Una Historia para Compartir. Agua turbia, protestas y silencio mediático. Por Saúl Monreal Ávila

Imagínese que abre la llave de su cocina y, en lugar de agua limpia, transparente e inodora, comienza a salir un líquido turbio, apestoso, con apariencia de agua de caño, imagínese no poder bañarse con esa agua, ni lavar los trastes, mucho menos algo para la cocina y ni pensar en que sus hijos la beban. Eso no es una anécdota menor ni una molestia doméstica: es un grave problema de salud pública.

Esa es la preocupación que ha llevado a ciudadanos de Guadalajara y de su zona metropolitana a organizarse, manifestarse y exigir respuestas por la calidad del agua que llega a sus hogares.

Cuando el agua potable deja de ofrecer confianza, la inconformidad no solamente es comprensible, sino que constituye una exigencia legítima frente a las autoridades responsables de garantizar los servicios públicos.

Sin embargo, la discusión no termina en la tubería, también alcanza a la actuación de las autoridades ante las protestas y a las dudas que han surgido sobre las decisiones relacionadas con la gestión del agua.

En ese contexto, cualquier señalamiento sobre una posible privatización debe investigarse con documentos, contratos y decisiones verificables; pero las autoridades tienen la obligación de transparentar sus acuerdos y disipar las sospechas, no de pretender que las preguntas ciudadanas desaparezcan.

Porque cuando la población sale a la calle a exigir agua de calidad, la respuesta institucional debe ser información, soluciones y diálogo. Si, por el contrario, hay denuncias de abusos policiales, detenciones cuestionadas o procedimientos penales sin justificación alguna, el problema adquiere una dimensión inhumana, así de simple.

Y aquí aparece una pregunta incómoda para los grandes medios de comunicación nacionales: ¿Por qué no han reaccionado con la misma intensidad si las imágenes de policías reprimiendo manifestantes, las detenciones y las denuncias de abusos hubieran ocurrido bajo un gobierno de Morena?

La pregunta merece plantearse. Cuando un acontecimiento involucra a un gobierno morenista, determinados espacios informativos suelen convertirlo en una crisis nacional, multiplicar las exigencias políticas y colocar a sus protagonistas bajo un escrutinio permanente. ¿Se aplica esa misma intensidad cuando los cuestionamientos recaen sobre gobiernos de oposición?

No se trata de exigir que los medios ataquen a un partido ni de reclamar privilegios para otro; se trata de exigir congruencia, independencia y el mismo rigor periodístico frente a todos los gobernantes, y es que todos los abusos policiales son condenables gobierne quien gobierne.

Consideramos que el periodismo no puede ser implacable con unos y condescendiente con otros; instigar marchas lideradas a fin de cuentas por políticos impresentables, como el ejemplo de la marea rosa y otras.

El agua no pertenece a un partido, ni la dignidad ciudadana depende de colores políticos. Es un derecho fundamental y protestar para exigirla limpia no debería convertir a nadie en enemigo del Estado.

La pregunta final es sencilla: ¿quién vigila al poder cuando quienes deberían hacerlo parecen medir sus críticas con distinta vara? La ciudadanía merece agua limpia, justicia y medios que no seleccionen sus indignaciones según la filiación política del gobernante, porque el silencio selectivo también erosiona la confianza pública.

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