Polonia profundiza su crisis constitucional: Tusk acusa a Nawrocki de atacar a los jueces y el presidente del Tribunal Supremo denuncia violaciones a la Constitución
El primer ministro Donald Tusk rompió el silencio con un discurso televisado en el que responsabilizó al presidente Karol Nawrocki y al partido conservador Ley y Justicia de los enfrentamientos en el Tribunal Constitucional. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, rechazó jurídicamente la suspensión de las autoridades del organismo y advirtió que el uso de la fuerza policial amenaza la independencia judicial. La confrontación mantiene a Polonia sumida en una crisis institucional de consecuencias imprevisibles.
La crisis constitucional que estalló el viernes 30 de octubre en Polonia entró este sábado en una nueva fase, después de que el primer ministro, Donald Tusk, pronunciara un mensaje a la nación para justificar las actuaciones de su gobierno en el Tribunal Constitucional y acusara al presidente Karol Nawrocki de respaldar acciones contrarias al Estado de derecho.
El enfrentamiento comenzó cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión temporal del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, asumiendo la dirección del organismo.
La decisión desencadenó protestas, un despliegue policial y la intervención personal del presidente Nawrocki, quien interrumpió su viaje oficial a Senegal, regresó a Varsovia y acudió durante la madrugada al edificio del tribunal, donde se produjeron empujones y discusiones con magistrados.
Mientras la Presidencia sostiene que se produjo una toma ilegal de una institución constitucional, el Gobierno asegura que sus actuaciones buscan restaurar la independencia judicial y permitir que los nuevos jueces elegidos por el Parlamento ejerzan sus funciones.
Los nuevos comunicados, contrastados con las publicaciones oficiales del Gobierno y la Presidencia polacos, muestran que las dos máximas autoridades del Ejecutivo mantienen posiciones abiertamente enfrentadas.
Tusk acusa a Nawrocki y al partido PiS de destruir el Estado de derecho
En un discurso televisado pronunciado este sábado 31 de octubre, ante las banderas de Polonia y la Unión Europea, Donald Tusk condenó los incidentes ocurridos en las instalaciones del Tribunal Constitucional y defendió la actuación de las fuerzas policiales.
El mandatario sostuvo que las manifestaciones y los enfrentamientos fueron protagonizados por políticos y activistas del partido conservador Ley y Justicia (PiS), así como por integrantes de Confederación, dos organizaciones de la derecha polaca.
Tusk afirmó que la intervención policial tuvo como objetivo proteger a los magistrados y evitar nuevos episodios de violencia.
También responsabilizó a los expresidentes Andrzej Duda y al actual mandatario Karol Nawrocki, junto con PiS, de contribuir al deterioro institucional de la justicia polaca.
El primer ministro explicó que su coalición había intentado reformar el Tribunal Constitucional mediante leyes y acuerdos parlamentarios, pero sostuvo que esas iniciativas habían sido bloqueadas por la Presidencia y la oposición conservadora.
Según su versión, el Parlamento eligió legalmente a nuevos magistrados, quienes no pudieron incorporarse plenamente al tribunal porque Nawrocki se negó a recibir sus juramentos y Święczkowski impidió que ejercieran sus funciones.
Tusk insistió en que la actuación del Gobierno pretende corregir esas irregularidades, no apropiarse políticamente del tribunal.
El texto íntegro del discurso fue publicado por la Cancillería del primer ministro en el portal oficial del Gobierno de Polonia, lo que permite confirmar su autenticidad.
Tusk compara la disputa con el robo del bolso de una anciana
Uno de los momentos más polémicos del discurso ocurrió cuando Donald Tusk utilizó una comparación para defender su negativa a negociar un compromiso que reconociera parcialmente las posiciones de sus adversarios.
El primer ministro planteó el ejemplo hipotético de un ladrón que arrebata el bolso a una anciana y, después de ser detenido, denuncia que están utilizando violencia contra él cuando intentan recuperar lo robado.
En esa situación imaginaria, criticó a quienes proponen que el ladrón y la víctima se repartan el contenido del bolso para alcanzar un acuerdo.
Con esa analogía, Tusk defendió que no puede existir una solución intermedia cuando, desde la perspectiva del Gobierno, se trata de restablecer una legalidad previamente vulnerada.
La comparación representa un endurecimiento de la posición del primer ministro y reduce las posibilidades de una negociación política inmediata con Nawrocki.
El Gobierno denuncia presunta intervención de bots rusos
En otra parte de su discurso, Donald Tusk vinculó a determinados sectores de la oposición conservadora con organizaciones y movimientos que, según afirmó, reciben simpatías de grupos prorrusos.
El jefe del Gobierno aseguró que esas fuerzas estarían beneficiándose de una campaña digital impulsada por bots rusos para amplificar las críticas contra su administración.
