Desde el Norte. Menos homicidios en las cifras, más miedo en las calles. Por Rubén Moreira Valdez y Miguel Sulub Camal
Las cifras no cuadran. Mientras el Gobierno federal pretende convencer todos los días a la población de que los homicidios dolosos en el país han disminuido y de que la crisis de violencia está bajo control, la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI revela una realidad distinta: en 47 de las 91 principales ciudades del país, seis de cada diez personas se sienten inseguras, y en 14 de ellas esa percepción alcanza a ocho de cada diez habitantes.
Desde el inicio de la presente administración federal se han impulsado acciones para manipular las cifras delictivas y tratar de convencer a la población de que la ola de violencia e inseguridad ha disminuido. Un primer paso fue eliminar, de los reportes diarios que publica el gobierno, la columna que registraba los homicidios dolosos reportados por fuentes abiertas, la cual permitía comparar las cifras oficiales con las recopiladas por la prensa.
Posteriormente, en diciembre de 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública propuso “actualizar” el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas y, el 2 de septiembre de 2025, se aprobó una nueva metodología de registro y contabilización.
La nueva metodología cambió el nombre del instrumento a Registro Nacional de Incidencia Delictiva, amplió el catálogo de clasificación de delitos de 53 a 71 categorías y confirmó que delitos como el homicidio solo pueden incorporarse a la estadística nacional cuando forman parte de una carpeta de investigación iniciada formalmente. Lo que no genera una carpeta de investigación simplemente desaparece de la estadística oficial.
La ampliación de 53 a 71 categorías abre la posibilidad de que homicidios dolosos sean reclasificados hacia rubros menos visibles, como tentativa de homicidio, homicidio culposo u “otros delitos contra la vida”, una categoría residual cuya definición resulta poco clara y que se convierte en un punto de fuga estadístico.
A ello se suma que los delitos inicialmente clasificados como lesiones no siempre son reclasificados cuando la víctima fallece posteriormente. De igual forma, las personas desaparecidas que son localizadas sin vida no necesariamente se incorporan a las cifras de homicidio doloso. Tampoco puede ignorarse la existencia de casos que, pese a ser de conocimiento público, nunca son reportados por las autoridades locales.
Estos cambios metodológicos han provocado que, desde enero de 2025 y de manera mucho más acentuada a partir de enero de 2026, el número de homicidios dolosos registrado en las cifras oficiales haya disminuido. Sus efectos son visibles en entidades como Quintana Roo, donde los homicidios dolosos pasaron de 763 en 2018 a 249 en 2025, mientras que los homicidios culposos aumentaron de 173 a mil 15 en el mismo periodo.
Debe señalarse, además, que el Registro Nacional de Incidencia Delictiva no considera ni integra las cifras que genera el INEGI, cuya información se basa en los certificados de defunción emitidos por los servicios médicos forenses. De manera consistente, el instituto registra un número de homicidios dolosos hasta 32 por ciento superior al reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La seguridad no mejora modificando categorías ni ajustando registros. Mejora cuando disminuye la violencia en las calles y las familias recuperan la tranquilidad. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo, no ocultarlo detrás de cifras difíciles de creer.
La nuestra no es la única voz que ha señalado estas inconsistencias. También lo ha hecho, de manera contundente, el diputado panista por Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, quien ha advertido sobre la anormalidad que reflejan las cifras oficiales.
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