Una Historia para Compartir. El Plan “B” salió y salió bien. Por Saúl Monreal Ávila
En el contexto de una democracia en permanente evolución institucional, lo que llamamos el “Plan B” de la reforma electoral constituye un ejercicio muy exacto de racionalidad legislativa, disciplina política y viabilidad reformista, lejos de las narrativas catastrofistas y de mentiras, impulsadas por la oposición, lo ocurrido en el Senado de la República el pasado 26 de marzo de 2026 demuestra que cuando existe conducción política, claridad programática y compromiso con el interés público, las reformas avanzan, se perfeccionan y generan beneficios tangibles para la nación.
La votación en el pleno del Senado no sólo evidenció la fortaleza de la mayoría legislativa, sino también su capacidad de adaptación frente a un entorno político complejo, el dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor y 42 en contra, alcanzando los votos requeridos para su viabilidad parlamentaria, este dato no es menor, ya que nos confirma que, incluso en medio de diferencias legítimas al interior de la coalición, prevaleció la responsabilidad política para construir acuerdos y evitar la parálisis legislativa.
Es cierto que el proceso implicó algunos ajustes sustantivos como la eliminación de la propuesta de adelantar la revocación de mandato a 2027, derivada de posiciones al interior de la propia alianza legislativa, obligó a una reconfiguración del alcance de la reforma; sin embargo, lejos de representar una derrota, este hecho confirma la naturaleza deliberativa del Senado como órgano plural.
La reforma que finalmente se aprobó conserva elementos sustantivos que responden a una lógica de eficiencia institucional: reducción de regidurías, límites al gasto en congresos locales y establecimiento de topes salariales para funcionarios electorales.
Estos componentes no son menores. Forman parte de una arquitectura orientada a consolidar el principio de austeridad republicana, reducir la carga financiera del sistema político-electoral y reorientar recursos públicos hacia prioridades sociales. En términos técnicos, estamos ante un rediseño incremental del aparato electoral que privilegia la eficiencia del gasto sin comprometer la integridad de los procesos democráticos.
Frente a ello, la oposición ha optado, una vez más, por la estrategia estéril del estruendo mediático, los moralmente derrotados una y otra vez, no han presentado una sola alternativa estructurada que mejore el diseño institucional vigente; su participación en el debate se ha limitado al rechazo sistemático, al alarmismo discursivo y a la construcción de narrativas sin sustento técnico, para ellos lo mejor es convertir la política en espectáculo, muy corriente, por cierto.
Este contraste es revelador, mientras la mayoría legislativa construye, negocia y concreta, la oposición descalifica, obstruye y evade su responsabilidad, no proponen nada. La democracia no se fortalece con consignas vacías, sino con reformas viables, debatidas y aprobadas en el marco de la legalidad.
El “Plan B”, en consecuencia, no sólo salió adelante: salió bien porque logró lo esencial en política pública contemporánea, que es equilibrar principios con viabilidad, se avanzó en la reducción de privilegios, se fortalecieron mecanismos de control del gasto y se mantuvo intacta la operatividad del sistema electoral. En otras palabras, se hizo lo posible, pero también lo necesario.
Y frente a la persistente ceguera de quienes apuestan por la confrontación sin propuesta, queda claro que la ruta del país seguirá siendo la del trabajo legislativo serio, responsable y orientado al bienestar colectivo.
Porque cuando se gobierna con convicción y se legisla con responsabilidad, México avanza. Y esta reforma es prueba de ello.
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