Contradicciones. ¿Por qué no ha funcionado la tregua en Irán? Por Ricardo Monreal Ávila
En junio escribí un artículo en el que señalaba que Estados Unidos e Irán estaban a punto de alcanzar una tregua. El acuerdo llegó, pero su vigencia duró muy poco. Aunque detuvo temporalmente los combates, dejó sin resolver varios de los asuntos más delicados y tampoco definió quién debía dar el primer paso para cumplir los compromisos establecidos.
Unos días después, las hostilidades se reanudaron. El entendimiento fracasó porque aplazó los principales desacuerdos y careció de mecanismos eficaces de verificación.
De la tregua a la nueva escalada
El 17 de junio de 2026, Estados Unidos e Irán firmaron un Memorándum de Entendimiento de 14 puntos que extendía por 60 días el cese provisional de las hostilidades y abría un periodo de negociación. Incluía la reapertura sin cobros del estrecho de Ormuz, el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, exenciones temporales a determinadas sanciones, el acceso a activos congelados, un fondo internacional de reconstrucción y una pausa de los combates en Líbano.
La tregua comenzó a debilitarse después de ataques contra embarcaciones que utilizaban una ruta próxima a Omán y que funcionarios estadounidenses atribuyeron a Irán.
Estados Unidos respondió con bombardeos contra capacidades militares y marítimas iraníes, mientras Teherán alcanzó bases estadounidenses en países del Golfo. El 10 de julio, el presidente Donald Trump notificó al Congreso el inicio de una nueva fase de hostilidades.
Diez días después, el Pentágono informó de tres militares estadounidenses muertos y casi 100 heridos durante las dos semanas anteriores.
Al mismo tiempo, el presidente Trump señaló estar dispuesto a continuar las conversaciones solicitadas por Teherán. A su vez, Irán ha confirmado que mantiene contactos con países mediadores para discutir una nueva pausa de diez días. Pakistán, Qatar, Egipto y Omán han intervenido como mediadores para restablecer el cese de hostilidades.
Los desacuerdos que persisten
El memorándum dejó sin definir qué sanciones se levantarían de manera permanente, cuáles quedarían suspendidas y en qué orden se intercambiarían las medidas de alivio económico. Washington autorizó inicialmente una exención temporal para la producción, venta y entrega de petróleo iraní, pero mantuvo el régimen más amplio de sanciones financieras y la posibilidad de retirar las autorizaciones si consideraba que Teherán incumplía.
Irán, en cambio, reclamaba beneficios inmediatos y sin restricciones. También se registraron diferencias respecto a los activos congelados. En las conversaciones técnicas de Doha se discutieron las condiciones para liberar 6,000 millones de dólares depositados en Qatar, pero no hubo acuerdo sobre su utilización y los recursos permanecen inmovilizados.
El entendimiento establecía la reapertura del estrecho de Ormuz, pero no aclaraba quién fijaría las reglas de navegación ni si Irán conservaría facultades especiales sobre el tránsito por esta vía. Washington entendía que esta apertura sería libre, sin cobros ni autorizaciones selectivas, y condicionó el retiro de su bloqueo naval a la circulación sin interferencias.
Aunque Irán aceptó inicialmente estas condiciones, después sostuvo que podía regular las rutas y cobrar por el paso. En medio de la disputa, el tráfico se redujo: Lloyd’s List Intelligence registró 53 cruces en la semana terminada el 20 de julio, frente a 157 la semana anterior, al tiempo que aumentaron las primas de seguro y varias empresas evitaron la zona.
El pacto dejó para conversaciones posteriores los límites precisos al enriquecimiento de uranio, el destino del material ya acumulado y el alcance de las inspecciones internacionales. Estados Unidos se oponía a que Irán conservara la capacidad de producir con rapidez material apto para un arma nuclear. Además, exigía acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a las instalaciones dañadas y no dañadas.
El presidente Trump señaló que, si Irán no aceptaba esa verificación, no continuarían las negociaciones. Irán, por su parte, rechazó que hubiera un acuerdo sobre este tema y defendió su derecho a mantener un programa civil de enriquecimiento de uranio. La incertidumbre aumentó con el señalamiento de autoridades israelíes de que Irán trasladó miles de centrifugadoras a un complejo subterráneo cercano a Natanz.
Según las versiones públicas del memorándum, el documento extendía el cese de hostilidades al frente libanés e incluía, en términos generales, el fin de las operaciones militares entre Israel y Hezbolá.
