Un Punto de Vista Penal. Disparate Jurídico. Por Alberto Woolrich
El derecho de una justicia limpia, digna y libre de la narcopolítica cobra
especial actualidad con motivo de la petición de detención provisional
con fines de extradición del ex gobernador del Estado de Sinaloa, un
devoto del pensar, actuar y mandatar de Andrés Manuel López Obrador;
él “mismo” que fue decretado “inocente” por Ernestina Godoy Ramos, y
quien gobernó muchos años en aquella Entidad Federativa con estilo de
forajido de la ley.
La Primera Magistrada de la Nación, que como se sabe es científica y no
jurista, denegó, desde su atril mañanero, las pretensiones del gobierno
de los Estados Unidos de Norteamérica, alegando según su decir y sentir
la falta de pruebas en contra de Rubén Rocha Moya; denotando con ello
también, una falta de conocimientos en procedimientos de extradición
para dar cumplimiento al fondo de la cuestión. Ella apeló a la Soberanía
Nacional para “proteger”, quizá sin querer, a un narco-político.
Aquél gran poeta romano Publio Virgilio Marón, una de las máximas
figuras de la literatura clásica y autor de la Eneida, decía: “sic itur ad
astra”, se refería, con ese decir, al camino adverso que debían seguir
los triunfadores. Por tal razón en este caso de pedido de detención
provisional, a la justicia se le ha impedido enfrentarse con valor al quid
del problema legal planteado.
Los juristas intelectuales y conscientes de los Estados Unidos Mexicanos
no pueden entender o comprender que se desconozca al “derecho
internacional” por ese problema de “detención provisional” y, que se
argumente imprudentemente una defensa a la Soberanía, pero no al
Derecho Legal.
Esas togas racionales no pueden vislumbrar el hecho que se pretenda
divorciar a la moral política y al Derecho y que sea una Fiscal General
de la República la que “absuelva” a la narcopolítica que le tocaba
investigar con probidad. Ex digito gigas decía Mateo sobre el peligro
de los falsos.
Es imposible que el segundo piso de la Cuarta Transformación de la
Nación, comprenda que por un lado va la Constitución de la República,
los tratados internacionales, como el de extradición y las leyes
secundarias y, por otro lado, pretendan darle un valor legal a la narco-
política, desconociendo con ello, el hecho de cumplir con las exigencias
del derecho internacional y del derecho penal.
La “absolución” decretada por la Fiscal General de la República ha sido
muy irrespetuosa de su misión constitucional. Podría haber elegido
mejor el camino de las conveniencias y punitivas contenidas en ese
pedido de “detención provisional”.
Pero no lo hizo. Ha querido procurar
una justicia selectiva que perjudica la dignidad de un País soberano.
Todo un disparate jurídico que sólo tiende a proteger a los amigos de
Andrés Manuel López Obrador.
Es cuánto.
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