Una Historia para Compartir. El elefante en la sala. Por Saúl Monreal Ávila
Y resulta inevitable preguntar: ¿nadie vio?, ¿nadie preguntó?, ¿nadie fiscalizó?, ¿nadie sospechó?
La retórica de la derecha está en aprietos, y es que no soporta el golpe de realidad que hoy les abofetea la cara. Hay preguntas que resultan incómodas precisamente porque nadie de ellos ni de sus voceros han querido formularlas; es más, tal parece que este tema no existe para el PRIAN y sus comparsas.
En Guanajuato hay una que debería estar sobre la mesa: ¿cómo pudo permanecer bajo la mirada de las autoridades estatales una infraestructura capaz de almacenar decenas de millones de litros de combustible sin que surgieran antes las alertas correspondientes?
El dato es monumental, en San José Iturbide fueron localizados más de 59 millones de litros de gasolina regular, Premium y diésel, almacenados en diez grandes contenedores, además de vehículos y documentación. La propia investigación federal ha sido cuidadosa: todavía se debe determinar el origen, propiedad, manejo y destino del combustible.
Pero justamente ahí aparece el elefante en la sala, a la vista de todos y específicamente de quienes dicen tener más interés desde hace años en que se persiga el llamado huachicol fiscal; durante décadas, Guanajuato ha sido gobernado por el PAN. Y resulta inevitable preguntar: ¿nadie vio?, ¿nadie preguntó?, ¿nadie fiscalizó?, ¿nadie sospechó?
No se trata de acusar sin pruebas a funcionarios concretos ni de afirmar que las autoridades estatales conocían la eventual ilegalidad del combustible. Eso deberá determinarlo una investigación, pero tampoco resulta razonable que la oposición nacional haya construido durante años un discurso según el cual el Gobierno Federal sería incapaz de combatir el huachicol y, cuando aparece un aseguramiento de dimensiones extraordinarias en territorio gobernado por el PAN, la discusión pretenda reducirse a señalar exclusivamente hacia Palacio Nacional.
La propia investigación muestra que el caso comenzó a partir de una detención relacionada con combustible cuya trazabilidad no pudo acreditarse, de ahí se siguieron diligencias que llevaron hasta el gigantesco depósito de San José Iturbide.
Entonces la pregunta cambia de dirección: si las autoridades federales pudieron llegar hasta ahí siguiendo una investigación, ¿qué hicieron durante todo ese tiempo las autoridades locales que tenían el territorio frente a sus ojos?
Y hay otro elemento que vuelve todavía más incómodo el asunto, la instalación tuvo antecedentes administrativos y autorizaciones municipales que se remontan a gobiernos anteriores.
La oposición suele preguntar: “¿dónde está el Gobierno Federal?”. Hoy habría que devolver la pregunta: ¿dónde estuvieron ustedes? Porque resulta demasiado sencillo mirar la paja en el ojo ajeno mientras se ignora una viga instalada en el propio patio.
Si finalmente se acredita que existió una red ilegal, deberán caer los responsables, sean quienes sean y pertenezcan al partido que pertenezcan. Y si el combustible resulta tener origen lícito, también deberá esclarecerse por qué un volumen semejante generó sospechas y terminó bajo aseguramiento federal.
Pero lo que ya no resulta sostenible es el doble discurso: exigir al Gobierno Federal resultados contra el huachicol mientras, cuando una investigación federal descubre un caso gigantesco en Guanajuato, ellos, los conservadores se hacen los occisos.
El elefante está en la sala, y esta vez, está en Guanajuato.
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