Contradicciones. No están solas ni solos. Por Ricardo Monreal Ávila
Lorenzo Salgado Araujo fue un ciudadano mexicano que emigró sin documentos desde Oaxaca hacia los Estados Unidos, vivió honradamente, trabajó arduamente y educó a sus hijos allá durante más de treinta años.
El 7 de julio de 2026, alrededor de las 6:50 a.m., se dirigía a su trabajo en Houston, Texas, cuando fue interceptado en un operativo por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La versión oficial sostiene que Salgado intentó huir en su automóvil, embistió un vehículo oficial e incumplió órdenes verbales, lo que provocó que un agente disparara, según su relato, en defensa propia.
Murió horas después en un hospital a sus 52 años. Uno de sus hijos aseveró que, a su padre, trabajador de la construcción, le dispararon mientras buscaba más trabajadores para contratar en Magnolia Park, un barrio con alto porcentaje de inmigrantes.
Este trágico caso es el más reciente en el que autoridades estadounidenses violan, por acción u omisión, los derechos humanos de personas migrantes. Se suma a otros dieciséis de personas mexicanas desde 2025: catorce mientras estaban confinadas en centros de detención migratoria y dos durante operativos del ICE.
Las políticas migratorias de la actual administración estadounidense afectan a la mayoría de las personas inmigrantes en situación irregular, pero particularmente a las mexicanas. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, señaló que, en 2025 y lo que va de 2026, se reportaron públicamente 58 fallecimientos de personas de distintas nacionalidades en centros bajo responsabilidad del ICE.
Según Naciones Unidas, en los primeros cinco meses de 2026 murieron 18 personas bajo custodia del ICE, frente a 33 en 2025 y 11 en 2024. Las 14 personas mexicanas fallecidas en centros migratorios, respecto a 58, representan aproximadamente el 24%. La cifra no representa una casualidad, pues alrededor del 38% de personas arrestadas por ICE son mexicanas, por lo que una gran proporción ya se encuentra en los centros de detención migratoria.
Esta cacería inhumana y en ocasiones letal forma parte de una política migratoria más amplia y estricta, que se basa en la xenofobia, los prejuicios y la ignorancia, y vulnera los derechos humanos de migrantes de muchos países, incluyendo México.
Es inaceptable que las medidas adoptadas en aquel país, como incrementar el presupuesto multimillonario del ICE, ejecutar operativos indiscriminadamente y encerrar a personas en condiciones indignas (como en el hoy clausurado “Alcatraz de los Caimanes”), lleguen al extremo de provocar la muerte.
El asesinato representa la mayor privación a los derechos humanos, fundamentalmente a la vida, impide gozar de otros derechos y puede destruir familias y comunidades.
Además del derecho a la vida, se observan violaciones flagrantes a otros derechos humanos y principios jurídicos y éticos, como a la dignidad humana, que prohíbe tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la integridad física, pues, sin llegar a la muerte, las y los agentes propinan golpes que provocan lesiones; al debido proceso, pues las autoridades no suelen informar las causas de la detención ni los medios de defensa disponibles; el interés superior de niños y niñas, quienes a veces son separados de su familia; y a la salud, pues las complicaciones médicas derivadas de altos niveles de glucosa, fallas renales, enfermedades mentales, paros cardiacos, entre otras, fueron la causa de muerte en varios casos.
Como mencioné, otras dieciséis personas inmigrantes mexicanas han sido asesinadas por agentes del ICE o han fallecido en centros de confinamiento supervisados por él. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha condenado públicamente los hechos en varias ocasiones. A partir de la información disponible en medios de comunicación y fuentes oficiales, considero necesario recordar las fechas y lugares de los hechos, así como honrar el nombre de los fallecidos:
5 de mayo de 2025, Abelardo Avelleneda Delgado, 68 años, falleció durante un traslado de la cárcel del condado de Lowndes, en Georgia.
7 de junio de 2025, Jesús Molina Veya, 45 años, posible suicidio, Centro de Detención Stewart en Georgia.
12 de julio de 2025, Jaime Alanís García, 56 años, cayó desde un techo durante una redada del ICE en California.
31 de agosto de 2025, Lorenzo Antonio Batrez Vargas, 32 años, complicaciones por COVID, complejo correccional de Florence, Arizona.
8 de septiembre de 2025, Óscar Duarte Rascón, 59 años, complicaciones médicas, Centro de Detención de Eloy, Arizona.
12 de septiembre de 2025, Silverio Villegas González, 38 años, un agente de ICE le disparó al intentar detenerlo en su vehículo, en Chicago.
22 de septiembre de 2025, Ismael Ayala Uribe, 39 años, posible infarto, Centro de Procesamiento de Adelanto, California.
29 de septiembre de 2025, Miguel Ángel García Hernández, 31 años, fallecido tras disparos de un francotirador ocurridos cinco días antes en la instalación migratoria donde se encontraba, en Dallas.
4 de octubre de 2025, Leo Cruz Silva, 34 años, posible suicidio, cárcel del condado de Ste. Genevieve, Missouri.
23 de octubre de 2025, Gabriel García Avilés, 54 años, posible infarto, Centro de Procesamiento de Adelanto, California.
