encargada de dar seguimiento al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad tampoco se ha instalado, pese al tiempo transcurrido de la actual Legislatura.

“Las comisiones ordinarias de seguridad funcionan como oficinas de relaciones públicas”, acusó.

El legislador sostuvo que el Poder Legislativo perdió la oportunidad de construir un marco legal específico para responder cuando un candidato es asesinado, secuestrado o cuando la delincuencia interviene de manera sistemática en una elección.

Cuestionó además los mecanismos de certificación de candidatos y sostuvo que existe incertidumbre sobre sus alcances y sobre la actuación que podría tener la autoridad electoral.

“El crimen puede terminar gobernando”

En su intervención, Moreira advirtió que la intervención del crimen organizado en las elecciones puede terminar trasladándose directamente al ejercicio del poder público.

“Una elección donde el crimen interviene en el proceso electoral se va a traducir en un acto que da o sumerge al crimen a una autoridad del crimen”, sostuvo.

El coordinador del PRI planteó que el problema no se limita a la violencia contra candidatos, sino que puede alcanzar los presupuestos municipales, las licitaciones, las policías y las decisiones de los gobiernos locales.

Aseguró que existen municipios donde, según su señalamiento, las organizaciones criminales tendrían capacidad para influir en contratos, obras públicas y decisiones de las autoridades.

“¿Y por qué no se les audita?”, cuestionó.

Moreira pidió que las autoridades de fiscalización revisen particularmente aquellos municipios donde existan indicios de que grupos criminales pudieran estar interviniendo en la administración pública.

Advirtió que el riesgo final es que las elecciones terminen legitimando a autoridades cuya llegada al poder haya estado condicionada por grupos delictivos.

“¿De qué nos sirve que en esa noche de elecciones nos digan: estos son los triunfadores, nuestro plan funcionó muy bien, aquí están los resultados, si el que está ahí no es necesariamente el que habrá de salir electo?”, planteó.

El priista sostuvo que el problema debe ser atendido antes de los comicios y no únicamente cuando se conocen los resultados.

“Si esto sigue, se va a acabar el país”

En su última intervención, Moreira alertó sobre la normalización de la violencia y sostuvo que la disminución de homicidios no necesariamente significa que el problema de seguridad haya sido resuelto.

Señaló que existe el riesgo de que ciudadanos, comerciantes y productores estén pagando extorsiones para evitar agresiones.

“Han bajado los homicidios, entre otras cosas, según la estadística, pero entre otras, la gente está pagando para que no la maten”, afirmó.

El coordinador priista cuestionó también la actuación de algunos gobiernos estatales frente a hechos violentos y sostuvo que la falta de respuesta institucional puede fortalecer a los grupos criminales.

Advirtió que, si las organizaciones delictivas continúan asumiendo funciones que corresponden al Estado, la afectación alcanzará no sólo a la seguridad pública, sino al sistema democrático y a las instituciones.

“Bueno, pues si esto sigue, se va a acabar el país”, concluyó.