Usó Morena a Finabien para dispersar apoyos con fines electorales, afirma MCCI
Por redacción
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena utilizó la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar hasta 252 mil 901 pagos catalogados como "apoyos sociales" entre 2022 y 2024, mediante un contrato que no fue reportado al Instituto Nacional Electoral (INE), según documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con la investigación, el convenio fue firmado el 1 de junio de 2022 durante la dirigencia de Mario Delgado y permaneció vigente hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección presidencial. El acuerdo contemplaba la emisión de giros o remesas nacionales para la entrega de apoyos sociales, una actividad que expertos en materia electoral consideran ajena a las atribuciones legales de los partidos políticos.
MCCI revisó los informes de rendición de cuentas entregados por Morena al INE entre 2022 y 2024 y no encontró registro del contrato suscrito con Finabien. Tampoco identificó información sobre la partida presupuestal utilizada para financiar los apoyos ni el monto total destinado a esas transferencias.
Los documentos internos de Finabien indican que Morena pagó al menos 3.52 millones de pesos por concepto de comisiones para la dispersión de los recursos. La financiera cobraba 12 pesos más IVA por cada operación. El pago quedó documentado en tres facturas emitidas a favor del partido.
Sin embargo, una auditoría interna realizada en 2025 detectó inconsistencias en el cobro de esas comisiones. Aunque el contrato contemplaba 252 mil 901 giros, sólo se concretaron 140 mil 878 operaciones, por lo que Finabien reintegró a Morena alrededor de 1.6 millones de pesos correspondientes a servicios no utilizados.
El mismo informe de auditoría señala que el contrato fue denominado expresamente como un servicio para el "pago de apoyos sociales" y advierte que no se aplicaron protocolos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según el documento, desde enero de 2023 existían alertas internas para revisar el cumplimiento de las disposiciones antilavado, pero las observaciones no fueron atendidas.
Especialistas consultados por MCCI sostuvieron que la dispersión de apoyos sociales no forma parte de las funciones permitidas a los partidos políticos por la legislación electoral. Uno de ellos señaló que este tipo de esquemas podría utilizarse para pagos de estructura territorial o representantes de casilla, aunque advirtió que dichas operaciones deben reportarse a la autoridad electoral para efectos de fiscalización.
La investigación también destaca que durante el proceso electoral federal de 2024 Morena y sus aliados reportaron al INE cerca de 33 mil operaciones financieras, cifra muy inferior a las más de 250 mil transferencias contempladas en el contrato con Finabien.
MCCI afirmó que no encontró evidencia de que esos movimientos hayan sido incluidos en los informes de gastos presentados ante la autoridad electoral. Morena fue consultado sobre los hallazgos, pero no respondió al cierre de la publicación.
Información e imagen de MCCI