14 de enero de 2026, Heber Sánchez Domínguez, 34 años, originario de Veracruz, arrestado por conducir sin licencia, posible suicidio, Centro de Detención Robert A. Deyton en Lovejoy, Georgia.
27 de febrero de 2026, Alberto Gutiérrez Reyes, 48 años, posible infarto, Centro de Procesamiento de Adelanto, California.
16 de marzo de 2026, Royer Pérez Jiménez, 19 años, originario de Chiapas,[19] posible suicidio, Centro de Detención del condado de Glades en Moore Haven, Florida.
25 de marzo de 2026, José Guadalupe Ramos Solano, 52 años, 28 viviendo en EUA, originario de Guanajuato, complicaciones médicas, Centro de Procesamiento de Adelanto, California.
11 de abril de 2026, Alejandro Cabrera Clemente, 49 años, Centro Correccional Winn en Winnfield, Luisiana.
19 de junio de 2026, Félix Alcorta Rodríguez, 63 años, Centro de Detención del Condado de Webb, en Laredo, Texas.
Vale la pena aclarar que el ICE no opera directamente la mayoría de los centros, sino que contrata con empresas privadas o cárceles de condado para aumentar su capacidad de detención sin necesidad de construir ni administrar instalaciones propias.
De las 14 personas mexicanas que han fallecido en centros de detención, nueve murieron en instalaciones operadas por dos compañías, GEO Group y CoreCivic, y una durante un traslado a cargo de la primera. En el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, bajo custodia de GEO Group, se han registrado cuatro fallecidos.
Por ello, la SRE exigió una revisión del sitio por “graves omisiones y evidentes deficiencias” en la atención médica.
Estrategias del Gobierno mexicano para defender a connacionales en Estados Unidos
En otro escrito reciente destaqué la importancia de los consulados en la protección de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Estos ofrecen vías diplomáticas y jurídicas para atender algunos casos. Sin embargo, la diplomacia por sí sola ha sido insuficiente ante un gobierno que suele tratar a las y los inmigrantes mexicanos como “ciudadanos de segunda”.
Por ello, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum instruyó iniciar acciones legales contundentes. En el caso de los fallecidos, recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya brinda acompañamiento, orientación y asistencia consular a sus familiares tanto en la Unión Americana como en México. Además, el titular de la Secretaría comunicó el 9 de julio la estrategia para responder a la sensible pérdida de 17 connacionales en operativos o bajo custodia en centros de detención del ICE.
Por un lado, destacó las acciones ya efectuadas o en curso:
- acompañamiento legal y humanitario permanente de los consulados a las familias agraviadas,
- envío de un total de once notas de protesta diplomática a Estados Unidos en cada caso, exigiendo esclarecer los hechos;
- planteamiento de la situación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que derivó en pronunciamientos públicos hacia autoridades estadounidenses; y
- solicitud formal de revisión de los casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atención urgente.
Por otro lado, anunció medidas por aplicar, tales como:
- solicitar apoyo a la Fiscalía General de la República para presentar formalmente denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos;
- promover, mediante cartas de cese y desistimiento de actos y condiciones violatorias de derechos humanos, acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención;
- solicitar a la CIDH medidas cautelares y de protección para connacionales en centros de detención; y
- solicitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que garantice la protección de personas mexicanas en dichos centros.
Debido a que es “el tema más importante que tiene en este momento la Secretaría”, también se promoverá el diálogo sobre asuntos migratorios con los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, así como con otras dependencias estadounidenses.
Tal y como señaló el Alto Comisionado, “las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, obtener justicia, reparación y garantías de no repetición”.
El caso de Lorenzo Salgado motivó que el Gobierno de México, además de continuar las acciones diplomáticas, iniciara las jurídicas. Estas vías podrían resultar más eficaces, porque algunos tribunales estadounidenses, incluso la Corte Suprema, han bloqueado algunas medidas migratorias del presidente Trump.
Si bien la red consular cuenta con el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas mediante Asesorías Legales Externas (PALE), esta se podría complementar con despachos en la Unión Americana especializados en litigio federal y derechos civiles.
En caso de detención o requerir asistencia consular, las y los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y las familias de los fallecidos también pueden contactar al consulado de su jurisdicción o a la Línea de Apoyo Consular Mexicana (520-623-7874).
Concluyo recordando que, hace unos días, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum hizo un firme llamado a todos los partidos políticos, al Congreso de la Unión y a toda la sociedad mexicana, a mostrar solidaridad con nuestros connacionales en Estados Unidos y rechazar la violación de sus derechos humanos.En efecto, proteger a la población es una cuestión de Estado, no únicamente un asunto de este gobierno o de un partido.
Hoy respondemos al llamado. Desde el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente durante este receso, condenamos las muertes y tratos indignos, exigimos justicia, reparación y no repetición para las víctimas y sus familias, así como el esclarecimiento de los hechos.
También pedimos que se garantice el debido proceso y la legalidad, pues no debe haber lugar para las acusaciones y condenas sin pruebas, basadas en meras sospechas, el color de piel, el idioma, los prejuicios y el odio xenófobo. Daremos seguimiento puntual a las acciones de las autoridades estadounidenses y respaldaremos las acciones del Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus consulados. Abogamos, simplemente, porque nuestros paisanos y nuestras paisanas sean tratados como seres humanos.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista