Un Punto de Vista Penal. No hay transformación sin modificación. Por Alberto Woolrich

Es de desear que el segundo piso de la Cuarta Transformación de la
Nación, se convierta en un gobierno de iure y que nuestra Primera
Magistrada de la Nación se desenvuelva acorde con los principios
jurídicos y morales adheridas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

La transformación política que México requiere es una modificación a la
forma de pensar, actuar y gobernar de Andrés Manuel López Obrador y,
que esa innovación se lleve a cabo por medio de nuestro propio orden
jurídico, si ello no acontece así, se seguirá brindando impunidad a la
narcopolítica y, por consecuencia lógica jurídica expirará el ahora
nombrado segundo piso de esa transformación.

Andrés Manuel López Obrador no transformó el régimen de corrupción
del neoliberalismo; a contrario sensu lo incrementó, desconociendo de
propia y personal autoridad el orden institucional y/o constitucional,
entregando al País a la narco-delincuencia.

El problema de las gobernanzas del ex presidente y de la actual
Presidenta Constitucional, es un problema de facto et de iure, que se
relaciona en la actualidad, más que en ninguna otra gobernanza, a
problemas no sólo internos del Estado Mexicano, sino principalmente a
problemas que han repercutido en la esfera internacional.

Es muy sabido en derecho que cualquier problema de perturbación del
orden público, se convierte en una contienda de carácter ideológico
alrededor de diversas formas de pensar y gobernar, hoy,
lamentablemente, se mantiene en un proceso contradictorio para
exterminar la corrupción propiciada por esa narco-política a la que se le
pretende dar continuidad.

La gravedad de esa confronta de forma de pensar y gobernar, ofrece
una de las cuestiones más ásperamente consideradas por los políticos
que tienen voz en el ámbito internacional.

Para la abogacía independiente, nuestra Primera Magistrada es la
funcionaria de facto et de iure que debe de ocuparse en hacer valer el
Código Penal Federal y realizar aquellos actos de gobierno
convenientemente insertos en el Pacto Federal, toda vez que dicha
servidora posee la investidura legítima para ello y, en el momento que
haga valer su poder obrará conforme a la ley, finiquitando la ilegalidad
e impunidad de la narco-política que le fue heredada.

En el orden de legalidad que debe de prevalecer, sin nada que altere
ese orden jurídico, la Presidenta Constitucional recibirá de esas voces de
carácter internacional el reconocimiento de respeto a nuestro Estado de
Derecho.

Es cuánto.

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