Sin embargo, no establecía con precisión qué obligaciones asumiría cada actor, cómo se verificaría su cumplimiento ni qué medidas se adoptarían ante posibles violaciones. La continuidad de los enfrentamientos dejó en evidencia otro problema. Israel y Hezbolá no eran signatarios directos del acuerdo, por lo que su aplicación en el frente libanés dependía de decisiones que Washington y Teherán no controlaban por completo.
Estos desacuerdos ilustran la desconfianza entre las partes. Washington exige medidas verificables antes de liberar activos o conceder un alivio permanente de sanciones, mientras Teherán reclama beneficios tangibles antes de asumir compromisos permanentes.
Washington duda que Irán haya reducido realmente sus capacidades nucleares y teme que Teherán haya trasladado el material fuera del alcance de los inspectores. Irán, por su parte, no está dispuesto a limitar de manera irreversible su programa nuclear sin recibir los beneficios prometidos.
La resistencia iraní y las restricciones para Estados Unidos
La reactivación de la presión militar de Estados Unidos no ha modificado de manera decisiva la posición iraní. Una evaluación de inteligencia estadounidense, difundida por The Washington Post, concluyó que nuevas rondas de ataques difícilmente obligarán a Teherán a aceptar concesiones que rechazó durante las negociaciones de junio.
La posición de Teherán se explica, en parte, por la forma en que el sistema político iraní procesa las decisiones de seguridad nacional. Durante décadas, el liderazgo ha presentado la resistencia frente a Estados Unidos como un elemento de supervivencia política y legitimidad.
En ese contexto, aceptar concesiones amplias bajo presión militar podría interpretarse como una muestra de debilidad. Algunos sectores políticos y diplomáticos consideran necesario alcanzar un acuerdo que reduzca las sanciones y el riesgo de nuevos ataques, mientras las facciones de línea dura, especialmente las vinculadas con la Guardia Revolucionaria, buscan preservar las capacidades militares del país.
La voluntad del equipo negociador no basta para comprometer al Estado: las decisiones estratégicas requieren la aprobación del líder supremo y el respaldo de los principales órganos de seguridad.
Irán no enfrenta el mismo tipo de presión electoral que Estados Unidos. Aunque el deterioro económico y el descontento social pueden afectar la estabilidad del régimen, las autoridades han recurrido a detenciones, restricciones a internet y despliegues de fuerzas para contener las protestas y limitar la organización de la oposición. La represión reduce la capacidad inmediata de esas movilizaciones para modificar la política interna o exterior.
En Estados Unidos, las elecciones intermedias de noviembre se aproximan y la guerra ya afecta un tema especialmente sensible para el electorado: el costo de vida. Una encuesta de Reuters/Ipsos de julio encontró que solo el 37 por ciento de los estadounidenses aprueba la intervención militar contra Irán, mientras que el 50 por ciento considera que el conflicto no ha valido sus costos. Esta percepción coincide con el incremento del precio del petróleo y de la gasolina registrado durante julio.
Además de las presiones electorales, el presidente Trump enfrenta resistencias en su propio partido. El senador republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados, se opuso a levantar sanciones o descongelar fondos iraníes sin que Teherán asumiera antes garantías comprobables. Estas críticas reducen el margen político de la Casa Blanca para conceder beneficios económicos antes de tener la seguridad de que Irán no continuará con su programa nuclear.
Por otra parte, algunos legisladores republicanos han cuestionado la continuidad de la campaña sin una autorización específica y han respaldado resoluciones para limitar las facultades presidenciales en materia de guerra.
Al mismo tiempo, el Pentágono busca alrededor de 70,000 millones de dólares adicionales para financiar las operaciones militares y reponer existencias de armamento. Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el costo de la campaña, incluidos los gastos proyectados hasta el 30 de septiembre, asciende a unos 37,500 millones de dólares.
Las condiciones de una tregua duradera
El contenido del memorándum de junio mostró que es posible para Washington y Teherán encontrar algunos puntos de coincidencia. Sin embargo, la ambigüedad del documento dificulta transitar a una tregua duradera, aunque precisamente esa característica permitió alcanzar el acuerdo.La experiencia de otros ceses al fuego indica que estos tienen mayores posibilidades de sostenerse cuando establecen obligaciones específicas.
Mi posición es a favor del cese de las hostilidades y de la solución pacífica de las controversias para poner fin a esta escalada. También rechazo los ataques contra la navegación y la infraestructura civil, así como los daños causados a la población civil.
La vía sigue siendo la diplomacia, acompañada de una mediación internacional y de reglas claras para verificar la ejecución de los acuerdos. Mientras las diferencias fundamentales permanezcan sin resolver y ninguna de las partes esté dispuesta a asumir primero los costos políticos de cumplir sus compromisos, seguirá habiendo pausas temporales, pero no una paz estable.
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