Una Historia para Compartir. Juramos defender la Constitución, a la derecha le parece irrelevante. Por Saúl Monreal Ávila

A varias cosas se comprometen los políticos, nos comprometemos pues, cuando llegamos a un cargo, el quesea, pero en lenguaje nacionalista y patriótico, el más importante compromiso es con la defesa de nuestra carta magna, sin eso no somos nada como país, defender la Constitución no es una consigna retórica; es una obligación republicana, en un Estado democrático, la Constitución no sólo organiza el poder: lo limita, lo somete a reglas y lo obliga a actuar dentro de un marco de legalidad.

Por eso, cuando hablamos de soberanía, de justicia y de cooperación internacional, debemos hacerlo siempre desde la supremacía constitucional, de otra manera, pues no existiría ese documento fundacional en ningún estado país.

Algunos recordarán que hace apenas un año reformamos el artículo 40 de nuestra Constitución para dejar plenamente establecido algo que para México no admite ambigüedad: nuestro país no acepta intervenciones, intromisiones ni actos lesivos desde el extranjero contra su integridad, independencia y soberanía, esa reforma no fue decorativa ni simbólica. Fue una definición política y jurídica del Estado mexicano frente a cualquier intento de injerencia externa.

Pero debemos aclararle algo a la extraviada ideología de la derecha conservadora, ese principio no significa impunidad, significa legalidad, México no será jamás refugio de nadie que haya delinquido.

Quien haya cometido delitos y existan pruebas suficientes debe ser investigado, procesado y, en su caso, sancionado con todo el peso de la ley. No defenderemos a persona alguna sobre la que pesen pruebas acreditadas de responsabilidad penal.

Pero una cosa es combatir el delito y otra muy distinta renunciar al orden constitucional para satisfacer presiones, intereses o narrativas extranjeras, para queda bien con otros países y entregar la patria como lo quiere hacer el prian.

En relación con los señalamientos que Estados Unidos ha hecho sobre actores políticos de nuestro país, la posición debe ser firme y jurídicamente seria, toda acusación debe transitar por los cauces institucionales y no por filtraciones, campañas mediáticas o presiones diplomáticas.

Existen mecanismos legales para la cooperación entre Estados: asistencia jurídica mutua, intercambio de información, solicitudes de extradición, órdenes de captura con sustento judicial, aseguramientos y medidas cautelares.

Pero ninguno de esos instrumentos opera por consigna ni por voluntad unilateral de otro país. Todos exigen requisitos, pruebas, control judicial y respeto a la soberanía nacional.

Ese es el punto central, no se puede sustituir el debido proceso por el linchamiento político, el debido proceso no es una formalidad burocrática; es una garantía civilizatoria. Significa presunción de inocencia, derecho de defensa, juez competente, pruebas legalmente obtenidas, audiencia, contradicción y resolución fundada.

Significa que nadie puede ser privado de su libertad sin causa legal, sin sustento probatorio y sin resolución de autoridad competente. Y eso no sólo lo reconoce el derecho mexicano; lo sostiene también el derecho internacional de los derechos humanos, que constituye la arquitectura jurídica que protege libertades, limita abusos y civiliza el ejercicio del poder.

Defender la Constitución es defender esa frontera, ni impunidad para el delito, ni subordinación ante intereses extranjeros. Sí a la justicia. Sí a la cooperación, pero siempre con soberanía, legalidad y debido proceso. Esa es la posición de un Estado serio, esa es la dignidad constitucional de México y eso es algo que, por lo visto, los vendepatrias no conocen, no aceptan y no desean, quieren que predomine la ley del garrote, la ley mordaza, la subordinación y sobre todo, quieren entregar a México, pensando en que les va a ir bien a ellos, hablan por sus intereses.

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