Texto y Contexto. El regreso que Teziutlán no puede permitir. Por Pablo Reinah
En Teziutlán la memoria no es corta. Cuando se habla de que Edgar Antonio “Toño” Vázquez Hernández podría volver a la presidencia municipal, no se trata de un debate de simpatías o antipatías: se trata de lo que ya ocurrió cuando gobernó de 2014 a 2018.
La Auditoría Superior del Estado documentó irregularidades por alrededor de 169.4 millones de pesos en los ejercicios 2017 y 2018: obras reportadas como terminadas que no lo estaban, inconsistencias en inventarios y entrega-recepción, y venta irregular de vehículos oficiales.
El caso más concreto fue la rehabilitación del Cereso municipal: se firmó el acta de entrega-recepción como si la obra estuviera concluida cuando no lo estaba. Eso llevó a su detención en noviembre de 2022 por falsificación de documentos, junto con su entonces director de Obras.
En 2023 se llegó a un acuerdo de reparación del daño por 25 millones de pesos (efectivo y bienes), y salió en libertad. Es un dato importante: el asunto no se cerró con una absolución plena, sino con una reparación.
Poco después de dejar el cargo en 2018, constituyó Blue Gas y abrió gasolineras. El contraste entre el sueldo que recibía como alcalde y el crecimiento de esos negocios generó señalamientos de un enriquecimiento sospechoso.
Hoy Vázquez no es un outsider. Es delegado de la Secretaría de Desarrollo Rural en la microrregión de Teziutlán. Ha aparecido en eventos oficiales en esa calidad y, en 2024, publicó una fotografía con Armenta y Antonio Gali López vestidos de verde del PVEM, presentándolos como “mis amigos”.
Armenta, en su momento, llegó a deslindarse públicamente cuando Vázquez se presentaba como su representante. El PVEM, por su parte, rompió con él en 2026 y dijo que el ciclo estaba cerrado. También fue nombrado presidente del Concejo Municipal de Ayotoxco de Guerrero por el Congreso en 2024.
El riesgo principal no es abstracto. Es que se repitan patrones de obras incompletas o mal documentadas, de recursos que no se pueden rastrear con claridad y de una gestión en la que el control ciudadano resulta más difícil. En un municipio donde la gente ya pagó con sus impuestos las consecuencias de esas irregularidades, volver a confiar en la misma persona sin mecanismos de control más estrictos es apostar a que “esta vez será diferente”.
La solución no es solo decir “no”. Es exigir transparencia antes de que se defina cualquier candidatura: publicación clara de declaraciones patrimoniales, acceso real a la información de obras y contratos, y vigilancia ciudadana activa sobre el proceso.
Es preguntar a los partidos —incluido el que hoy lo tiene como delegado— por qué el historial documentado no pesa más que la lealtad política. Y es que los teziutecos, con la información en la mano, decidan si el precio de la experiencia de Vázquez vale la pena o si es hora de otras opciones que no arrastren ese expediente.
Teziutlán ya conoce el costo de las obras que se reportan y no se terminan, y de las cuentas que se aclaran con acuerdos después de la detención. La pregunta no es si se puede perdonar o no. Es si se quiere repetir. La memoria de la auditoría y del Cereso sigue ahí. Usarla no es venganza; es prevención.
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