Venezuela formaliza su salida de la Corte Penal Internacional; el retiro será efectivo dentro de un año
El Gobierno de Venezuela notificó oficialmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), con lo que inició el proceso legal para abandonar el organismo judicial con sede en La Haya.
De acuerdo con el funcionario venezolano, la salida responde a la convicción de que la CPI ha aplicado la justicia internacional de manera desigual, concentrando sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos y actuando, según Caracas, con criterios políticos que afectan la soberanía de los Estados del denominado Sur Global.
"Por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127", escribió el canciller Félix Plasencia en su cuenta en X.
"Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger", enfatiza Plasencia.
Así, agrega el diplomático que este "patrón" revela una justicia internacional que, "lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía".
El Gobierno venezolano sostuvo además que la Corte ha sido utilizada como un instrumento de presión política y reiteró su compromiso con un sistema internacional de justicia que, a su juicio, respete la autodeterminación de los pueblos y trate a los Estados bajo criterios de igualdad jurídica.
No obstante, la decisión no implica una desvinculación inmediata. Conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma, la denuncia del tratado solo produce efectos un año después de que la notificación sea recibida por el secretario general de la ONU. Durante ese periodo, Venezuela mantiene las obligaciones adquiridas como Estado Parte.
Especialistas en derecho internacional recuerdan que la salida tampoco extingue automáticamente los procedimientos abiertos con anterioridad. La CPI mantiene desde hace varios años una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano, y ese expediente puede continuar pese a la retirada del país del tratado, siguiendo precedentes ya aplicados por la Corte en otros casos.
La decisión marca un nuevo episodio en el prolongado enfrentamiento entre Caracas y la Corte Penal Internacional, una relación que se ha deteriorado de forma progresiva desde la apertura de las investigaciones sobre Venezuela y que ahora entra en una nueva etapa con el inicio formal del proceso de retiro del Estatuto de Roma.