Agenda Naranja. Un aumento salarial que no llegó. Por Ivonne Ortega Pacheco

Al principio, el oficialismo presumió esta reforma como un logro de la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo trabajador.

En octubre de 2024 fue aprobada por las Cámaras legislativas una reforma al artículo 123 constitucional en materia de salarios de maestros, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanentes, médicos y enfermeras, la cual dispone que no podrán ser menores que el salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al principio, el oficialismo presumió esta reforma como un logro de la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo trabajador. Pero conforme pasaban los días, la reforma aprobada no era publicada y, por lo tanto, no entraba en vigor.

Se trata, en la práctica, de una reforma falsa. ¿Qué fue lo que pasó? Si entramos al terreno de la especulación, quizá el oficialismo se dio cuenta de que no se trataba de una reforma sencilla de aplicar, porque implica miles de millones de pesos en incrementos salariales para millones de servidores públicos.

Por citar un ejemplo mencionado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued: en el sector educativo hay maestros que ganan de 11 mil a 13 mil pesos y con la reforma sus salarios llegarían hasta 20 mil pesos.

Hay también estados y municipios donde determinados rangos de policías ganan menos que el salario promedio del IMSS, situación que se repite con personal de enfermería que gana 13 o 14 mil pesos.

Al parecer, el oficialismo “no midió” los alcances de la reforma, porque si bien representa un importante incremento en la percepción de millones de personas trabajadoras del sector salud y seguridad, también resulta una carga presupuestal para estados y municipios, que no estaba programada.

¿Qué pasará? En principio, la reforma lleva ya año y medio sin ser publicada, está “atorada” en esos engranajes de la burocracia gubernamental, a pesar de ser una disposición ya validada por el Poder Legislativo del país.

Al respecto, el mismo diputado naranja Vázquez Ahued ha presentado recursos para exigir al Senado la declaratoria de constitucionalidad pendiente, y aunque en una primera instancia, un juzgado intentó desechar el tema argumentando que se trata de un asunto únicamente legislativo, una segunda instancia determinó que hay que estudiarlo y analizarlo a fondo para resolver.

No se trata de un episodio menor. Es la muestra de un asunto que se tomó a la ligera desde el gobierno federal, pero que ahora, al exigírsele que cumpla con su obligación legal, el mismo gobierno intenta por todos los medios, escapar del cumplimiento.

Será el 14 de mayo cuando está convocada la audiencia constitucional, pero con independencia de ésta, hay un “detalle” que no podemos pasar por alto: ¿Por qué el gobierno federal ha atrasado por más de año y medio el cumplimiento de una obligación que significa muchos millones de pesos en incrementos salariales para cientos de miles, quizá millones, de personas servidoras públicas en los sectores seguridad y salud?

¿Cumplirá el gobierno con la orden del Poder Legislativo de otorgar esos incrementos a millones de personas, incluyendo trabajadores, trabajadoras y sus familias?

Lo cierto es que son millones de personas trabajadoras de salud y seguridad que han dejado de cobrar incrementos salariales sustanciosos, es decir, que han dejado de percibir dinero para darle una mejor condición de vida a sus familias.

Falta poco para saber cómo reaccionará el gobierno ante estos recursos, pero una cosa es cierta: en algo más de año y medio, las cantidades que han dejado de percibir las y los trabajadores de salud y seguridad se quedarán ahí, en el cajón de las cosas perdidas de la 4T.

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