También afirmó que sus adversarios habían recibido elogios de un destacado ideólogo del Kremlin, aunque no identificó expresamente a esa persona en el pasaje citado.
Las declaraciones introducen una dimensión internacional en la confrontación política polaca, particularmente por las tensiones entre Rusia, la OTAN y los gobiernos europeos.
Sin embargo, la acusación sobre una operación coordinada de bots rusos debe tratarse como una afirmación de Tusk: el discurso oficial no aporta pruebas técnicas que permitan confirmar independientemente su alcance o responsables.
El presidente del Tribunal Supremo cuestiona la legalidad de las suspensiones
La crisis adquirió una dimensión judicial todavía más importante con el pronunciamiento de Zbigniew Kapiński, primer presidente del Tribunal Supremo polaco.
En un documento fechado el viernes 30 de octubre, Kapiński expresó su rechazo a las actuaciones realizadas contra la dirección del Tribunal Constitucional y cuestionó que una magistrada pudiera suspender unilateralmente a su presidente y vicepresidente.
Su comunicado se concentra en tres cuestiones: los límites de las competencias judiciales, la independencia de los órganos constitucionales y la utilización de fuerzas policiales en controversias institucionales.
El magistrado advirtió que las diferencias entre poderes públicos deben resolverse mediante los procedimientos legales establecidos y no a través de medidas coercitivas.
Además, recordó que los funcionarios y las instituciones estatales solo pueden ejercer las atribuciones expresamente reconocidas en la legislación.
El pronunciamiento respalda jurídicamente aspectos centrales de las objeciones formuladas por Nawrocki, aunque constituye una declaración institucional de Kapiński, no una sentencia del Tribunal Supremo que resuelva definitivamente la controversia.
Los artículos constitucionales que invoca Kapiński
En el documento difundido por el eurodiputado polaco Piotr Müller, el presidente del Tribunal Supremo fundamenta sus objeciones en tres artículos de la Constitución de Polonia.
ARTÍCULO 7
Principio de legalidad
Establece que los órganos del poder público deben actuar conforme a la ley y dentro de sus competencias.
ARTÍCULO 10
Separación y equilibrio de poderes
Dispone que el poder legislativo, ejecutivo y judicial deben mantener sus respectivas funciones y un equilibrio constitucional.
ARTÍCULO 173
Independencia judicial
Garantiza que los tribunales y órganos judiciales constituyen un poder separado e independiente de los demás.
Kapiński también analiza normas específicas de la organización judicial polaca.
Respecto del artículo 130, apartado 1, de la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios, sostiene que una disposición relativa a la suspensión de funciones judiciales no puede utilizarse automáticamente para separar a los máximos responsables del Tribunal Constitucional.
Asimismo, considera que los artículos 11 y 12 de la legislación sobre la organización del Tribunal Constitucional regulan situaciones de sustitución y continuidad administrativa, pero no autorizan a una magistrada a destituir o suspender unilateralmente a quienes ocupan legalmente la presidencia y vicepresidencia.
Esta interpretación contradice directamente la posición defendida por Anna Korwin-Piotrowska y por las autoridades gubernamentales que respaldan sus actuaciones.
La intervención policial, otro punto central de la controversia
Kapiński también cuestiona la utilización de la Policía en el conflicto.
Según su pronunciamiento, las fuerzas de seguridad tienen como función proteger a los ciudadanos y mantener el orden público, pero no deben convertirse en instrumentos de presión sobre los órganos judiciales.
El magistrado expresó especial preocupación por los informes que señalaban que el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Bartłomiej Sochański, había tenido dificultades para acceder al edificio donde desempeñaba sus funciones.
La postura del Gobierno es distinta.
Donald Tusk argumenta que la policía intervino para proteger a los jueces legalmente elegidos y evitar que grupos políticos impidieran el funcionamiento normal de la institución.
Por tanto, uno de los desacuerdos fundamentales consiste en determinar si la actuación policial constituyó una medida legítima de seguridad o una interferencia indebida en la independencia judicial.
Nawrocki insiste en que se vulneró el orden constitucional
Mientras el primer ministro defiende las medidas gubernamentales, la Presidencia mantiene su rechazo a las decisiones adoptadas en el Tribunal Constitucional.
En su declaración oficial del 31 de octubre, Nawrocki acusó a quienes asumieron la dirección del organismo de usurpar atribuciones y exigió que se retiraran las fuerzas de seguridad.
También informó que había consultado con Kapiński y convocó conversaciones urgentes con representantes parlamentarios.
El mandatario ha insistido en reconocer a Bartłomiej Sochański como vicepresidente legítimo del tribunal.
Su posición se ha convertido en el eje de las protestas de sectores conservadores, que consideran los acontecimientos una amenaza contra el sistema constitucional de Polonia.
Las conversaciones convocadas por la Presidencia tampoco han conseguido resolver la confrontación. Según Associated Press, Tusk no participó en las consultas convocadas por Nawrocki.