Razones. La tan temida injerencia extranjera. Por Jorge Fernández Menéndez
La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a la omnipresente “injerencia extranjera” la violencia e inseguridad en Sinaloa.
Me imagino, porque no lo dijo explícitamente, que se refería a la extracción de Ismael El Mayo Zambada hace dos años en la que aparentemente tuvieron participación agencias de Estados Unidos, el país donde está detenido y es procesado, el mismo al que el gobierno de Sheinbaum ha enviado a 92 narcotraficantes de alto nivel sin juicio de extradición para que allí pudieran ser juzgados. Es lo mismo que dijo López Obrador unos días antes de dejar Palacio Nacional: si no hubieran detenido a El Mayo, no habría violencia.
El desastre que vive hoy Sinaloa es producto de por lo menos cuatro décadas de impunidad, acrecentada en forma notable durante el gobierno de López Obrador y no reconocida por el de la presidenta Sheinbaum. No fue la injerencia extranjera la que llevó a que la elección de Rocha Moya en 2021 fuera financiada por dinero del huachicol y del narcotráfico en partes iguales ni tampoco que fue injerencia extranjera la que llevó en esos comicios a que fueran secuestrados todos los operadores electorales de la oposición.
Nada tuvo que ver la participación de fuerzas externas en que durante 40 años El Mayo Zambada no fuera tocado por la justicia, salvo en algunos operativos que hizo en su momento, en el gobierno de Fox, José Luis Santiago Vasconcelos. Mucho menos en que se impusiera la política de abrazos y no balazos que llevó media docena de veces a López Obrador a Badiraguato, a pedir que a El Chapo Guzmán le dijeran “señor Guzmán Loera” o que detuviera una caravana presidencial para poder saludar y darle sus respetos a la madre del principal narcotraficante del país.
¿Debemos olvidarnos de la creación del Cártel de Sinaloa en los 90 o de la guerra de éstos con sus exsocios los Beltrán Leyva y el cártel de Juárez iniciada hace más de 20 años, desde 2004? ¿O de la guerra de Sinaloa con Los Zetas?¿De la decisión presidencial de liberar a Ovidio Guzmán en el Culiacanazo?
¿O de los cuatro mil muertos y cinco mil desaparecidos en Sinaloa de los dos últimos años? ¿De las denuncias contra Rocha Moya, Inzunza y otros políticos y funcionarios acusados de narcotráfico?
¿De que dos de los acusados, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz se entregaron a la justicia de Estados Unidos y hoy son testigos protegidos, como lo son los hijos de El Chapo, como se han vuelto colaboradores de la justicia estadunidense desde el propio Mayo hasta todos los principales operadores del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos?¿Qué va a hacer el gobierno federal cuando toda esa información explote?¿Hablar de injerencia extranjera?¿Todo es culpa de los gringos?
Olvidan que en esto hay una responsabilidad fundamental: en Sinaloa, la FGR no ha avanzado en ninguna investigación en estos dos años, ni siquiera en la de la extracción de El Mayo o el asesinato de Héctor Melesio Cuén y en el montaje que realizó la propia fiscalía estatal. Mucho menos en las denuncias contra Rocha Moya y los otros acusados por Estados Unidos.
Como no avanzó la justicia en su momento contra El Mayo y sus hijos, contra Los Chapitos, contra alguno de los innumerables políticos que han sido colaboradores o cómplices del crimen organizado en esa entidad.
Yo no sé si alguna agencia estadunidense extrajo a El Mayo de México con colaboración de Joaquín Guzmán López. Sé que no había órdenes de detención en su contra y si las había estaban escondidas. Sé que desde hace dos años la FGR no ha avanzado en ninguna averiguación sustantiva, que Rocha, Inzunza y otros están en su casa o en el Senado sin ser molestados. Que cuando no hay justicia se imponen la impunidad, la inseguridad y la violencia.
Pero el fracaso de la FGR en todos los casos que llegan a sus manos trasciende Sinaloa, es evidente, es un dato duro.
No avanzan en Sinaloa, no avanzan en las investigaciones sobre políticos acusados de narcotráfico, no avanzan con Hernán Bermúdez, La Barredora y sus cómplices, no avanzan en el tráfico de combustible, pero detienen sin pruebas a Ernesto Ruffo; no llaman a declarar al almirante Rafael Ojeda ni a Adán Augusto López ni a Andy López Beltrán ni a Amílcar Olán, ni a ninguno de los acusados por casos de corrupción del sexenio pasado y de éste, porque muchos de esos delitos continúan. De 67 mil detenidos por delitos de alto impacto, al final, por distintas fallas procesales, sólo 37 mil están en prisión, muchos sin condena.
El último fiasco, el más reciente, es el de lo que llamaron “la mayor incautación de combustible ilegal de la historia”, anunciada la semana pasada. Pues bien, ahora sabemos que no era combustible ilegal, y que incluso buena parte de éste proviene de la empresa estadunidense Exxon; que la supuesta refinería clandestina es de una empresa legal y asentada desde hace años en el país, con todos sus papeles en regla, lo mismo que el combustible decomisado.
Todo resultó una farsa. Un desastre legal y reputacional. No es la injerencia extranjera, es la incompetencia de las autoridades.
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