Colombia entra en una tensa transición: Petro confronta al presidente electo y Cepeda llama a la desobediencia civil pacífica
La disputa por la posesión presidencial, una demanda de nulidad electoral, las acusaciones de fraude y golpe de Estado, así como el llamado a la “desobediencia civil pacífica” del excandidato Iván Cepeda, elevaron durante el fin de semana la tensión política en Colombia. Abelardo de la Espriella conserva su condición jurídica de presidente electo y debe asumir el poder el próximo 7 de agosto.
La transición presidencial colombiana atraviesa uno de sus momentos más tensos después de que el presidente saliente, Gustavo Petro; el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y el excandidato de izquierda Iván Cepeda intensificaran durante el fin de semana del 11 y 12 de julio sus acusaciones, advertencias y cuestionamientos sobre la entrega del Gobierno.
El nuevo episodio de confrontación se produjo luego de que De la Espriella anunciara su intención de tomar posesión el próximo 7 de agosto en una instalación militar fuera de Bogotá, en lugar de celebrar la ceremonia en la tradicional Plaza de Bolívar y ante el Congreso reunido en la capital.
Petro reaccionó el domingo 12 de julio con una orden directa a las Fuerzas Militares: mientras continúe siendo presidente y comandante supremo, ningún cuartel, base o establecimiento militar podrá ser utilizado para la investidura de su sucesor.
De acuerdo con la Constitución colombiana, el presidente electo debe prestar juramento ante el Congreso de la República y la sede habitual del Legislativo es Bogotá.
El nuevo Congreso colombiano deberá instalarse el 20 de julio y será ese Legislativo el que podría autorizar una sesión fuera de Bogotá o definir las condiciones de la ceremonia presidencial.
Salvo que el Consejo de Estado adopte una medida extraordinaria o surjan pruebas capaces de modificar el resultado certificado, Abelardo de la Espriella deberá asumir la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026.
Demanda busca anular la elección presidencial
Otro factor que incrementó la tensión durante el fin de semana fue una demanda presentada ante el Consejo de Estado para solicitar la nulidad de la elección de De la Espriella.
La acción fue promovida por el exmagistrado y dirigente del Pacto Histórico Luis Guillermo Pérez, quien también solicitó una medida cautelar para impedir que el presidente electo tome posesión el 7 de agosto mientras se resuelve el caso.
Entre los argumentos señalados se encuentra la doble nacionalidad colombiana y estadounidense de De la Espriella, así como el juramento de lealtad que habría pronunciado al naturalizarse ciudadano de Estados Unidos.
El Consejo de Estado inadmitió inicialmente el recurso por problemas formales, lo cual no equivale a una decisión definitiva sobre el fondo.
El demandante puede corregir las deficiencias señaladas y volver a presentar el escrito dentro del plazo legal correspondiente.
Por el momento, el tribunal no ha suspendido la elección ni ha emitido una orden que impida la posesión.
Iván Cepeda acepta la derrota, pero anuncia desobediencia civil pacífica
El tercer protagonista de la confrontación es Iván Cepeda, candidato derrotado en la segunda vuelta. Cepeda reconoció inicialmente el resultado electoral, pero posteriormente endureció su discurso contra De la Espriella.
El senador electo anunció que impulsará una estrategia de “desobediencia civil pacífica” si el futuro mandatario no renuncia a su ciudadanía estadounidense o desarrolla políticas que, a juicio de la izquierda, vulneren la Constitución, la soberanía nacional o los derechos humanos.
Cepeda ha explicado que su planteamiento no constituye un llamado a la violencia ni a una insurrección armada, sino a protestas, movilizaciones y resistencia política no violenta. Sus adversarios, sin embargo, lo acusan de intentar desconocer anticipadamente al próximo Gobierno.
El excandidato también ha cuestionado los planes de seguridad anunciados por De la Espriella, entre ellos la creación de bloques urbanos, la posible reactivación de unidades antidisturbios y la construcción de grandes centros penitenciarios.
Cepeda considera que esas propuestas pueden conducir a la militarización de las ciudades y a graves violaciones de derechos humanos.
De la Espriella sostiene, en contraste, que son necesarias para recuperar el control territorial, enfrentar a organizaciones armadas y responder al deterioro de la seguridad.
