Una Historia para Compartir. El INE no debe estar bajo sospecha. Por Saúl Monreal Ávila

Sin embargo, hay instituciones cuya naturaleza exige un estándar todavía mayor de confianza pública.

En una democracia, la transparencia no puede ser una exigencia selectiva ni una bandera que se levante únicamente cuando las circunstancias favorecen a unos y perjudican a otros.

Quienes hemos acompañado un proyecto de transformación sabemos que la honestidad debe ser un principio irrenunciable, y por eso sostenemos con claridad que nunca hemos respaldado, ni respaldaremos hechos que supongan opacidad, corrupción o un uso indebido de los recursos públicos.

Pero también creemos en la justicia, en el debido proceso y en una regla fundamental: nadie debe ser juzgado a priori. En la vida pública, los señalamientos pueden multiplicarse, las versiones pueden utilizarse con fines políticos y las acusaciones pueden convertirse en instrumentos para dañar reputaciones, incluso cuando todavía no se presentan pruebas concluyentes. Por eso, toda denuncia debe investigarse con seriedad y toda responsabilidad debe acreditarse conforme a la ley.

Sin embargo, hay instituciones cuya naturaleza exige un estándar todavía mayor de confianza pública. El Instituto Nacional Electoral es una de ellas, su responsabilidad de organizar los comicios y garantizar condiciones de certeza, legalidad, imparcialidad e independencia obliga a que su actuación esté libre de cualquier sombra de corrupción.

En ese contexto, los señalamientos que hoy rodean a su presidenta, Guadalupe Taddei, deben esclarecerse hasta sus últimas consecuencias. No corresponde anticipar culpabilidades, pero tampoco minimizar la importancia de las dudas que se han planteado. La transparencia debe ser completa, las investigaciones deben avanzar y las autoridades competentes deben determinar si existen responsabilidades.

La consejera presidenta ha sostenido que no incurrió en irregularidades y que está dispuesta a colaborar con las revisiones correspondientes. Si hay inocencia, tiene derecho a demostrarlo y a defender su nombre, su trayectoria y su trabajo.

No obstante, consideramos que, dada la relevancia del cargo que ocupa y la trascendencia de la institución que encabeza, la mejor decisión sería separarse voluntariamente de la presidencia del INE mientras se esclarecen los hechos.

No hablamos de declararla culpable ni de sustituir las investigaciones por una decisión política. Hablamos de una determinación personal que permitiría enfrentar los cuestionamientos sin que la institución permanezca en el centro de una controversia que compromete su credibilidad.

Apartarse del cargo no equivale a reconocer responsabilidad alguna; puede ser, por el contrario, una forma de privilegiar el interés institucional por encima de cualquier posición personal.

También debemos evitar que asuntos privados y estrictamente personales sean utilizados de manera facciosa por la derecha y los sectores conservadores para construir acusaciones sin sustento. Las relaciones personales, por sí mismas, no acreditan delitos ni conflictos de interés. Lo que debe examinarse son los hechos, las decisiones y las pruebas, la misma exigencia de rigor debe aplicarse a todos, sin excepciones.

Nuestra posición es serena, pero firme: ni impunidad ni linchamientos políticos. Ni protección indebida ni condenas anticipadas. Queremos que se investigue y que se conozca la verdad.

El INE no puede estar bajo sospecha permanente. Por eso, consideramos que Guadalupe Taddei debería dar un paso al costado, enfrentar los señalamientos sin ostentar la presidencia y demostrar, ante las instancias correspondientes, que su actuación fue correcta.

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