Una Historia para Compartir. ICE: ¿Dónde están los migrantes? Por Saúl Monreal Ávila
Lo que sí significa es que su ubicación dejó de ser accesible mediante el mecanismo público que familiares y abogados utilizaban para localizarlas.
La falta verificable de registros públicos sobre la ubicación de miles de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), no puede tratarse como un asunto menor ni exclusivamente administrativo.
Cuando una persona se encuentra bajo custodia de una autoridad, sus familiares y sus representantes legales tienen derecho a saber dónde está, cuál es su situación jurídica y qué procedimiento enfrenta. Cuando esa información deja de estar disponible públicamente, se genera una incertidumbre que afecta directamente a las familias.
El problema tomó relevancia después de que ICE modificara, a partir del 15 de septiembre, su sistema público de localización de detenidos; desde entonces, miles de personas con órdenes definitivas de deportación dejaron de aparecer con información sobre el centro donde se encontraban.
Esto no significa que las autoridades estadounidenses hayan perdido el control o desconozcan físicamente dónde están esas personas. Lo que sí significa es que su ubicación dejó de ser accesible mediante el mecanismo público que familiares y abogados utilizaban para localizarlas.
Para una familia, no saber en qué centro se encuentra un padre, una madre, un hijo, un hermano o una pareja representa una angustia enorme. Para un abogado, desconocer dónde está su representado puede dificultar la comunicación, la preparación de una defensa y el seguimiento de un procedimiento migratorio. Para un gobierno, significa contar con mayores dificultades para garantizar asistencia consular a sus ciudadanos.
Por ello, el Estado mexicano debe asumir este asunto como una prioridad. México tiene no solamente el derecho, sino también la responsabilidad de solicitar información clara sobre los connacionales que permanecen detenidos por ICE y que todavía no han sido deportados.
Debe existir información suficiente para saber quién está detenido, dónde se encuentra, cuál es su situación jurídica y qué procedimiento se está siguiendo en cada caso. Las familias mexicanas no deberían tener que recorrer un laberinto burocrático para encontrar a un ser querido que se encuentra bajo custodia de una autoridad extranjera.
Esta exigencia no implica cuestionar el derecho de Estados Unidos a aplicar sus propias leyes migratorias. Cada país tiene facultades para establecer sus políticas y procedimientos; pero el ejercicio de esas facultades debe ser compatible con principios elementales de derechos humanos, debido proceso, comunicación familiar y asistencia consular.
Además, no debería ser una preocupación exclusiva de México. Todos los países cuyos ciudadanos se encuentran bajo custodia migratoria en Estados Unidos tienen razones para solicitar transparencia y mecanismos confiables de localización.
La condición migratoria de una persona no elimina su dignidad. Una orden de deportación tampoco convierte a alguien en invisible. Toda persona detenida debe poder ser localizada, debe tener acceso a asistencia legal y consular, debe poder comunicarse con sus familiares y debe recibir un trato digno, justo y humano.
Ese debe ser el punto de partida de cualquier política migratoria responsable: cumplir la ley, sí; pero sin perder de vista que detrás de cada expediente existe una persona, una familia y una historia de vida.
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