Un Punto de Vista Penal. Solo una opinión. Por Alberto Woolrich

La inmensa mayoría de los estudiosos y practicantes del derecho hemos
sido afines, desde tiempo inmemorial, no sólo a los acontecimientos
históricos más relevantes vinculados con la justicia, sino incluso a las
trepidantes vivencias de aquellos funcionarios del entorno de
procuración e impartición de justicia, algunos de los cuales por infortunio
incurrieron en degradantes actos de corrupción.

Por ello no debe de extrañar que, desde un punto de vista de nuestro
Derecho Positivo, nos opongamos rotundamente a la designación de
jueces electos por voto popular, ya que con ello median factores de
índole político o emocionales, que dan lugar a que esas togas traten de
congraciarse con el movimiento político que los postuló, lo que resulta
en justicia un menoscabo a la independencia.

Para la justicia ello resulta ser un inconveniente, además, de que una
vez que han sido elegidos por ese sufragio, juzgan a justiciables que
fueron o son partidarios o adversarios del movimiento político que los
condujo a ocupar ese sitial, lo que estropea la imparcialidad.

La experiencia nos ha llevado a afirmar que la Reforma Judicial de
Andrés Manuel López Obrador, ha dado como consecuencia que los
electos, cuenten con cualidades de simpatía, popularidad y falso
prestigio, el cual fue adquirido como adeptos al Movimiento de
Regeneración Nacional y no a una justa apreciación de sus virtudes
como togados.

A la contienda electoral para obtener ese voto, se han
presentado los aplaudidores de los movimientos políticos que los
postulan, incluso aquellos simpatizantes a la defensa de la narco-política,
lo cual compromete gravemente esa independencia y prestigio de las
togas que asumen esos cargos.

Esta opinión es innegociable.
Acerca de la intervención de todos los partidos políticos de la Nación en
las contiendas electorales de esos “letrados”, la presidencia de la
Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados, sostiene el
parecer que, para ser juez o magistrado de esa mal habida reforma, sólo
se requiere la patente para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho
y por desde luego tener amistad o relación con algún político influyente.

Para ello, los conocimientos salen sobrando.

Para esas togas “electas” no existe un procedimiento de selección a
través de pruebas que confirmen sus méritos y sus conocimientos y, que
esas pruebas sean realizadas por letrados calificados, selectos, con
experiencia y amplia solvencia moral e intelectual, que desatiendan las
influencias de la política y/o narcopolítica para conceder la toga a quien
verdaderamente la merece y que pueda desempeñar la difícil y augusta
misión de impartir justicia, sin incurrir en actos de corrupción.

Es cuanto

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