Vicepresidente de Bolivia denuncia un supuesto plan para detenerlo y acusa presunta persecución desde el Ejecutivo
El vicepresidente boliviano Edmand Lara Montaño afirma que teme por su vida y acusa a sectores del Ejecutivo de intentar fabricar un caso penal en su contra. Ya había cuestionado las maniobras legislativas para sustituir al fiscal general Roger Mariaca, detenido en una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La crisis política e institucional abierta en Bolivia por la detención del fiscal general Roger Mariaca escaló después de que el vicepresidente Edmand Lara Montaño denunciara públicamente que teme por su integridad física y que habría un supuesto plan para fabricar pruebas en su contra con el propósito de detenerlo.
En un “comunicado oficial de carácter urgente” fechado en Madrid, Lara aseguró haber recibido advertencias procedentes del entorno del Órgano Ejecutivo y sostuvo que estas buscarían intimidarlo por sus posiciones políticas y su defensa de lo que considera el orden constitucional.
“Temo por mi integridad física y por mi vida”, afirmó el vicepresidente, según el documento difundido mientras realizaba una agenda oficial en España.
Lara señala a un coronel de la Policía
El vicepresidente fue más lejos y afirmó que varios integrantes de la Policía Boliviana le habrían advertido que el coronel Marcelo Ferrufino estaría preparando un caso falso contra él.
Según el comunicado, el supuesto operativo contemplaría incluso la “siembra de pruebas falsas” para relacionarlo con hechos ilícitos.
En su mensaje responsabilizó al Gobierno y a quienes eventualmente ejecutaran esas órdenes de cualquier atentado contra su libertad, su integridad o la de su familia.
También pidió a la Asamblea Legislativa, al Ministerio Público, a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional mantenerse atentos a la situación.
El antecedente: la batalla por la Fiscalía General
Su denuncia llegó después de otro fuerte comunicado del vicepresidente relacionado con la detención de Roger Mariaca, entonces fiscal general del Estado.
El 29 de septiembre, Lara había convocado originalmente a la Asamblea Legislativa para analizar un informe de Estados Unidos sobre restricciones de visa y acusaciones contra un grupo de ciudadanos bolivianos, entre ellos Mariaca.
La sesión estaba prevista inicialmente para el 5 de octubre y contemplaba evaluar la eventual creación de una comisión parlamentaria de investigación.
Estados Unidos había acusado a Mariaca de solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
La situación cambió radicalmente después de que Mariaca fuera detenido.
Mientras Lara se encontraba fuera del país, el presidente del Senado, Diego Ávila, asumió temporalmente la Presidencia de la Asamblea y adelantó la sesión legislativa para el 2 de octubre, modificando además su objeto para concentrarla en la situación derivada de la aprehensión del fiscal general.
“La aprehensión por sí sola no produce la vacancia”
En su segundo comunicado, el vicepresidente sostuvo que su convocatoria buscaba analizar a todos los involucrados en el informe estadounidense, mientras que la nueva convocatoria había concentrado la discusión en Mariaca.
Su argumento central fue que una detención penal no implicaba automáticamente que el cargo de fiscal general quedara vacante.
“La aprehensión, por sí sola, no produce esa vacancia”.
Lara agregó que si la Asamblea intentaba cesar al fiscal general mediante una votación sin una causal legal previamente establecida, se vulnerarían la Constitución, el debido proceso, la defensa y la presunción de inocencia.
“La urgencia política no justifica el atropello de derechos”, sostuvo.
También advirtió que crear un mecanismo excepcional para destituir autoridades podría sentar un precedente que posteriormente fuera empleado contra parlamentarios, jueces, magistrados u otras autoridades que no estuvieran “alineadas” con el Gobierno.
Una crisis que enfrenta a Lara con el Ejecutivo
Los pronunciamientos revelan una fractura política de creciente profundidad entre el vicepresidente y el Gobierno encabezado por Rodrigo Paz.
Mientras el Ejecutivo ha presentado las detenciones en la Fiscalía como parte de una ofensiva contra una supuesta estructura de protección al narcotráfico, Lara ha insistido en que las investigaciones deben realizarse respetando estrictamente los procedimientos constitucionales.
El Gobierno informó que Mariaca y otras personas eran investigadas por la presunta existencia de una organización vinculada al narcotráfico y sostuvo que las investigaciones continuarían.
Además, el Ejecutivo agradeció públicamente el respaldo de Estados Unidos a las acciones emprendidas contra el crimen organizado.
Lara, en cambio, ya había advertido que las acusaciones o sanciones administrativas estadounidenses no equivalían por sí mismas a una condena judicial en Bolivia.
La controversia alcanzó también el procedimiento para sustituir a Mariaca.
Lara sostuvo que el presidente no podía nombrar unilateralmente a un fiscal general interino mediante decreto y recordó que la Constitución y la Ley del Ministerio Público establecen procedimientos específicos para la designación y suplencia de esa autoridad.