Una Historia para Compartir. El PAN, Ernesto Ruffo y la hora de la congruencia. Por Saúl Monreal Ávila

La presunción de inocencia no significa inmunidad política ni impunidad

Durante estos ocho años, la oposición, los conservadores y la derecha mexicana convirtieron el combate al huachicol como una de sus principales banderas para cuestionar a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Desde tribunas legislativas, medios de comunicación a modo y redes sociales insistieron en que no existía voluntad para enfrentar el contrabando de combustibles y el llamado huachicol fiscal.

Hoy, sin embargo, cuando una investigación de la Fiscalía General de la República alcanza a una de las figuras más emblemáticas del panismo nacional, Ernesto Ruffo Appel, el discurso ha cambiado de manera tan abrupta como conveniente.

La detención y posterior vinculación a proceso del exgobernador de Baja California por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y otros ilícitos relacionados con el denominado huachicol fiscal no son producto de una ocurrencia política ni de una decisión improvisada.

De acuerdo con la propia Fiscalía, el caso deriva de una investigación que tomó más de un año, sustentada en inteligencia financiera, información aduanera, registros mercantiles y diversas diligencias ministeriales que fueron presentadas ante un juez federal.

Quienes hoy hablan de persecución política deberían explicar por qué antes exigían exactamente lo contrario: que el Estado actuara con firmeza contra cualquier persona involucrada en el saqueo de los recursos nacionales, la justicia no puede ser válida únicamente cuando alcanza a los adversarios políticos e ilegítima cuando toca a los propios.

Nadie puede ser declarado culpable antes de que exista una sentencia definitiva, y ese principio debe respetarse sin excepción, pero tampoco puede descalificarse una investigación judicial únicamente porque el imputado pertenece a un partido o grupo político determinado. La presunción de inocencia no significa inmunidad política ni impunidad.

Lo verdaderamente preocupante es observar cómo importantes voces del conservadurismo han optado por cerrar filas alrededor de Ernesto Ruffo, desviando la discusión hacia una supuesta victimización, en lugar de exigir que los hechos se esclarezcan plenamente. Si durante años reclamaron combatir el huachicol, lo congruente sería respaldar que las autoridades investiguen hasta las últimas consecuencias, sin importar nombres, trayectorias o militancias.

Nosotros sostenemos un principio que no admite matices: quien defraude al Estado mexicano debe responder ante la ley, ya sea evadir impuestos, desviar recursos públicos o afectar el patrimonio nacional. Lo mismo aplica para quienes atenten contra la soberanía nacional, promuevan injerencias extranjeras o colaboren con intereses que vulneren las instituciones de la República. La ley debe ser la misma para todos.

El caso de Ernesto Ruffo representa una prueba para nuestro sistema de justicia, pero también para la coherencia de la oposición. Si realmente creen en el Estado de Derecho, deberían permitir y exigir que las instituciones hagan su trabajo y que los tribunales resuelvan conforme a las pruebas.

Nosotros defendemos principios, y uno de ellos es que en México ya no debe existir una clase política con privilegios. Si alguien traicionó la confianza pública o dañó el patrimonio de la nación, deberá responder por sus actos, sea un militante de Morena, del PAN o de cualquier otra fuerza política. Esa es la diferencia entre un régimen de privilegios y un verdadero Estado de Derecho.

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