Rubén Moreira plantea cerrar la puerta a la opacidad y reformar la ley General de Transparencia
Por redacción
El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, propone reformar la Ley General de Transparencia; busca impedir que conceptos amplios se utilicen para ocultar decisiones, contratos y recursos públicos
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, propuso reformar y derogar diversas disposiciones del artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objetivo de impedir que las autoridades puedan reservar información sin acreditar un daño concreto, legítimo y demostrable.
La iniciativa plantea que toda restricción al derecho de acceso a la información por razones de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional tenga no sólo una justificación formal, sino también un propósito genuino y un efecto verificable.
Moreira Valdez advirtió que la reserva de información debe ser una medida excepcional y no un mecanismo para sacar del escrutinio ciudadano decisiones, proyectos, contratos, recursos públicos o actuaciones gubernamentales mediante conceptos demasiado amplios.
“La transparencia es una condición indispensable para que la sociedad pueda conocer cómo se ejerce el poder público, cómo se utilizan los recursos y cuáles son los fundamentos de las decisiones de las autoridades”, sostiene el legislador priista en su propuesta.
El diputado dejó claro que su planteamiento no implica una apertura indiscriminada de información que pueda poner en riesgo investigaciones o procesos legales. La iniciativa mantiene la protección de datos cuya divulgación pueda comprometer investigaciones criminales, la prevención y persecución de delitos, expedientes judiciales y procedimientos administrativos cuya difusión pueda generar un daño al Estado.
Asimismo, Moreira propone conservar la protección de sectores considerados estratégicos o sensibles, entre ellos los ámbitos militar, nuclear, energético, satelital, tecnológico y de infraestructura estratégica, siempre que exista una razón legítima para impedir su divulgación.
Sin embargo, el coordinador parlamentario priista advirtió que esa protección no debe convertirse en una autorización automática para reservar documentos administrativos, presupuestales, contractuales o de planeación que por su naturaleza deben permanecer bajo escrutinio público.
El legislador destacó que el derecho de acceso a la información es utilizado de manera cotidiana por la sociedad para vigilar el desempeño de las instituciones públicas. Tan sólo durante 2024, recordó, se registraron más de un millón de solicitudes de información a nivel nacional.
“La transparencia no debe depender de la voluntad de los gobiernos en turno ni de la conveniencia coyuntural de una administración”, señala el documento presentado por Moreira Valdez.
Con la propuesta, el PRI busca establecer mayores candados para la clasificación de información y obligar a las autoridades a demostrar, con elementos objetivos, que la difusión de un documento puede provocar un daño real antes de impedir su consulta pública.