Un Punto de Vista Penal. Reacciones y crispaciones por un pedido de extradición. Por Alberto Woolrich
El segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación se encuentra
plagado de alarmas y temores. A la cabeza flota la inquietud y la zozobra
por aquél pedido de detención provisional con fines de extradición de
semejantes de Andrés Manuel López Obrador, los cuales son señalados
por los Estados Unidos de Norteamérica como delincuentes.
Las tensiones son muchas y muy notorias, especialmente las surgidas a
raíz de la entrega de dos cercanos colaboradores del Gobernador del
Estado de Sinaloa, quien también a su vez es requerido.
Además, la dureza y frecuencia de las acciones y manifestaciones del
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica con relación a ello, han
creado en la Primera Magistrada de la Nación una serie de reacciones y
crispaciones adicionales, proporcionando con ello a varios pensantes
motivaciones y contra argumentos por esa actitud de pretender
conceder impunidad a la narco-delincuencia-política.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro
de México, desde antes, ha venido sosteniendo que el Estado celebró
una alianza con las cúpulas del narcotráfico, ello con el objeto de
brindarles impunidad. Pacto que fue avalado por un importante
funcionario del neoliberalismo que en aquella época decía procurar
justicia; a cambio de las gananciales otorgaría “benevolencia” o
“pasividad” en cualquier indagación vinculada con la narco-política.
La realidad jurídica por la cual ha venido transitando México, a través de
varios sexenios, parecen abonar la existencia y efectividad de dicha
alianza. Esa unión entre delincuencia y política se mantiene
sustancialmente, aún en contra de lo que refiere el Código Penal Federal,
además de encontrarse matizada por las peculiaridades e intervenciones
del partido político denominado Movimiento de Regeneración Nacional.
Ahora se sabe que las cúpulas de narcotráfico impusieron a diversos
presidentes constitucionales de los Estados Unidos Mexicanos, así como
a todas las fuerzas parlamentarias y de procuración e impartición de
justicia; contra todo derecho y razón, la exclusión de los políticos
relacionados con la narco-delincuencia de toda investigación.
Los delitos de los narco-políticos, consisten todos ellos, en obtener
ganancias económicas, proteger y brindar impunidad a sus socios
delincuenciales, como si las leyes no existieran y nada tuviese que ver
nuestro Estado de Derecho.
Es cuánto.
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