Una Historia para Compartir. Una sola nacionalidad para gobernar México. Por Saúl Monreal Ávila
En un Estado constitucional, los requisitos para ejercer las más altas responsabilidades públicas no son un asunto menor. La nacionalidad, particularmente cuando se trata de la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, está vinculada con la relación jurídica y política que una persona mantiene con el Estado.
Por ello, la propuesta de reforma para establecer condiciones específicas respecto de la doble nacionalidad merece analizarse desde la perspectiva de la soberanía, la seguridad jurídica y la claridad de las reglas electorales.
La iniciativa plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno deberán ser mexicanos por nacimiento y, si cuentan con otra nacionalidad, renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
La propuesta no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana en general; establece una condición específica para quienes pretendan ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales.
Desde una perspectiva jurídica, uno de los argumentos centrales es la necesidad de eliminar cualquier zona de incertidumbre, la legislación vigente contempla requisitos particulares para determinados cargos, pero la iniciativa parte de la necesidad de hacer explícita la condición de nacionalidad de quienes pretendan gobernar y evitar controversias posteriores sobre su elegibilidad.
El proyecto va incluso más allá del momento de la candidatura, pues plantea que quien ejerza el cargo no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos inherentes a una ciudadanía extranjera ni acogerse a la protección diplomática de otro país. La lógica jurídica consiste en establecer una relación de exclusividad respecto de quien ejerce la conducción del Estado mexicano.
Esto adquiere particular relevancia en un país cuya historia constitucional ha colocado la soberanía nacional como uno de los principios fundamentales de su organización política.
La transformación política impulsada por la actual administración ha reivindicado precisamente la autonomía del Estado mexicano frente a intereses externos. Bajo esa perspectiva, resulta comprensible que se pretenda que quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales tengan claramente definida su vinculación jurídica con México.
También es importante precisar que no se trata de cuestionar la pertenencia de millones de mexicanos que poseen doble nacionalidad ni de restringir sus derechos civiles por esa condición. La propuesta se dirige exclusivamente a quienes aspiren a ocupar las responsabilidades ejecutivas de mayor jerarquía.
El Congreso tendrá la responsabilidad de discutir sus alcances, su compatibilidad con el régimen constitucional de nacionalidad y derechos políticos, así como los mecanismos concretos para hacer efectiva la renuncia. Más que una discusión sobre personas concretas, el debate plantea una cuestión institucional: qué grado de exclusividad jurídica debe exigirse a quien aspire a representar y conducir al Estado mexicano.
La respuesta corresponderá al Poder Legislativo, pero la discusión, por su naturaleza constitucional, exige mirar más allá de coyunturas electorales y pensar en las reglas que deberán aplicarse a cualquier gobierno, independientemente de su partido o ideología.
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